Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fueron acusados de lavado de dinero y de estar involucrados con el crimen organizado, por lo que en octubre de 2021, la Interpol emitió ficha roja para su captura.
A través de sus redes sociales, la exconductora de TV Azteca emitió varios comunicados declarándose completamente inocente y dando a entender que esto era una campaña de desprestigio en su contra, sin embargo, haría lo que fuera posible para desmentir a las autoridades.
Sin embargo, ahora un juez federal habría negado la orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y pidió que de nueva cuenta se estudiara su caso. Aquí los detalles.
Juez invalida orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont
Hace apenas unas horas se dio a conocer que un juez federal invalidó la orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont por presunta defraudación fiscal de más de 12 millones de pesos, pues carece de fundamentación jurídica, siendo la primera de dos que había en su contra, una emitida en octubre de 2021 y la otra en julio de 2022.
Fue Rosa Montaño Martínez, Juez Décimo Quinto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, quien concedió la protección de la justicia a la presentadora de televisión y ordenó al juez de la causa, volver a estudiar el caso de Inés Gómez Mont y decidir, si debe o no ser girada la orden de captura.
“El juez que ordenó la aprehensión de omiso en exponer argumento alguno del que se evidenciara el motivo por el cual estimó que con tales datos de prueba se infería, como lo dijo, la existencia del hecho considerado por la ley como delito de defraudación fiscal y que existía la probabilidad de que la quejosa lo cometió o participó en él”, se puede leer en el fallo.
La jueza argumentó que respecto a la orden de captura que se emitió el pasado 14 de octubre de 2021 por Alberto Torres Villanueva, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, viola el principio de legalidad.
“No basta con relacionar datos de prueba y después aseverar la inferencia que indicó sin dar explicación alguna de cómo llegó a esa conclusión, ya que el acto reclamado no contiene algún argumento del por qué se evidencia el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, ni con qué datos de prueba se justifica ello”, confirma
Rosa Montaño considera importante que el juez indique de qué manera los datos de prueba le permitieron deducir que existe el delito de defraudación fiscal y no afirmarlo sólo por que sí.
Sin embargo, la resolución no se cumplirá de inmediato pues la Fiscalía General de la República puede impugnarla mediante un recurso de revisión que deberá resolver un tribunal colegiado, el cual tardará algunos meses en dictar su veredicto.
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