“La Constitución Yucateca de 1918 está más viva que nunca”, afirmó Pablo Vicente Monroy Gómez, magistrado del Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito.
El funcionario expresó lo anterior ayer tras dar a conocer al ganador del Premio Nacional de Ensayo sobre la Constitución Política de Yucatán, convocado por el Poder Judicial del Estado, del cual también fue jurado.
Esto forma parte de las actividades para conmemorar el 100 aniversario de la Carta Magna estatal.
El ensayo ganador fue “La evolución de la Constitución de 1918 y el Tribunal Constitucional como garantes del bienestar social” escrito por Luz Amparo García Aguilar, quien compitió bajo el seudónimo “Wayak”.
El presidente del jurado, Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz, develó que se determinó otorgar dos menciones honoríficas a Flavio Augusto Ayuso López, quien participó bajo el seudónimo “Johannes Fausto”, y a María Almendra Martínez Galván, con el seudónimo “Daniela”, por sus destacados trabajos.
De acuerdo con Monroy Gómez, una Constitución contiene principios que nos rigen, no puede contener reglas específicos para todos los temas que interesan a la sociedad, pero con base en éstos se pueden enfrentar los problemas actuales como la corrupción, la impunidad y la inseguridad.
“En cuanto a los principios sigue viva la Constitución de Yucatán”, aseguró.
Asimismo, recordó que la Carta Magna se ha modificado de acuerdo con las circunstancias históricas, con fundamentos que tuvieron una gran visión, los cuales perduran y le dan consistencia como norma fundamental.
Entonces, ¿se necesitaría modificarla, adecuarla a los tiempos actuales?, se le preguntó.
Lo que hace falta es que la cumplamos, respondió. Que los servidores públicos y la ciudadanía cumplamos con nuestras obligaciones para así disfrutar de nuestros derechos.
Luego afirmó que existen deficiencias. Hay deudas pendientes en materia de corrupción, impunidad y falta de transparencia. “Eso es lo que hay que corregir entre servidores públicos y ciudadanía”.
Para ello manifestó que cada parte debe tener claras sus obligaciones y estar pendientes de la labor pública, “si un servidor público no cumple, entonces que haya la denuncia y las consecuencias, al igual que con los ciudadanos”.
El premio de $50,000 se entregará a la ganadora el próximo 2 de febrero en la mesa panel “Principales reformas y cambios de paradigma desde la Constitución de 1918 a la actualidad” a realizarse en el Tribunal Superior de Justicia.— Abraham Bote Tun
El jurado calificador también lo conformaron el magistrado del Tribunal Superior, José Rubén Ruiz Ramírez, quien fungió como secretario técnico; la consejera de la Judicatura, Melba Angelina Méndez Fernández, y el catedrático de la Uady José Capetillo Trejo.
