No podemos obligar a las personas; debemos dirigir su desarrollo —Henry Gantt
El asunto de las esculturas que instalará el Ayuntamiento de Mérida, como parte del programa Mérida Enchula, parece ser ya un hecho consumado (en griego, tetelestai) a pesar de las distintas voces críticas que se manifestaron al respecto.
Por lo que creo que es el momento de opinar sobre el proyecto de propuesta-autorización de la colocación de estos elementos artísticos, motivado por mi interés sobre los temas culturales que ocurren en nuestra ciudad, y abonando al modelo de gobierno llamado “gobernanza colaborativa” en el cual las decisiones no deben recaer solo en la administración pública.
Si bien es importante colocar esculturas en las ciudades, lo cual puede ser una buena decisión y hasta una buena política cultural, ya que transforman el espacio público en un escenario vivo que define la identidad, la memoria y la estética urbana, es necesario saber, por motivos de transparencia, quién o quiénes las propusieron y aprobaron, para no heredar un proceso inexistente que permita arbitrariedades que afecten al entorno arquitectónico de nuestra ciudad en un futuro.
La colocación de piezas artísticas en el espacio público no debe ser “al gusto”, sino que es necesario activar mecanismos legales, administrativos o de participación ciudadana ante las autoridades locales correspondientes. Sin entrar a valorar la calidad estética y la afectación al paisaje urbano que puedan tener, así como la trayectoria de los artistas que, en su caso, se incluyen, ya que, como mencioné en el párrafo anterior, estas ya fueron aprobadas: la “copia” de la Estela 18 de Uxmal Chac Chel, ubicada en el “remate” del Paseo de Montejo; Pájaro Thó, de Wílliam Gaber, ubicada en el Pasaje del Portal de Granos; El Nido, pieza del artista oaxaqueño Amador Montes, ubicada en el Callejón del Congreso; Ik Balam (Jaguar del Viento), de Juan Pablo Mier y Terán, y Amor, de Víctor Argáez, cuya ubicación está por definir. Lo único que falta por saber es quién las donó y quién aprobó su colocación.
En este sentido, y como he mencionado en un texto anterior, la responsabilidad de aprobar la instalación de monumentos y esculturas en espacios públicos (urbanos) de Ciudad de México recae en el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (Comaep), lo cual puede servir de modelo para la creación de un órgano colegiado que apoye la administración municipal de nuestra ciudad. Ello constituye una estrategia fundamental para garantizar una gestión democrática, transparente y técnicamente especializada de la cultura, ya que al democratizar las decisiones mediante organismos colegiados se evita el monopolio burocrático de las decisiones en la cultura.
Por lo tanto, creo que ese tipo de determinaciones no debe recaer tampoco en las dependencias encargadas en el tema de desarrollo urbano, ya que se convertirían en juez y parte, lo que afecta a la neutralidad de la decisión.
Estos comités, consejos o juntas agrupan a profesionales del sector para la toma de decisiones, lo que evita la concentración de poder en una sola persona y asegura que las políticas culturales respondan a las necesidades reales de la comunidad artística y de la ciudadanía.
No obstante, en Mérida existe el Consejo de Cronistas de la Ciudad, que funciona como un órgano consultivo y honorífico del Ayuntamiento encargado de investigar, documentar y difundir la memoria histórica, las tradiciones y la identidad cultural del municipio (pero que a falta de un cuerpo consultivo al respecto debió manifestarse).
Su tarea es fundamental y reúne a un grupo de personalidades con una gran trayectoria y conocimiento de la historia de nuestra ciudad; Consejo del cual, por cierto, solo una voz valiente y crítica opinó al respecto, lo que podría llevar a pensar que existe un silencio institucionalizado, o conveniente, o políticamente correcto o que reconocen su desconocimiento en materia cultural-artística.
La diferencia principal del Consejo de Cronistas y un comité de monumentos y obras artísticas en espacios públicos de la ciudad radica en que los cronistas rescatan y preservan la memoria histórica y cultural de forma narrativa, mientras que el segundo es un órgano interdisciplinario encargado de regular, evaluar y dictaminar físicamente los monumentos y obras de arte en el espacio público. La creación de estos cuerpos colegiados es una estrategia organizativa fundamental para descentralizar la toma de decisiones, garantizar la transparencia y aportar criterios técnicos especializados en la gestión cultural de nuestra ciudad. Estos cuerpos colegiados (comités, consejos o juntas de profesionales) actúan como puente entre la comunidad artística y las instituciones gubernamentales o privadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su implementación puede generar un fuerte debate entre la profesionalización administrativa y el riesgo de exclusión o control gubernamental de las expresiones creativas.
Estos deben diseñarse para evaluar la asignación de recursos y dictaminar qué proyectos pueden recibir financiación, becas o estímulos públicos, actuando como jurados independientes y reduciendo el favoritismo. Asimismo, apoyan el diseño de políticas públicas en materia cultural y, en ocasiones, funcionan como un organismo curatorial que valida, desde su relevancia artística y de forma técnica, qué piezas, monumentos o expresiones pueden integrarse en el patrimonio urbano, ya que la gratuidad en estos casos no es una realidad absoluta, ya que cada obra artística que se integra en el acervo de nuestra ciudad implicará inversiones futuras en conservación y restauración.
Por otra parte, la falta de autonomía en su labor abre la posibilidad de que este organismo colegiado adquiera facultades para emitir “opiniones técnicas-críticas”, ya que se usaría como filtro o control gubernamental. La restricción, modificación o prohibición de una obra de arte por parte de autoridades o grupos de poder que la consideran ofensiva, inmoral o peligrosa para sus intereses. Existe el riesgo de que se utilice la creación artística como propaganda política (por ejemplo, el Renacimiento de la Cultura Maya), es decir, el uso de expresiones visuales, plásticas o escénicas para influir en la opinión pública, legitimar el poder o difundir una ideología.
También existen otros modelos de organismos colegiados que pudieran ejercer de filtro para las propuestas de colocación de elementos “artísticos” en espacio públicos, como las curadurías urbanas, que ya son más que necesarias en nuestra ciudad. Se trata de un grupo de personas encargadas de revisar, rechazar o aprobar, mediante opiniones de carácter vinculante, diferentes tipos de licenciamiento relacionados con el ordenamiento territorial, el urbanismo y el paisaje. La curaduría urbana está integrada por un grupo interdisciplinario especializado (arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros topográficos, ingenieros catastrales, abogados y artistas) que realiza estudios y trámites para proponer la expedición de licencias de construcción y remodelación que afecten a la armonía del paisaje urbano.
La curaduría urbana es la gestión crítica y estética del espacio público para ordenar, seleccionar y dotar de significado a los elementos visuales que componen la ciudad. Es decir, busca la coherencia visual y el valor cultural, transformando el espacio público en una experiencia estética y artística.
Lo anterior es independiente a la aplicación de la legislación vigente, que establece que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) debe autorizar cualquier obra o restauración en monumentos históricos construidos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX (época virreinal y decimonónica), como templos, conventos, casonas antiguas y edificios civiles, así como inmuebles que, sin ser monumentos, se ubiquen en una zona de monumentos históricos declarada o que sean colindantes a un monumento histórico (como el llamado Callejón del Congreso o el Portal de Granos).
Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) debe autorizar las intervenciones en monumentos artísticos, es decir, edificios construidos a partir del siglo XX que posean un valor estético, tecnológico o arquitectónico relevante (por ejemplo, obras del Movimiento Moderno, Art Déco o de arquitectos destacados), así como propiedades colindantes.
Asimismo, mediante la celebración de un concurso en el que varios creadores presentan sus obras para que un grupo de jueces o expertos elija los mejores proyectos, apoya el prestigio de los autores seleccionados y ayuda a mejorar el currículum y la trayectoria del artista, no así este tipo de decisiones que no sabemos cómo se tomaron. Finalmente creo que hay que fomentar la cocreación, es decir, crear políticas públicas mediante el diálogo y el consenso para corresponsabilizar a la sociedad sobre los temas que le incumben como en este caso.
Crítico y curador.