México no exhibe una crisis de atracción de capital. El problema no reside en el volumen de los flujos, sino en su composición y en la capacidad de la economía mexicana para traducir condiciones externas favorables —el crecimiento sostenido de Estados Unidos, tasas de interés moderadas y el impulso de nearshoring— en formación de capital fijo e irreversible.
Seguir la inversión extranjera directa (IED) importa porque refleja la visión externa sobre el funcionamiento de la economía mexicana; al hacerlo, otros actores locales pueden sumarse y potenciar los círculos virtuosos de inversión, desarrollo y mejora del nivel de vida de los habitantes del país. La IED también trae consigo transferencia tecnológica, know-how e integración a cadenas globales de valor. Pero los inversionistas serios exigen un compromiso de largo plazo —seguridad en los derechos de propiedad, previsibilidad regulatoria, independencia judicial y corrupción bajo control— antes de comprometer capital en proyectos difíciles de revertir.
Con datos de Banxico, el INEGI y la Reserva Federal de Estados Unidos como contraste, es posible analizar la IED, su composición y cómo el deterioro institucional se asocia en forma robusta con una mayor reinversión de utilidades en detrimento relativo de inversiones de largo plazo.
La calidad institucional se mide con los indicadores que el Banco Mundial publica sobre México, donde destacan la calidad regulatoria, el estado de derecho y el control de la corrupción. El resultado del análisis muestra que, desde 2017, México registra retrocesos claros y sostenidos en estado de derecho y control de la corrupción, incluso si se excluye 2020 por el Covid-19. Hay un quiebre, una desconexión de las nuevas inversiones de largo plazo, especialmente notable en el último trimestre de 2021.
La implicación política es clara: hay que revertir la idea de mandar “al diablo las instituciones”. Fortalecer la certeza jurídica no es un objetivo abstracto, sino el determinante directo de la inversión productiva. Superar el hechizo de Calipso —esa trampa de estabilidad aparente que oculta el deterioro institucional— exige acciones claras. Esto requiere avances en transparencia, seguridad, infraestructura estratégica (energía y agua), educación e I+D. Más que acumular regulaciones, el énfasis debe estar en corregir el estado de derecho y el control de la corrupción como condiciones indispensables para crecer.
Asimismo, se necesita una medición econométrica continua de la IED casi en tiempo real, que permita a la ciudadanía colaborar, con transparencia, en la calibración de las políticas públicas en todos los órdenes de gobierno.
Candidato a Doctor en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable por la Universidad Anáhuac Mayab