Durante muchos años las y los yucatecos sentimos que habíamos perdido una gran oportunidad. Cuando el gobierno federal decidió construir Cancún en aquella estrecha franja de arena del entonces territorio de Quintana Roo, y no en Celestún, quedó la impresión de que había despreciado a una costa que para nosotros era muy hermosa.
Cancún se convirtió en símbolo del éxito turístico. La costa yucateca permaneció al margen. Tardamos mucho tiempo en superar aquella especie de agravio colectivo. Sólo después descubrimos que la supuesta derrota también había preservado algo valioso.
Nuestra costa siguió otro camino.
Las vacaciones de verano desplazaban a miles de familias de Mérida hacia los puertos. Quienes tenían una pequeña casa en Chelem o Chuburná la abrían durante semanas para recibir a hijos, primos, sobrinos y amigos. Las hamacas podían colgarse hasta en tres niveles. Por la mañana se recogían y la casa recuperaba su espacio.
Niñas y niños dejábamos zapatos y ropa de escuela para vivir descalzos, en traje de baño, entrando y saliendo de las casas vecinas. Desde el interior del estado llegaban familias en transportes de carga habilitados para pasajeros. Con poco dinero, comida preparada en casa y muchas ganas de divertirse, eso bastaba para pasar el día frente al mar y regresar a dormir.
Había diferencias económicas. La costa al oriente de Progreso era la del “yo también”: “tengo barco; yo también”. “Esquío en mi lancha; yo también”. Chelem y Chuburná eran la costa del “yo tampoco”. Pero el mar seguía siendo el mismo.
La playa era nuestra.
No en el sentido de la propiedad, sino de la convivencia. Era uno de los pocos espacios donde las barreras sociales se atenuaban. El disfrute del litoral no dependía de pertenecer a un club, hospedarse en un hotel o pagar una cuota de acceso.
Los problemas, desde luego, ya existían. El suministro de agua potable y energía eléctrica debía responder a picos estacionales muy superiores a la capacidad instalada. Los municipios tenían que financiar servicios utilizados intensamente unas cuantas semanas al año. Los habitantes permanentes estaban limitados por la cercanía de la ciénaga y los manglares. Muchos rellenaban con basura y cascajo para levantar sus viviendas sobre cimientos frágiles.
Sin embargo, durante décadas se mantuvo una forma esencialmente yucateca de ocupar la costa.
Eso comenzó a cambiar con el crecimiento de Mérida, la llegada de residentes extranjeros que permanecen durante largas temporadas, la compra de predios y la multiplicación de desarrollos inmobiliarios. Después llegaron los edificios multifamiliares y una densificación que avanza mucho más rápido que la infraestructura de electricidad, agua potable, drenaje y disposición de residuos.
El conflicto por el proyecto “Las Dunas”, en Chuburná Puerto, ha hecho visible ese proceso.
No es el primer desarrollo polémico. Tampoco será el último. Lo novedoso es la formación de un frente común entre pescadores, habitantes permanentes, temporadistas y residentes extranjeros. Sus intereses no son idénticos, pero comparten la percepción de que puede desaparecer algo que ninguno podrá recuperar por separado.
Las autoridades han respondido como suelen hacerlo: revisar permisos, manifestaciones de impacto ambiental, cambios de uso de suelo, densidades autorizadas y situación jurídica del predio.
Es indispensable hacerlo, pero es insuficiente.
El destino de la costa de Yucatán se está decidiendo lote por lote.
Cada proyecto se presenta como un caso separado. Se informa cuántos departamentos tendrá, qué porcentaje del terreno conservará, qué permisos obtuvo, qué autoridad es competente y qué norma resulta aplicable. La discusión se llena de planos, siglas, expedientes y tecnicismos. Nos marean con información, pero no nos permiten ver el conjunto.
A fin de cuentas, pareciera que lo único importante para los gobiernos municipal, estatal y federal es determinar qué puede construirse en un predio específico. Incluso las herramientas de consulta terminan conduciendo hacia la misma pregunta: “¿quiere conocer los requisitos aplicables a determinado lote?”
Pero la costa no es la suma de lotes.
Es un sistema ambiental indivisible, un espacio social y un bien común. Lo que se autoriza en un predio afecta la demanda de servicios, la movilidad, el acuífero, la duna, la ciénaga, la pesca y la vida de las comunidades vecinas. Ciento treinta departamentos aquí, otras torres algunos kilómetros más adelante y un nuevo fraccionamiento tierra adentro pueden cumplir, cada uno por separado, determinadas exigencias. Juntos pueden transformar por completo el litoral.
Yucatán no carece de planes ni diagnósticos. Desde 2007 existe un Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero (Poetcy), actualizado después. En 2023 se expidió un nuevo ordenamiento estatal. Hay estudios sobre erosión, huracanes, manglares, dunas, protección civil y usos del suelo.
Tenemos información suficiente.
Lo que nunca hemos tenido es una conversación pública sobre el modelo de costa que queremos.
No se ha preguntado a la sociedad yucateca si desea competir, con 56 años de retraso, con el modelo de Cancún; si pretende llenar el litoral de torres y condominios; o si prefiere una vía distinta, capaz de conciliar inversión, comunidades pesqueras, turismo tradicional y acceso público a las playas.
Tampoco se ha explicado cuál es la capacidad real de carga de la franja comprendida entre Chuburná y San Crisanto. ¿Cuántos habitantes permanentes y temporales pueden sostener sus servicios? ¿Quién financiará la infraestructura? ¿Cómo se garantizará que la playa no termine fragmentada por accesos privados de hecho, aunque jurídicamente continúe siendo pública?
Tulum debería servirnos de advertencia. Durante años fue presentado como el paraíso alternativo al turismo masivo. La ambición terminó sofocando buena parte de aquello que le daba valor. Creció la oferta, aumentaron los precios y se multiplicaron las construcciones, pero se deterioró el destino.
Yucatán todavía puede elegir.
Nuestro mar no es turquesa. Es verde. No tenemos las grandes playas del Caribe ni padecemos, hasta ahora, sus invasiones de sargazo. Nuestro valor agregado está en otra parte: naturaleza frágil, cultura, tranquilidad, comunidades vivas y una relación histórica entre los yucatecos y su costa.
No se trata de rechazar inversiones ni de “congelar” el litoral. Se trata de decidir antes de que el mercado decida por todos.
“Las Dunas” puede cancelarse, modificarse o autorizarse. Después vendrá otro proyecto. Y luego otro. Si seguimos discutiendo cada uno de manera aislada, un día descubriremos que todos cumplieron algún requisito, pero que entre todos destruyeron la costa que creíamos proteger.
Durante medio siglo lamentamos no habernos convertido en Cancún. Hoy debemos preguntarnos si queremos terminar como Tulum.
La costa no puede seguir decidiéndose lote por lote. No es solamente economía ni territorio disponible. Es paisaje, memoria e identidad. Es un bien común. Las y los yucatecos tenemos la responsabilidad de hablar, demandar. Y las autoridades tienen la obligación de responder antes de que sea demasiado tarde.— Mérida, Yucatán
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán