MADRID (EFE).— La mayoría de las directrices mundiales sobre el uso ético de la inteligencia artificial (IA) atienden adecuadamente valores como la privacidad y la responsabilidad, pero no otros como la veracidad, la propiedad intelectual y los derechos de la infancia.
A esa conclusión llegó un equipo de investigadores de Brasil, que hizo una revisión de las directrices y publica las conclusiones en la revista “Patterns” del grupo Cell.
Los investigadores concluyen que la mayoría de las normas describen principios y valores éticos de forma genérica, sin proponer métodos prácticos para aplicarlos ni impulsar la regulación jurídicamente vinculante.
James William Santos, investigador de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, indica que establecer unas directrices éticas “claras” y unas estructuras de gobernanza para el despliegue de la IA en todo el mundo debe ser el primer paso para lograr la confianza, mitigar los riesgos y garantizar que los beneficios se distribuyan de una forma equitativa. El autor principal del trabajo, profesor Nicholas Kluge Corrêa, de la Pontificia y de la Universidad de Bonnha, observó que estudios anteriores se centraban predominantemente en documentos norteamericanos y europeos, lo que lo impulsó a analizar la perspectiva de regiones como Asia, América Latina y África.
Los autores hicieron una revisión de directrices políticas y éticas sobre la IA que se habían publicado entre 2014 y 2022 e identificaron 200 documentos relacionados con la ética y la gobernanza de la tecnología procedentes de 37 países, escritos o traducidos a cinco idiomas (inglés, portugués, francés, alemán y español).
Los materiales incluían recomendaciones, guías prácticas, marcos políticos y códigos de conducta.
Descubrieron que los principios más comunes en esos textos son la transparencia, la seguridad, la justicia, la privacidad y la responsabilidad, y los menos frecuentes son los derechos laborales, la veracidad, la propiedad intelectual y los derechos de los niños y adolescentes.
La mayoría de las directrices analizadas eran “normativas” —describían valores éticos que debían tenerse en cuenta durante el desarrollo y uso de la IA—, pero solamente el dos por ciento recomendaba métodos prácticos para la aplicación de la ética de la IA y únicamente el 4.5 por ciento proponía formas jurídicas de regulación de la herramienta.
Los investigadores también identificaron una disparidad de género en cuanto a la autoría, y aunque en el 66 por ciento de los documentos no contenía información sobre la autoría, entre los responsables del resto de textos había más nombres masculinos que femeninos (549 frente a 281).
Geográficamente, la mayoría de las directrices procedía de países de Europa Occidental y Norteamérica, y menos del 4.5 por ciento era originario de Sudamérica, África y Oceanía.
Según han plasmado los investigadores en la misma publicación, algunos de esos desequilibrios se pueden deber a limitaciones lingüísticas y de acceso público, pero también que muchas partes del mundo están infrarrepresentadas en el discurso global sobre la ética de la IA.
Y en ese sentido, los investigadores han subrayado la importancia de incorporar más voces y más regiones al debate sobre la aplicación ética de la IA, y de tender un puente entre los principios abstractos de la ética y el desarrollo práctico de sistemas y de aplicaciones basadas en la IA.