Hay deudas que se adquieren para financiar una inversión o construir un patrimonio; otras que se contraen por necesidad y algunas más que se asumen para sostener apariencias. La diferencia no radica únicamente en las razones que las originan, sino en las consecuencias que tendrán a largo plazo. Algunas pueden convertirse en oportunidades para construir un mejor futuro; otras, en cambio, terminan comprometiéndolo para financiar las ilusiones del presente.
En las finanzas personales, esta diferencia resulta relativamente sencilla de comprender. Cuando una familia recurre al crédito para adquirir una vivienda, comprar una herramienta de trabajo o financiar un negocio que le permitirá generar ingresos, existe una razón económica que puede justificar el endeudamiento. Sin embargo, cuando una familia pide prestado para cubrir los gastos de cada mes, pagar los servicios del hogar o mantener un nivel de vida por encima de sus posibilidades económicas, tarde o temprano se encontrará con dificultades para hacer frente a sus compromisos financieros.
Cuando se trata de las finanzas públicas, pareciera que olvidamos esta regla elemental. La deuda del país se anuncia en billones de pesos, se expresa en porcentajes del Producto Interno Bruto y se discute entre especialistas, pero para la mayoría de la población sigue siendo una cifra distante, a la que pocas veces se le da seguimiento y cuyo impacto en la economía y en la vida cotidiana no siempre se alcanza a dimensionar.
México tiene una historia de endeudamiento que atraviesa gobiernos de distintos partidos. Ningún presidente recibió un país sin compromisos financieros ni gobernó bajo condiciones económicas idénticas. Para comprender cómo ha evolucionado esta deuda y dimensionar lo que está ocurriendo actualmente, primero debemos conocer una cifra que aparece constantemente en los informes de la Secretaría de Hacienda: el Shrfsp, siglas de Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público.
El Shrfsp es el indicador más amplio que utiliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para medir la deuda pública del país. No considera únicamente los préstamos contratados por el gobierno federal, sino que integra las obligaciones financieras del sector público, incluyendo las de organismos y empresas públicas y otros componentes del sistema de financiamiento público. En términos sencillos, es una fotografía del endeudamiento acumulado de México. No refleja solamente los compromisos adquiridos por el presidente en turno, sino el conjunto de las obligaciones financieras que se han generado a lo largo de distintas administraciones y que el país todavía tiene pendientes de pagar.
Si revisamos esa fotografía a lo largo de los últimos gobiernos, encontramos una historia que merece ser contada con todas sus cifras. Al terminar el gobierno de Vicente Fox, en 2006, México tenía una deuda medida por el Shrfsp de aproximadamente 3.14 billones de pesos; al concluir Felipe Calderón, en 2012, ascendía a 5.89 billones; cuando Enrique Peña Nieto terminó su administración, en 2018, llegó a 10.55 billones. Andrés Manuel López Obrador recibió esos 10.55 billones de pesos y entregó el gobierno, al cierre de 2024, con aproximadamente 17.43 billones. Por su parte, Claudia Sheinbaum, quien inició su administración en octubre de 2024, llegó a septiembre de 2026 con un saldo de 19.55 billones de pesos, equivalente al 52.6% del PIB.
Un mayor peso
Las cifras permiten dimensionar el cambio. Entre 2018 y septiembre de 2026, el saldo de la deuda aumentó aproximadamente 9 billones de pesos, un crecimiento nominal cercano al 85%. Es importante aclarar que se trata de cifras en pesos corrientes, es decir, sin descontar el efecto de la inflación. En términos del PIB, la deuda pasó de representar el 43.6% del PIB en 2018 a representar el 52.6% en septiembre de 2026. Esto significa que no solamente aumentó el monto de las obligaciones financieras; también creció su peso en relación con el tamaño de la economía.
Pero la historia no termina ahí. Para diciembre de 2027, la Secretaría de Hacienda proyecta que el Shrfsp alcanzará los 21 billones 848 mil 700 millones de pesos, equivalentes al 55% del PIB. Si se cumple esta estimación, al comparar el cierre de 2018 con el cierre de 2027, México habrá incrementado su deuda en aproximadamente 11.3 billones de pesos, un crecimiento nominal cercano al 107%. En otras palabras, en nueve años el saldo de la deuda pública habrá superado el doble del que existía cuando Morena llegó al poder. No estamos hablando de una cifra menor ni de una diferencia que pueda explicarse únicamente por el paso del tiempo. Estamos hablando de una trayectoria que obliga a preguntarnos qué estamos financiando, qué resultados estamos obteniendo y qué capacidad económica estamos dejando para los años siguientes.
Para 2027, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla un gasto público total de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos. Sin embargo, los ingresos que el gobierno estima recaudar no serán suficientes para financiar la totalidad de ese gasto, por lo que se aprobó un déficit presupuestario de 1 billón 358 mil 558 millones de pesos, equivalente aproximadamente al 3.4% del PIB. En términos sencillos, el país seguirá necesitando endeudarse para cubrir una parte de sus compromisos de gasto, trasladando obligaciones financieras a los siguientes años.
Si los ingresos públicos no son suficientes para cubrir el gasto, ¿no deberíamos revisar con rigor cómo se están asignando los recursos y qué partidas pueden ajustarse antes de recurrir nuevamente al endeudamiento? La prioridad tendría que ser identificar aquellos gastos que se consumen en el corto plazo, pero que no generan beneficios económicos o sociales duraderos ni contribuyen a fortalecer la capacidad productiva del país.
Esta revisión debe incluir los programas de apoyos y becas que se otorgan de manera universal. Es necesario cuestionar si tiene sentido destinar recursos públicos sin distinguir entre quienes realmente necesitan el respaldo del Estado y quienes cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. La política social debe proteger a la población vulnerable, reducir desigualdades y generar oportunidades, no limitarse a distribuir recursos sin evaluar su impacto.
Lo mismo debe exigirse a los grandes proyectos de inversión, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Hay que conocer cuánto han costado, cuánto cuesta mantenerlos y, sobre todo, qué beneficios económicos y sociales están generando frente a los recursos que han absorbido. No basta con construir una obra, inaugurarla o anunciarla como un proyecto estratégico; es indispensable demostrar que su rentabilidad social y económica justifica la inversión.
Deberíamos tener muy claro que gobernar no es repartir el dinero que todavía no hemos producido. Gobernar es construir un país capaz de generar la riqueza necesaria para sostener su bienestar. Y eso es precisamente lo que los mexicanos deberíamos estar observando, exigiendo y defendiendo.— Mérida, Yucatán
marisol.cen@kookayfinanzas.com
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Profesora universitaria y consultora financiera