WASHINGTON (EFE y AP).— Ayer, el presidente Donald Trump, recibió e hizo una primera revisión de un informe de la oposición demócrata acerca de las investigaciones sobre la posible injerencia rusa en los comicios presidenciales de 2016, pero la Casa Blanca no garantizó que vaya a publicarlo.
Trump tiene hasta el fin de semana para decidir si permite que salga a la luz la versión opositora del polémico informe elaborado por los republicanos que se hizo público la semana pasada, y que denunciaba supuestos abusos de poder en el FBI y el Departamento de Justicia en el contexto de la investigación sobre Rusia.
“El presidente ha visto el informe (demócrata). Se ha reunido hoy (ayer) con el vicefiscal general Rod Rosenstein para abordar algunas de las diferencias entre los dos memorandos”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en una conferencia de prensa.
La portavoz subrayó que la Casa Blanca sometería el informe demócrata al mismo proceso por el que pasó el republicano, antes de decidir si permite su publicación.
“El pueblo estadounidense puede esperar que este memorando pase exactamente por el mismo proceso que atravesó el republicano, que implicó una revisión desde una perspectiva legal y de seguridad nacional antes de tomar una decisión”, dijo.
“La otra vez no publicamos el informe antes de terminar el proceso de revisión, y tampoco lo haremos ahora”, agregó la portavoz.
El lunes pasado, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó unánimemente a favor de publicar el informe de los demócratas, y dio cinco días al presidente Trump para permitir o bloquear su divulgación.
El informe conservador, publicado la semana pasada, acusaba a varios funcionarios y exfuncionarios del FBI y el Departamento de Justicia de negligencia en la investigación sobre la trama rusa, y de ignorar el sesgo de una de sus fuentes a favor de los demócratas.
Uno de los funcionarios acusados en el informe es Rosenstein, con el que ayer se reunió Trump y al que sugirió la semana pasada que podría despedir, aunque más tarde la Casa Blanca descartó que hubiera planes para prescindir de él.
Los demócratas del Comité de Inteligencia denunciaron que el memorando republicano pretende socavar la investigación criminal del fiscal especial Robert Mueller sobre una posible coordinación entre Moscú y la campaña de Trump en las elecciones de 2016, e insistieron por eso en la publicación de su propia versión de los hechos.
Millonario pago
Por otro lado, un tribunal federal de apelaciones ratificó ayer un acuerdo que requiere que el presidente de Estados Unidos pague 25 millones de dólares para zanjar las demandas que acusaban de fraude a la extinta Universidad Trump.
El Tribunal de Apelaciones del 9no Circuito desestimó un intento de la estudiante Sherri Simpson de retirarse del acuerdo y entablar su propia demanda.
La acción habría frustrado el acuerdo para resolver las demandas, las cuales argumentaban que la universidad presionó a los estudiantes a gastar decenas de miles de dólares pero luego no cumplió con su promesa de enseñarles cómo ser exitosos en el sector de bienes raíces.
En un principio, Sherri Simpson no abandonó el acuerdo y afirmó que tenía el derecho de hacerlo antes de que fuera finalizado. Un panel de tres jueces del tribunal estuvo unánimemente en desacuerdo e indicó que ni una notificación a los estudiantes afectados ni el debido proceso, le daban una segunda oportunidad para optar por no participar.
El tribunal también señaló que el juez de distrito Gonzalo Curiel tenía toda la razón en aprobar el acuerdo.
“Ambos tipos de demandantes se habrían enfrentado a importantes obstáculos si hubieran procedido a juicio, incluida la dificultad de prevalecer en un juicio ante jurado, ya sea contra el presidente electo (si el juicio hubiera continuado como estaba programado) o contra el presidente en funciones”, escribió la jueza Jacqueline Nguyen para el panel.
Un abogado de Sherri Simpson remitió el comentario a otro abogado, quien no respondió de inmediato.
Las dos demandas colectivas y una demanda civil interpuesta por el fiscal estatal de Nueva York Eric Schneiderman persiguieron a Trump a lo largo de su campaña presidencial.
Trump avivó la controversia al insinuar en repetidas ocasiones que la ascendencia mexicana de Curiel lo había predispuesto contra él. El ahora mandatario prometió que no pactaría, pero luego de la elección dijo que no tenía tiempo para un juicio.
Bajo las condiciones del acuerdo, el presidente no reconoció haber cometido delito alguno.
Los abogados de los demandantes han dicho que unas 3,730 personas recuperarán al menos el 90% de su dinero con el acuerdo.