A las tres de la madrugada del martes 3 de noviembre, mientras Asunción dormía, el Banco Central del Paraguay (BCP, el regulador de todo el sistema financiero de ese país) publicó en redes sociales un comunicado de pocas líneas. Horas después, una estudiante de enfermería de veinte años abrió la aplicación de su banco para recargar su pasaje de autobús y encontró un solo mensaje: “No podemos mostrar el saldo. Intenta más tarde”. La escena, recogida por Bloomberg, se repitió en cerca de tres millones de teléfonos. Casi la mitad del país.
El banco se llamaba ueno, así, con minúscula. Nació como financiera digital en 2021, obtuvo licencia bancaria a finales de 2023, absorbió a Visión Banco en 2024 y se convirtió, en palabras de Reuters, en una de las historias de éxito financiero más visibles de Paraguay. Tenía cashback en el supermercado, su nombre en la camiseta de la selección de fútbol y más de un millón de personas que abrieron ahí su primera cuenta, según cifras del propio banco citadas por AP. El comunicado explicaba que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal “como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”. Se apagaron la app, las tarjetas y los cajeros. En pocos días la Fiscalía imputó a 27 personas, renunció el presidente del Banco Central y el Senado destituyó al presidente de la República, Santiago Peña, que hoy enfrenta un proceso penal y niega cualquier irregularidad.
Es preciso señalar que el caso está aún abierto. Buena parte de lo que se sabe proviene de la prensa, los tribunales no han resuelto nada y todos los señalados conservan la presunción de inocencia. No pretendo adelantar culpas. Lo que sí me parece posible, y útil, es mirar los hechos que ya nadie discute con los ojos de quien se dedica a la gobernanza. Hay preguntas que no necesitan sentencia para plantearse.
La primera salta a la vista antes de abrir cualquier expediente. Carlos Carvallo, quien presidía el BCP cuando cayó ueno, había encabezado ese mismo banco hasta agosto de 2023; poco después pasó a dirigir al organismo que debía vigilarlo. Peña, quien lo nombró, fue socio del grupo controlador hasta marzo de 2025, ya como presidente, y sostiene que vendió su participación. Los diputados citaron dos préstamos que Peña recibió de la entidad. Y mientras eso ocurría, el dinero público llegaba: al cierre de agosto de 2025 ueno ya era el primer receptor de fondos en dólares de las entidades estatales, con 24.5% del total, según la imputación fiscal.
Ninguno de esos cruces prueba por sí mismo un delito. Pero en gobierno corporativo no esperamos la prueba para gestionar un conflicto de interés; lo atendemos justamente porque sabemos lo que suele producir. El supervisor que viene del supervisado, el accionista con influencia sobre quien deposita, el gobernante que a la vez es deudor. Cualquier consejo medianamente serio habría pedido explicaciones.
Dentro del banco la pregunta es más incómoda. El crédito a empresas vinculadas con los dueños está en el centro de la investigación. En octubre, Bloomberg reportó que documentos filtrados, presuntamente del BCP, señalaban un exceso de préstamos a compañías del Grupo Vázquez, el accionista controlador. Lo revelador es quién lo detectó. De acuerdo con el informe que el propio Banco Central envió al Senado, fue la Superintendencia de Bancos la que encontró el exceso al cruzar sus datos, y el banco no lo había reportado. Lo notificaron el 5 de junio; diez días después ueno estaba dentro del límite, gracias a una venta de cartera que el mismo BCP dejó bajo sumario.
Me detengo ahí. En cualquier país, un banco tiene consejo, comité de riesgos, auditoría interna, auditor externo y oficial de cumplimiento. Todos existen, entre otras cosas, para que la primera alarma sobre un préstamo al dueño suene adentro. Con la información pública disponible no encuentro evidencia de que alguna de esas instancias levantara la mano. La levantó alguien de afuera. Y cuando un problema con partes relacionadas se corrige vendiendo cartera en diez días, cabe preguntarse si se resolvió el riesgo o solamente el indicador.
Hubo otras señales externas. A mediados de octubre, Fitch Ratings cambió a negativa la perspectiva de los bonos del banco por “el rápido crecimiento del balance y los elevados activos intangibles”, y esos títulos cayeron de 99 a unos 87 centavos por dólar, según Bloomberg. El exministro de Hacienda Dionisio Borda lo describió ante la AFP como una “muerte anunciada”. El mercado leyó lo que el gobierno interno del banco, al parecer, no quiso leer.
La segunda pista es la de las instituciones del propio país, y ahí el diagnóstico cambia. En Paraguay las alarmas sí sonaron. Fernando Rivarola, gerente de Supervisión del BCP, advirtió sobre las operaciones de ueno meses antes del colapso y fue apartado de su cargo por el Ejecutivo, según Europa Press. El Senado envió 31 preguntas al regulador en septiembre. En julio, el IPS (Instituto de Previsión Social, que administra las pensiones y la salud de la mayoría de los trabajadores paraguayos) tuvo que admitir ante su propio consejo que tenía en ueno más dinero del que la ley permite colocar en un solo banco. No faltaron alertas. Sin embargo, el informe del BCP al Senado concluyó en octubre que no había sanciones y, según el comunicado que el propio banco difundió, que ueno no estaba sujeto a ningún plan de regularización. El 29 de octubre la entidad avisó que no podía reponer unos 70 millones de dólares de su encaje legal, reportó Infobae. Cuatro días más tarde el regulador la cerró.
El costo de llegar tarde ya es visible, aunque el desenlace todavía no. En una semana el dólar pasó de 5,835 a 6,480 guaraníes, y los bonos paraguayos registraron algunas de las peores pérdidas entre los mercados emergentes. Una aplicación de transporte que operaba con ueno cerró y dejó sin trabajo a 3,000 conductores. Las entidades tenían en el banco entre 810 y 864 millones de dólares, según la estimación que se tome. Para el IPS, sus propios funcionarios han hablado de entre 345 y 355 millones, y otras fuentes llevan la cifra hasta 380. Ninguno de esos números es definitivo, y no lo será en meses.
Sería injusto no reconocer lo que funcionó. El directorio del BCP decidió por unanimidad. El fondo de garantía de depósitos, que cubre hasta 75 salarios mínimos por persona, alcanzaba según el Banco Central a 97% de los clientes, y en dos días ya había pagado total o parcialmente a 1.2 millones de ahorradores. El Congreso aceleró una ley para adelantar esos pagos. Y en un gesto que dice mucho, el Senado aprobó que Rivarola, el funcionario que había advertido, se incorporara al directorio del Banco Central. Las instituciones del país no evitaron la crisis, pero la contuvieron. Aun ahí hay una lección: los pagos podrían consumir cerca de 58% del fondo de garantía y no existen reglas claras para reponerlo.
Nada es exclusivo de Paraguay. Quienes vivimos 1994 en México recordamos el costo del rescate bancario. Aquella fue, ante todo, una crisis detonada por la balanza de pagos, como ha explicado la subgobernadora del Banco de México Galia Borja. Pero Rafael La Porta, Florencio López-de-Silanes y Guillermo Zamarripa, este último entonces en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, revisaron qué pasaba dentro de los bancos y publicaron sus hallazgos en 2003 en el Quarterly Journal of Economics. Encontraron que 20% del crédito comercial iba a partes relacionadas con los dueños, a tasas cuatro puntos más bajas, con 33% más probabilidad de impago y 30% menos recuperación cuando fallaba. Su conclusión fue que ese crédito no aprovechaba un mejor conocimiento del acreditado: era una forma de saqueo. Distinto detonador, mismo mecanismo.
Por eso el caso ueno no me parece una historia lejana para el empresario mexicano. Cambie usted banco por empresa familiar, Banco Central por consejo, y préstamo al grupo por esa cuenta por cobrar al hermano que nadie se atreve a cobrar. Institucionalizar no garantiza que una empresa sobreviva; romper la independencia y los controles suele garantizar que, tarde o temprano, otro decida por nosotros: el regulador, el fiscal, el acreedor o el mercado. La pregunta que dejo no es para Paraguay. ¿Quién, en su consejo, puede decirle que no al dueño? Y si existe, ¿lo dejan hablar?… y si habla ¿será convocado para la siguiente sesión de consejo?
Especialista en institucionalización
