El temor a afectar los resultados en la próximas elecciones del 1 de julio, han retrasado el proceso sobre del mayor escándalo de corrupción en América Latina, pues según personas que conocen el caso Odebrecht, de forma directa, el actual gobierno cuenta con las suficientes evidencias para presentar cargos contra algunos funcionarios vinculados, sin embargo se niega a hacerlo hasta después del proceso electoral.
El escándalo que se desató tras revelarse que la constructora brasileña Odebrecht otorgó cerca de 800 millones de dólares en sobornos a 12 países de América Latina, ha causado que varios funcionarios hayan sido arrestados e incluso alguno presidentes enjuiciados por este caso.
Sin embargo en México los procesos contra los presuntos involucrados se han estancado e incluso un fiscal ha sido despedido tras iniciar las investigaciones contra uno de los asesores cercanos del presidente Enrique Peña Nieto.
Tras esta destitución el caso ha tenido poco avances, de acuerdo con dos personas que han tenido acceso a los archivos del caso.
Según estos testimonios, la PGR cuenta con evidencias para presentar cargos contra los dos sospechosos, pero existen demasiadas presiones políticas para que el caso no avance.
La constructora Odebrecht, reconoció haber entregado 10.5 millones de dólares a funcionarios que trabajaban para PEMEX.
Tras la recopilación de evidencias presentadas por las autoridades de Brasil, el ahora ex procurador general , Raúl Cervantes, viajó a ese país, lo que fue interpretado por muchos como una señal de que escándalo no sería ignorado, pero nada sucedió.
Ninguno de los dos funcionarios han sido acusados por aceptar los sobornos y Raúl Cervantes, que renunció a la PGR en octubre pasado, dijo públicamente que la investigación sobre el caso está cerrada.
México aprobó una sanción administrativa en contra de la constructora Odebrecht, en la que se le prohíbe hacer negocios en este país por los próximos años. Con información de The New York Times