“La vida y la salud, nunca pueden canjearse por otros beneficios de la sociedad”.— Claes Tingvall y Narelle Haworth, Visión Cero (Suecia)

Escribir esta columna después de los siniestros que enlutaron al menos a cuatro hogares de nuestra ciudad, es una responsabilidad que pesa sobre la conciencia. A las familias de las víctimas, nuestro más sentido pésame y nuestro respeto; por ellas, y por quienes aún transitan nuestras calles, damos paso a estas reflexiones.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en México establece límites de velocidad: 30 kph en calles secundarias, 50 kph en avenidas primarias y 80 kph en los carriles centrales de vías de acceso controlado, como los periféricos.

Sin embargo, estos límites federales conviven con reglamentos locales, como el de Yucatán, que permite 90 kph en los carriles central e izquierdo del Periférico de Mérida.

Independientemente del límite, la mayoría desconoce las reglas, y el flujo continuo de estas vías se convierte en un autódromo de libre acceso a toda hora.

La Organización Mundial de la Salud estima que 1.19 millones de personas mueren anualmente en las vías del mundo. Cada aumento del 1% en la velocidad media, incrementa el riesgo de una colisión mortal en un 4% y el de una grave en un 3%.

En México, el Inegi reportó en 2025 más de 380 mil accidentes en zonas urbanas y suburbanas, con 4,571 fallecidos y casi 87 mil lesionados, sin incluir las carreteras federales, en resumen, reducir la velocidad puede salvar vidas.

¿Por qué no se respeta?: porque incumplir sale barato. La prisa, el alcohol, el celular y el célebre “a mí no me pasa” hacen el resto; como vemos, un límite sin consecuencia deja de ser norma y se vuelve una “vacilada”.

Autoridad de utilería

El problema no es solo de quien conduce, sino de quien debe vigilarlo. Los radares y las cámaras, como los que “opera” la SSP en el Periférico de Mérida, solo disuaden cuando la sanción es cierta, visible y se aplica a todos; de lo contrario, ser multado se parece más a un golpe de suerte que a una consecuencia, y el cálculo del infractor resulta perfectamente racional.

A ello se suma un marco normativo desigual. La Ley General obliga a estados y municipios a armonizar sus reglamentos con topes homologados, pero esa distancia le regala al conductor una excusa: en el Periférico de Mérida, el reglamento estatal tolera 90 donde la Ley General marca 80.

Tener una ley moderna y un reglamento rezagado, es como portar un casco certificado colgado del manubrio: existe, pero no protege a nadie.

Una sanción ejemplar no es cruel, sino cierta, por lo que retirar la licencia a reincidentes, remolcar vehículos de carreras ilegales, imponer multas que afecten el bolsillo y aplicar consecuencias penales cuando hay víctimas: es coherencia con el valor de una vida.

Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre los 5 y los 29 años, según la OMS. En México, peatones y ciclistas representan casi el 20% de los fallecidos en el lugar de los hechos, según el Inegi.

Estas personas —sin carrocería, pero con familia— suelen ser las más vulnerables y quienes pagan lamentablemente la cuenta.

Mientras esperábamos

—Suecia. Adoptó en 1997 la Visión Cero: ninguna muerte ni lesión grave en el tránsito es éticamente aceptable, y la responsabilidad se comparte entre quien conduce y quien diseña el sistema vial.

—Noruega. Persigue cero muertes para 2050, pasó de 310 fallecidos en 2002 a 87 en 2024, según su oficina de estadística.

—España. Implantó en 2006 el permiso por puntos, junto con otras medidas: de 4,104 muertos ese año bajó a 1,785 en 2024, según la DGT.

—Francia. Lo adoptó en 1992, y pasó de 8,000 muertes en 1990 a 4,000 en 2006. Y una revisión sistemática de Cochrane halló que, cerca de los radares, los siniestros con muertos o heridos graves bajaron entre 11% y 44% en los estudios analizados.

Esos países resolvieron el asunto con reglas claras, tecnología, sanciones inevitables y datos públicos, no con sermones ni campañas de buenos modales. La seguridad vial se diseña.

Una vía hecha para correr y señalizada para frenar, está mal resuelta, y la ingeniería, mi propio oficio, tiene la obligación de decirlo.

Frenar con elegancia

Para empezar a revertir las cifras de siniestros reportados—que no siempre reflejan los que realmente ocurren—, debemos:

I. Armonizar el reglamento con la Ley General, con un solo límite claro por carril y sanciones proporcionales a la gravedad.

II. Ampliar y hacer visibles los radares del Periférico, con pantallas informativas, multas efectivas y destino transparente de lo recaudado.

III. Adoptar una licencia por puntos con suspensión progresiva, aplicable a automovilistas, motociclistas, ciclistas con motor y usuarios de patines.

IV. Exigir casco certificado y verificar su uso.

V. Emprender la reingeniería vial pendiente: señalización clara, cruces peatonales seguros y operativos permanentes.

VI. Publicar un tablero abierto de siniestros con ubicación, causas y sanciones aplicadas, porque lo que no se mide se lamenta, pero no se corrige, y

VII.Vincular la licencia con evaluaciones rigurosas y renovables.

Nada de esto es ocurrencia ni novedad: es aritmética elemental con voluntad política, y la única pregunta que admite no es si podemos frenar, sino cuántos hogares más aceptaremos enlutar antes de decidirnos a hacerlo.

Corolario:

“Sin sanción, el límite miente”.— Mérida, Yucatán

ingenieroalfonsogonzalez@gmail.com

@alfonsoengineer

Asesor del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles (WCCE)

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