EDIMBURGO, Reino Unido.- Una serie de documentos oficiales fueron presentados este viernes durante una audiencia en el Tribunal de Sesiones de Edimburgo, que evalúa si el primer ministro, el conservador Boris Johnson, podría ser multado o incluso ir a la cárcel en caso de forzar un “brexit” no negociado.
“Él (Johnson) enviará una carta en la forma estipulada según el calendario no después del 19 de octubre”, recoge el texto que ha sido divulgado por uno de los demandantes, el activista antibrexit Jolyon Maugham.
Lo que hace suponer que el Gobierno británico pedirá a la Unión Europea (UE) una extensión del plazo de salida previsto para el próximo 31 de octubre, si para el 19 de este mes no ha conseguido negociar un acuerdo de retirada.
Sin embargo, la oposición teme que Johnson guarde un “as bajo la manga” para evitar retrasar la fecha de partida haya o no pacto.
El caso, sobre el que el juez Lord Pentland se pronunciará el próximo lunes, está motivado por la demanda que han presentado la parlamentaria del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, el empresario Vince Dale y el representante de la asociación antibrexit “The Good Law Project” Jolyon Maugham.
Los demandantes temen que, pese a haber asegurado que se respetará la ley, el Gobierno busque algún subterfugio que le permita, al mismo tiempo que solicita la prórroga, evitar que esta se lleve a cabo y poder así forzar la retirada del club comunitario.
Una fuente de Downing Street, el despacho oficial del primer ministro, confirmó que el Gobierno cumplirá la norma, aunque reiteró que el “brexit” se producirá el 31 de octubre, como está previsto.
Acerca de la legislación, que se conoce como “Benn Act” por el diputado laborista Hilary Benn que la impulsó, dijo que “solo impone un deber específico muy estricto con respecto a la carta del Parlamento solicitando una extensión“, y su contenido, precisó, “puede ser interpretado de maneras diferentes.”
“Pero la ley no impide que el Gobierno haga otras cosas que no impliquen extensiones, incluidas otras comunicaciones, privadas y públicas“, sostuvo la citada fuente.
En declaraciones a los medios a la salida de la corte, Maugham afirmó que su “preocupación” y la de sus compañeros se basa en el hecho de que “no se puede confiar en este primer ministro.”
“Está haciendo declaraciones contradictorias y no confiamos en que hará lo que le ha dicho al tribunal. Por eso queremos que el tribunal dicte órdenes que lo obliguen a hacerlo y, si no lo hace, que afronte consecuencias legales en el ámbito personal“, señaló.
Además, el Tribunal de Sesiones celebrará otra vista el martes para determinar si la Justicia podría activar el mecanismo legal “nobile officium“, que solo existe en Escocia y contempla adoptar el papel del primer ministro para solicitar una extensión del “brexit” si, llegado el momento, Johnson se negase a hacerlo.
De darse esta situación sin precedentes, la carta sería firmada por el secretario del juzgado.
Es probable que en cualquiera de los escenarios la parte derrotada el martes recurra el fallo ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del Reino Unido, como ya pasó con el caso anterior sobre la suspensión del Parlamento.
Cherry y Maugham formaron parte también de la demanda que se dirimió en el Tribunal Supremo el pasado 24 de septiembre y que dejó sin efecto la polémica suspensión del Parlamento decretada por Johnson, al considerar que fue una decisión “ilegal.”