Ante la crisis de agua potable que se vive en diversas regiones del país —escasez, contaminación, servicio deficiente, corrupción, etc.— surge el justo señalamiento hacia el actuar del gobierno federal y las instancias estatales en este rubro.

¿Qué grado de abandono al sistema de agua potable debe darse para que salga líquido con materia fecal de la llave? Esto ocurre en Jalisco. ¿Cómo es posible que millones de personas apenas tengan acceso al agua en Ciudad de México? Así ocurre, por ejemplo, en la demarcación de Iztapalapa. ¿Qué explica un rápido deterioro en el servicio público de agua potable? Lo denuncian miles de ciudadanos yucatecos.

La indolencia de algunas autoridades gubernamentales hacia el tema del agua puede deberse a tres motivos que, a continuación, buscaré desarrollar:

El primero se relaciona con el hecho de que las obras públicas en el sistema de agua potable son poco visibles. Por tanto, los gobiernos prefieren invertir en inaugurar puentes, carreteras o algún edificio público que es fácil observar para presumir el trabajo realizado.

Desde luego, estas obras son fundamentales, pero también lo es garantizar el derecho al agua. Sin embargo, la inversión en infraestructura de agua potable no es tan políticamente redituable, y mucho menos en el corto plazo. Entonces, un gobernante cínico podría preguntarse para qué invertir recursos en algo que no le ofrece beneficios electorales.

El segundo tiene que ver con el presupuesto limitado de cualquier gobierno y las prioridades con que dicho dinero público se ejerce. Si la falta de visibilidad hace que las administraciones no quieran invertir en ampliar la infraestructura de agua potable ante el crecimiento poblacional, la priorización de programas asistencialistas u obras públicas inútiles provoca que se hagan recortes a la inversión en mantenimiento para el funcionamiento del servicio.

En consecuencia, los recursos que debieran destinarse a mantener y restaurar la infraestructura de agua potable para satisfacer la demanda ciudadana desaparecen. La justificación es inyectar mayor presupuesto a apoyos económicos, aunque la ineptitud en su implementación vulnera otros derechos como educación, salud, energía eléctrica, agua potable y demás.

En la práctica vemos cómo se ofrecen programas sociales insuficientes, mientras se ponen en entredicho otros derechos —rezago educativo, falta de medicamentos, apagones y falta de agua en colonias—. Dicho de otro modo: apoyos sociales sí, pero sin afectar el pleno acceso a servicios públicos de calidad. No se trata de elegir entre lo uno o lo otro, un gobierno eficiente debería brindarles ambos a los ciudadanos.

Y ni hablar del derroche presupuestario en los llamados elefantes blancos o las obras faraónicas a sobrecosto que no alcanzan objetivos, sino que cuestan al erario millones en subsidios —como el Tren Maya—. ¿Así cómo habrá dinero para el sistema de agua potable y otros servicios básicos?

El tercero, y quizá el más perverso, es el de un posible plan con maña para privatizar el agua. Sabemos que existen intereses económicos que se alían con intereses políticos para lograr objetivos turbios. No sería la primera vez que grupos privados nacionales o extranjeros buscaran apropiarse del recurso vital del agua. Por supuesto, ello sería una amenaza para la soberanía —que tanto dice defender la 4T—. La Constitución y las leyes establecen que el agua es un bien perteneciente a todos los mexicanos.

Con el pretexto de que el gobierno no se da abasto para resolver el problema del agua, algún gobierno irresponsable podría ceder la soberanía de dicho recurso natural a entes privados.

No es lo mismo que subcontratar a empresas privadas para realizar tareas especializadas en la gestión del sistema de agua potable, lo cual es razonable, y hasta conveniente en muchos casos.

Lo grave e inaceptable sería entregar el agua, para su explotación de pleno uso y abuso, a intereses particulares.

¿Por qué es tan perjudicial que el agua esté enteramente en manos de privados? La respuesta es simple: la empresa privada tiene como fin el lucro, y de manera especial, las grandes corporaciones, buscan maximizar las utilidades. El modelo de libre mercado capitalista es funcional para otras actividades económicas, pero no para el manejo del recurso del agua.

La razón es que el acceso al agua potable es un derecho humano que el Estado debe garantizar. Delegar tal responsabilidad a entes privados sería ingenuo, pues seguramente priorizarán las ganancias del negocio, poniendo en riesgo aspectos cruciales como la eficiencia en el suministro en comunidades apartadas, la filtración para evitar enfermedades en la población, y costos asequibles para los ciudadanos cuando llegue el recibo por el servicio prestado.

Un gobierno que no es capaz de garantizar el derecho al agua es un gobierno incompetente que no debería contar con el respaldo ciudadano al ejercer el voto democrático. Si una administración no puede cumplir con algo tan básico, ¿cómo esperar que sea eficaz en atender los grandes desafíos que enfrenta un estado o un país?— Mérida, Yucatán

Licenciado en Derecho, maestro en Administración, doctor en Gobierno

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