Durante las últimas semanas hemos sido testigos de denuncias ciudadanas, manifestaciones y debates en torno al desarrollo denominado Las Dunas, en Chuburná Puerto, un proyecto inmobiliario que contempla la construcción de torres de departamentos sobre dunas costeras en los linderos de una zona protegida (la Reserva Estatal Ciénegas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán).
De acuerdo con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), el proyecto contempla 14 torres, 138 departamentos, aunque actualmente sólo se promueven en venta seis edificios con un total de 74 apartamentos. No hace falta ser especialista en conservación de recursos naturales para aventurar el impacto ambiental que un desarrollo como éste tiene en el entorno, las implicaciones en el uso público de las playas así como las repercusiones en la vida comunitaria.
El Estado, a través de los gobiernos en turno, nos falla a todos al evitar el desarrollo de proyectos que parecen obedecer a un solo esquema, un molde extractivista al que ya estamos habituados, pero que muy caro nos cuesta. No se orienta ni se inhibe la actividad inmobiliaria, considero, por diversos factores que van desde una falta de planeación, un concepto equivocado de desarrollo y, por supuesto, intereses políticos y económicos ligados a los empresarios.
En mis redes sociales manifesté mi desacuerdo con lo que a mi parecer es el perjuicio obvio del proyecto para el medio ambiente y el costo social para la comunidad, y declaré mi resentimiento político hacia Mauricio Vila y su administración por haber sido quien otorgó los permisos para realizarlo. Gracias al trabajo periodístico de Angel Noh Estrada publicado en las páginas del Diario, hoy sabemos que durante la administración de Vila se llevaron al cabo actualizaciones al Programa Estatal de ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Yucatán y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Progreso, y que fue el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), ya bajo la dirección de Irak Greene Marrufo en la presente administración, quien expidió en noviembre del 2024 —tan solo con un mes en el cargo— la Factibilidad Urbano Ambiental, paso clave para lograr un cambio en el dictamen de la Semarnat que en el 2023 había negado la autorización “por considerar que las obras se realizarían en una zona de vulnerabilidad”. No hay que olvidar que Greene Marrufo fue parte de la administración de Vila durante el tiempo que su hermano, Rommel Pacheco Marrufo, militó en el PAN antes de saltar a las filas de Morena en 2023.
Como lo señala la activista y abogada Carla Escoffié, los gobiernos han sido, durante décadas, empleados de las inmobiliarias, facilitadores de jugosos negocios de los que obtienen beneficios directos. El bien común es un concepto vago cuando se contrapone al beneficio de los políticos y sus allegados.
La administración pasada puede haber otorgado los permisos, pero hoy, el gobernador Díaz Mena, hombre oriundo de la costa, se lava las manos y transfiere a Semarnat y Profepa la responsabilidad del fallo sin emitir un posicionamiento claro en cuanto al asunto cuando ahora sabemos que los enjuagues se consumaron durante su gobierno.
Las altas esferas se solapan y se asocian para permitir proyectos escandalosamente caprichosos, como lo hicieran Morena y el PAN, a través de AMLO y Vila, con el Tren Maya, del cual se derivan algunos de los daños al ecosistema local más profundos y exhaustivamente documentados de toda la región. Alegando voluntad política, sus alianzas permitieron el devastador avance del proyecto y la realización de jugosos negocios para sus allegados.
Durante años se ha permitido el despojo y usufructo desinformado de tierras y la instalación de empresas nocivas —como por ejemplo las granjas porcícolas—, sin que la indignación alcance a todos los sectores sociales, algunos de los cuales prefieren permanecer ignorantes, sordos a los señalamientos de activistas, mudos ante la información existente y comprobable sobre los casos en cuestión.
¿Por qué algunos preferimos no saber, no indagar y no incomodar(nos)? Quizá nos aterra que alzar la voz nos cueste relaciones políticas, sociales y beneficios económicos. Yo misma me debato entre escribir estas líneas y guardar silencio ante la animadversión que mis palabras generarán entre mis conocidos y amigos empresarios, a quienes tengo en buena estima.
El caso —prominente y palpable— de Las Dunas en Chuburná es sin duda uno entre muchos, pero una oportunidad clara, perfecta para abrir la conversación sobre el rumbo que hemos tomado hacia el futuro, la clase política a la que solapamos y la ambición desmedida que no permite considerar más que el beneficio particular e inmediato, y que deja para después los problemas profundos que se generarán a mediano y largo plazo.
De estos problemas, como siempre, serán en principio “otros” —los menos favorecidos, los indefensos, la tierra, la flora y la fauna— quienes salgan perjudicados; aunque, finalmente, todos pagaremos las consecuencias.
Empresarios y autoridades tienen hoy la oportunidad de corregir el rumbo en lo referente a este caso en particular: reconfigurar el proyecto, buscar alternativas de menor impacto que intenten generar beneficio comunitario. ¿Tomaría tiempo y dinero? Sí, pero no todo lo que se hace debe perseguir un jugoso y exorbitante retorno de inversión a costa del bienestar social, la calidad de vida y la salud de nuestra naturaleza. — Mérida, Yucatán
Licenciada en Periodismo y maestra en Relaciones Públicas; exfuncionaria del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno del estado