He afirmado que las irregularidades en la adquisición de documentación y materiales electorales en el INE eran conocidas desde lustros atrás, si bien la corrupción no rebasaba los límites de la sospecha y se desconocían los milmillonarios montos que ahora se han desvelado.
Obviamente, las irregularidades eran conocidas por los consejeros electorales actuales y anteriores, entre ellos los que presidió Lorenzo Córdova Vianello, como lo ha admitido él mismo.
También las conocían otros funcionarios de alta jerarquía del INE, entre ellos el poderoso secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, quien estuvo casi 15 años en el cargo (IFE-INE) y no se sabe que haya hecho algo efectivo contra las anómalas contrataciones.
La institución que sí inició indagaciones sobre el suministro mencionado fue la Comisión Federal de Competencia (Cofece), que en julio de 2022 tuvo indicios de “conductas que podrían constituir prácticas monopólicas absolutas, como pueden ser la manipulación de precios, restricción de la oferta, segmentación de mercados entre competidores o coordinación de posturas en licitaciones”.
Como es evidente, esas conductas son semejantes a la serie de ilegalidades cometidas en la trama Taddei-hermanos Hernández Casillas, que han sido denunciadas por el INE, transitoriamente presidido por Blanca Cruz García.
Se ignoran los resultados de la importante investigación iniciada por la desaparecida Cofece y continuada por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA). Lo que sí se sabe es que las empresas de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas están en el centro de la indagatoria.
Por supuesto, resulta extraño y reprochable que ni la Cofece ni la CNA, encabezada por Andrea Marván Saltiel, hayan concluido las investigaciones iniciadas por Cofece en 2022 y que tampoco el INE haya adoptado acciones eficaces contra la serie de irregularidades y probables delitos que ahora se conocen.
Desde mi perspectiva, con los hechos conocidos hasta ahora, no se acredita que los anteriores consejeros y altos funcionarios comiciales incurrieran en actos de corrupción, pero tampoco es sensato rechazar la conveniencia de investigar la contratación y suministro de materiales electorales y otros productos y servicios de anteriores ejercicios presupuestales.
Hasta ahora, la única responsabilidad con apariencia de evidente de los hoy ex funcionarios del INE es la culpa invigilando.
Una investigación profunda y profesional en el INE debería incluir rubros costosos y complejos como las credenciales de elector, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el monitoreo de tiempos en radio y televisión.
Considerar cortina de humo a la investigación de ejercicios anteriores resulta explicable en la oposición, pero el contrargumento sería preguntarse si entonces deben indagarse los ilícitos de hoy, pero no los de ayer, sólo por razones de simpatías y militancias políticas.
Los días pasan y los diputados no han podido ponerse de acuerdo ni siquiera en la emisión de la convocatoria para elegir a la próxima presidenta del INE. Parecen no tener interés en actuar con responsabilidad y rapidez, para devolver la normalidad al Consejo General.
Aparte de integridad ética y antecedentes limpios, la quinteta de candidatas que llegue al pleno de la Cámara de Diputados debe poseer la experiencia suficiente para garantizar continuidad en los trabajos de los comicios de 2027, así como el carácter necesario para extinguir el andamiaje construido por la dupla del senador Adán Augusto López Hernández y el consejero Jorge Montaño Ventura.
Cabe preguntar si tiene sentido mantener a Montaño en la Comisión de Fiscalización y a uno de sus asesores como titular de la vital Unidad de Fiscalización
Los consejeros y su próxima presidenta deberán recordarle a la dupla y a todo quien intente entrometerse en las competencias y asuntos electorales que el INE no es territorio de colonización, sino baluarte de autonomía.
Por otra parte, los diputados no debieran preocuparse en exceso por la simpatía partidaria de las candidatas porque es indeseable la neutralidad absoluta (si ésta existiera). Lo que sí resulta exigible a consejeros y otros altos funcionarios del INE es la completa imparcialidad a la hora de aplicar la ley y tomar decisiones.
En busca de candidatas idóneas, los diputados y su futuro comité técnico deberían dirigir su mirada a las presidencias de los OPLes estatales porque ahí hay mujeres idóneas, firmes y eficaces. Las mejores de ellas se han fogueado, aparte de la experiencia electoral, en lidiar con gobernadores que casi siempre pretenden controlar los órganos comiciales estatales. Los OPLes constituyen una buena cantera.— Ciudad de México.
Periodista
En busca de candidatas idóneas, diputados y su futuro comité deberían dirigir su mirada a las presidencias de los OPLes estatales…