CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
Su impacto en el desarrollo democrático es profundo, aunque muchas veces silencioso. La corrupción y la impunidad erosionan las instituciones, distorsionan la competencia política, debilitan el Estado de derecho y frenan el crecimiento económico. Además, minan la confianza ciudadana en las autoridades y envían una señal peligrosa: violar la ley puede no tener costo.
Sin confianza, las instituciones pueden subsistir formalmente, pero pierden eficacia y credibilidad. Cuando los ciudadanos confían en la autoridad, disminuye la necesidad de coerción, se fortalece la participación cívica y se reduce el espacio para el autoritarismo. Se consolida, entonces, una convicción esencial: el poder político está limitado y sujeto a una vigilancia rigurosa.
En democracias como Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y Suiza —líderes mundiales por su baja percepción de la corrupción—, los poderes del Estado funcionan como contrapesos reales y la ley no es negociable ni selectiva; hay certeza jurídica. La cultura política favorece la vigilancia constante del poder y exige transparencia y rendición de cuentas al gobierno.
La clave en esos países desarrollados no es la ausencia de corrupción, sino la capacidad efectiva de detectarla, investigarla y sancionarla. No se trata de sociedades moralmente superiores; la diferencia no reside en la falta de tentaciones, sino en la solidez de sus instituciones democráticas, una ciudadanía exigente, una cultura cívica sólida y reglas claras que se cumplen.
En contraste, en naciones subdesarrolladas con regímenes populistas, como México, la aplicación de la ley suele ser selectiva y la impunidad es elevada, particularmente ante escándalos de corrupción política. Persisten presiones del poder sobre instituciones clave, mientras prevalece un entorno de desconfianza ciudadana, controles débiles y transparencia incompleta.
Combatir la corrupción exige contrapesos: tribunales independientes, prensa libre y órganos autónomos. En el populismo, en cambio, se les combate, pues se perciben como obstáculos para la “voluntad popular”. La prioridad es centralizar, personalizar y politizar el poder. No se busca eliminar la corrupción, sino redefinir quién es el corrupto. La narrativa contra la eficiencia.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional ubica a México en la posición 141 de 182 países. Le asigna una calificación de 27 puntos sobre 100, muy por debajo de los 89 de Dinamarca y los 88 de Finlandia. El informe evidencia la infiltración del crimen organizado en el gobierno, la impunidad institucional y el debilitamiento de los contrapesos.
En Yucatán, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del Inegi indica que la entidad figura entre las de mayor incremento en la percepción de corrupción. La confianza ciudadana en el gobierno de Joaquín Díaz Mena pasó de 61.5% en 2024 a 46% en 2025, un deterioro que se asocia al aumento de casos de corrupción en apenas un año y medio de gestión.
ESCÁNDALOS
Los gobiernos de la 4T hacen alarde de su lucha anticorrupción, pero los hechos los desmienten. A los impunes escándalos del “huachicol fiscal” —con desvíos estimados en $600,000 millones—, Segalmex y las opacas obras del Tren Maya, se suma esta semana la denuncia por el uso indebido de la Financiera del Bienestar para beneficiar a Morena en los comicios de 2024 (bit.ly/3QW9uQi).
Como ejemplo de cómo la corrupción y la impunidad impactan negativamente en el desarrollo económico sostenido, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) informa que 66 de cada 100 mexicanos no logran salir de la pobreza pese a tener empleo. Su Semáforo identifica a la informalidad laboral como un factor relevante que los mantiene “anclados en esa condición” (bit.ly/447r1s1).
A menor confianza en las instituciones, menor inversión. Cuando prevalecen la corrupción y la impunidad, los inversionistas perciben mayor riesgo, aumenta la incertidumbre jurídica, se reduce la inversión de largo plazo y se debilita el crecimiento económico. La corrupción encarece la formalidad, incentiva la informalidad y deriva en una economía menos productiva.
En la duodécima sesión de su Observatorio Ciudadano de Cumplimiento, el colectivo ¡Ya Basta! advirtió el martes 16 pasado sobre una serie de “argucias y recovecos” de las autoridades locales para evitar proporcionar la información que les solicitaron. Recordó que “la opacidad es ingrediente para el caldo de cultivo de la corrupción” y reiteró su exhortación a combatirla (bit.ly/3QE4gZg).
El colectivo denuncia que el gobierno estatal se niega a esclarecer posibles desviaciones en los proyectos del “Renacimiento Maya” y recuerda que la alcaldesa de Mérida recibió la ciudad “en medio de un caos”. Le pide aclarar el “cochinero” por un desfalco en Servilimpia, así como las presuntas irregularidades en el fondo de pensiones de los empleados municipales.
PRENSA LIBRE
La prensa libre exhibió el mismo martes 16 nuevos desvíos de una empresa protegida por el grupo que encabeza el inversionista Mario Millet Encalada, operador financiero de la campaña de Díaz Mena en 2024. Se evidenció que ADNDiferente —que solo en 2025 recibió más de $39 millones de la televisora estatal— fue favorecida con oscuros contratos vía asignación directa (bit.ly/4oNokoY).
¿Es irremediable el avance de la corrupción? ¿Por qué deberíamos preocuparnos frente a la propagación de este cáncer que parece no tener freno? ¿Podemos hacer algo al respecto? Cuando el poder se concentra, la transparencia se debilita y la sanción es selectiva, la corrupción deja de ser un fenómeno aislado para convertirse en un riesgo estructural difícil de eliminar.
La corrupción prospera donde nadie puede investigar con libertad. Por ello, los contrapesos sociales son indispensables. Sin periodismo independiente, sin organizaciones civiles de monitoreo y, en general, sin una sociedad alerta, la lucha se complica. Con vigilancia efectiva, en cambio, la corrupción deja de ser rentable y se convierte en un riesgo para quien la practica.
A menos de un año de las elecciones de 2027, nuestros gobernantes harían bien en tomar nota del voto de castigo que advierte el analista Luis Ramírez Carrillo ante la pérdida de confianza derivada de promesas incumplidas. Y los ciudadanos tendríamos que ser conscientes de que clientelismo y acarreo pueden diluir ese descontento. No lo perdamos de vista.— Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia
¿Cuál es el mensaje del escrito?
El mensaje central del escrito es una advertencia: la corrupción y la impunidad no son problemas aislados ni meramente éticos, sino factores estructurales que deterioran la democracia, frenan el desarrollo económico y debilitan la confianza ciudadana.
El texto sostiene que, cuando estas prácticas se normalizan —especialmente desde el poder—, las instituciones pierden eficacia, la justicia se vuelve selectiva y la participación cívica se reduce. Esto no solo afecta la vida pública, sino también las oportunidades económicas, al desalentar la inversión, fomentar la informalidad y limitar el progreso social.
En consecuencia, el escrito llama a no minimizar el problema y a reconocer la importancia de los contrapesos —prensa, sociedad civil y ciudadanía activa— como mecanismos indispensables para contener los abusos del poder. La idea de fondo es clara: sin vigilancia y exigencia social, la corrupción se consolida; con ellas, puede enfrentarse.