LISBOA, Portugal. (AP) — El Tribunal Supremo de España rechazó el jueves por segunda vez el pedido de un dirigente del movimiento independentista catalán para que pueda salir de prisión y que el Parlamento de Cataluña pueda elegirlo como líder.
El juez Pablo Llarena declaró en su fallo que aún existe el riesgo de que Jordi Sánchez, un destacado separatista, repita las infracciones que lo llevaron a la cárcel en Madrid.
Permanece detenido mientras la corte determina si organizó las protestas que impidieron actuar a las autoridades cuando intentaban detener un referendo separatista en octubre, que la justicia había declarado ilegal. El referendo provocó la crisis política más grave de las últimas décadas en España.
Los partidos independentistas catalanes han desafiado al gobierno de Madrid en los últimos seis meses con sus intentos de independizarse de España y crear un nuevo país. Sucesivos fallos judiciales han frustrado al intento porque la Constitución dice que España es “indivisible”.
Llarena comentó que el único argumento nuevo en la carta de Sánchez es el pedido de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de que España respete los derechos de los separatistas catalanes encarcelados. Pero señaló que la entidad internacional no hizo exigencia alguna específicamente dirigida al Tribunal Supremo de España.
Sánchez, elegido al Parlamento catalán en diciembre, esperaba asistir a una sesión el viernes en que la mayoría escasa de legisladores independentistas debatía su elección a la presidencia regional. La corte rechazó el pedido de libertad de Sánchez en marzo por la misma razón.
Cataluña, la región más rica de España, carece de gobierno autónomo desde las elecciones de diciembre convocadas por el gobierno central para tratar de poner fin al enfrentamiento con los separatistas.
Las autoridades españolas no han dado señal de retroceder en su ofensiva judicial contra los líderes independentistas, aunque con resultados mixtos.
Los fiscales solicitaron el jueves la prisión preventiva de una mujer considerada líder de los llamados Comités por la Defensa de la República, una organización de base que convoca a protestas. Grupos como éste han organizado bloqueos de rutas y trenes para exigir la independencia catalana.
El ministerio público alegó que sus acciones provocaron violencia en las calles y pidió a la Audiencia Nacional que la acuse de rebelión, pero el juez le imputó un cargo menor de disturbios y ordenó su libertad con instrucciones de comparecer semanalmente ante la corte.