CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
De nuevo la pregunta: ¿por qué tendríamos que creerles? Los hechos van en una dirección y las promesas en sentido contrario. Según los organismos verificadores SPIN-Taller de Comunicación Política y Verificado, durante los primeros años del obradorato alrededor de 40% de las afirmaciones verificables en las “mañaneras” —cien en promedio al día— fueron falsas o engañosas.
Aseguran que su prioridad es promover la transparencia y la pluralidad, pero predominan lo turbio y la discrecionalidad en el reparto de los presupuestos publicitarios del gobierno. Se favorece con descaro a medios de comunicación que alaban o encubren, como Televisa y La Jornada, y se “castiga” a los más críticos (bit.ly/3RAUEiM). No existen criterios claros y comprobables de asignación.
A menos de un año de las estratégicas elecciones intermedias de 2027, en medio de creciente crisis económica, retrocesos en encuestas de popularidad y fuertes cuestionamientos por los supuestos vínculos del régimen con el crimen organizado, deciden abrir un nuevo frente. El objetivo declarado: “garantizar que la población reciba información plural, transparente y veraz”.
¿Por qué precisamente ahora proponer un debate y distraer la atención de otros temas polémicos? ¿Qué es más importante para “el pueblo”? El obradorismo asegura que con su propuesta de “lineamientos” en favor de los “derechos de las audiencias” busca evitar que “publicidad encubierta, contenidos manipulados o información falsa” sean presentados como periodismo.
En los últimos días, la presidenta Claudia Sheinbaum y su corte de jilgueros a sueldo han insistido, en las “mañaneras” y en las “benditas” redes sociales, en que no buscan censurar contenidos. Reiteran que su objetivo es “proteger a las audiencias”, no controlar a los medios. Aseguran que el Estado no determinará qué información es “verdadera”. ¿Quién regulará entonces?
Los críticos de la propuesta cuestionan si la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es realmente autónoma del Poder Ejecutivo. Advierten que un regulador percibido como muy cercano al gobierno podría minar la confianza en la imparcialidad de sus decisiones. Cualquier facultad estatal sobre criterios editoriales, afirman, podría incentivar la censura o la autocensura.
Organismos como la Iglesia católica y Artículo 19 recuerdan que la “protección de las audiencias” no debe convertirse en un mecanismo para que una autoridad determine qué es “aceptable”. También advierten que el contexto político importa: las recientes reformas institucionales y el choque permanente del morenismo con la prensa crítica aumentan la desconfianza.
La Iglesia alerta además sobre la posible manipulación detrás de los “lineamientos” e insiste en que ninguna autoridad administrativa debe determinar la veracidad o aceptabilidad de las interpretaciones (bit.ly/4z2NbK0). Los obispos sostienen que la diversidad de posturas sobre un mismo hecho fortalece la democracia y propicia que cada ciudadano analice y se forme su propio criterio.
JUEZ Y PARTE
Juristas cuestionan que el gobierno pueda determinar qué es información, opinión o tratamiento noticioso, y aplicar sanciones según lo que decida (bit.ly/3Sim5hv). A falta de un organismo verdaderamente autónomo, esto convertiría al régimen en árbitro y limitaría la libertad de expresión. El impacto alcanzaría también al terreno electoral: “sin debate libre no hay elecciones libres”.
La experiencia del populismo autoritario indica que la democracia se debilita cuando se concentra en exceso el poder político, se descalifica sistemáticamente a los contrapesos institucionales o se erosionan derechos y libertades. En particular, los medios críticos suelen presentarse como “enemigos del pueblo” o representantes de “los intereses retrógrados de las oligarquías”.
Casos extremos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, tan admirados por el obradorismo, muestran adónde puede conducir ese camino. El patrón común en las tres autocracias es el control sobre lo que se publica en los medios, la estigmatización y el debilitamiento del periodismo crítico, las restricciones a la información pública y el exilio de periodistas.
¿Por qué creerles? ¿Por qué tendríamos que aceptar que el Estado debe proteger a las audiencias de los posibles excesos de la prensa libre? ¿Quién las protege de las demostradas manipulaciones del poder político? Sin duda, el riesgo mayor está en el abuso del poder estatal; la experiencia lo confirma. Un medio privado puede perder audiencia y prestigio si miente o manipula.
Los medios de comunicación privados expresan intereses particulares y compiten con otros similares. En cambio, el gobierno habla desde una posición de poder institucional. Mediante señalamientos, muchas veces dirigidos a desacreditar, puede afectar la reputación de personas y medios y generar un efecto inhibidor sobre la libertad de prensa, clave para la democracia.
Si el gobierno se convierte en el regulador, como se vislumbra con la propuesta de “lineamientos”, ¿quién vigilará al vigilante? Tendría que existir un sistema eficaz de controles que impida que la autoridad utilice su poder para manipular la información, como sucede en las “mañaneras” y, en general, en la narrativa oficial. Los recientes golpes a los contrapesos lo dificultan.
¿Qué busca realmente el obradorismo? Cuando el poder se concentra y destruye los equilibrios institucionales, la libertad de expresión y la prensa independiente suelen ser las siguientes víctimas. Los regímenes autoritarios —y el obradorato va en camino— restringen libertades para reducir el escrutinio y consolidarse en el poder. No lo olvidemos.— Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia
¿Cuál es el mensaje del texto?
El escrito advierte que, detrás de una propuesta presentada como defensa de los “derechos de las audiencias”, existe el riesgo de otorgar mayor capacidad de intervención sobre los medios a un gobierno que ha debilitado contrapesos institucionales, confrontado a la prensa crítica y utilizado su propia comunicación para manipular la narrativa pública.
Su argumento de fondo es que no puede equipararse el poder de un medio privado con el poder del Estado. Un medio que miente o manipula arriesga credibilidad, prestigio y audiencia; el Estado, además de comunicar, dispone de recursos públicos, instituciones, capacidad regulatoria y eventualmente sancionadora. Por eso, cuando el gobierno pretende proteger a los ciudadanos de los excesos de los medios, surge una pregunta anterior y más importante: ¿quién protege a los ciudadanos y a la prensa de los excesos del propio gobierno?
En última instancia, es una advertencia sobre la concentración del poder. El texto sostiene que el problema no son los derechos de las audiencias en sí mismos, sino quién los tutela, con qué facultades y bajo qué contrapesos. Su mensaje podría condensarse en una frase: cuando el poder político pretende convertirse también en árbitro de la información, lo fundamental es saber quién vigilará al árbitro.