Protesta en Suiza en el marco de un evento de la ONU
GINEBRA.— En el marco del 47o. período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas —que se realiza en Ginebra del 21 de junio al 13 de julio—, ayer sábado se manifestaron en esa ciudad argelinos exiliados para denunciar detenciones arbitrarias, tortura y otros abusos que se cometen en su país.
De acuerdo con información de Amnistía Internacional, las autoridades de Argelia continúan deteniendo y enjuiciando a personas participantes en manifestaciones pacíficas, periodistas, activistas y otros ciudadanos y ciudadanas por ejercer su derecho de reunión pacífica y de expresión en relación con el movimiento multitudinario de protesta conocido como Hirak.
El gobierno introdujo cambios legislativos que restringieron aún más la libertad de expresión y de asociación al imponer severas sanciones penales por difundir “noticias falsas” y por recibir ciertos tipos de fondos extranjeros. Se aprobó una nueva Constitución que mejoró la protección de las mujeres, pero que imponía restricciones indebidas a derechos y libertades al condicionar el ejercicio de la libertad de expresión a valores religiosos y culturales.
Las autoridades impiden el funcionamiento de las iglesias cristianas y hostigaron a miembros de la comunidad religiosa ahmadí. También llevan al cabo expulsiones masivas y arbitrarias de migrantes. Continúa la discriminación de las mujeres en la ley y en la práctica, así como la violencia de género y los feminicidios.
Aún se penalizan las relaciones homosexuales consentidas. Además, el derecho a fundar sindicatos continúa restringido.
El movimiento pacífico de protesta Hirak, que comenzó en 2019 para reclamar un cambio político radical en Argelia, continuó a principios del año, aunque las protestas cesaron en marzo debido a las medidas impuestas por el Covid-19.
El país estuvo sometido a un confinamiento de ámbito nacional como respuesta al Covid-19 desde el 4 de abril hasta junio, cuando se suavizaron las medidas. En diciembre, el Sindicato Nacional de Profesionales de la Salud Pública informó de que al menos 139 profesionales sanitarios habían muerto como consecuencia del Covid-19.
En abril, el Parlamento aprobó la Ley de Prevención y Lucha contra la Discriminación y el Discurso de Odio, que preveía una pena de hasta 10 años de prisión para quienes la infringieran, si bien no abarcaba la discriminación basada en la religión, la sexualidad o la identidad de género.
En noviembre se aprobó por referéndum una nueva Constitución, aunque la participación fue muy baja debido a controversias sobre el proceso. La Constitución mejoró la forma de plasmar los derechos de las mujeres y los derechos sociales y económicos, pero mantuvo la pena de muerte y no cumplía las normas internacionales sobre la libertad de expresión y de reunión y la independencia judicial.
Las protestas del Hirak continuaron hasta marzo, cuando los manifestantes decidieron suspenderlas.
Gesto Liberación
En enero, las autoridades de Argelia pusieron en libertad a más de 70 manifestantes.
Más detenciones
Sin embargo, según el Comité Nacional para la Liberación de las Personas Detenidas, al finalizar el año al menos 93 personas —entre las que había periodistas, así como activistas de la sociedad civil y del ámbito político— continuaban recluidas por publicaciones en Internet o por participar en el movimiento Hirak. Las autoridades utilizaron el Covid-19 para justificar el aumento de las detenciones.