El proceso que se siguió contra el doctor E.L.G., liberado del homicidio de su colega el psiquiatra Felipe de Jesús Triay Peniche, pasó por numerosos jueces y proyectistas de sentencia que de alguna manera “no se percataron” de la ausencia de pruebas contra él, como señaló la defensa.
Gracias al amparo concedido la semana pasada, como publicamos, el médico fue liberado de los cargos de homicidio calificado que le atribuyeron cometió en coparticipación con P.S.G.G., quien sigue en prisión y se espera que pronto solicite un juicio de garantías con base en la exoneración a su coacusado.
Tres magistrados federales pusieron “alto” a la “tortura de tres años cinco meses contra el doctor L.G.”, como indicó el litigante Juan Puerto Góngora.
En ese proceso las pruebas que aportaron la SSP y la Fiscalía General del Estado pasaron por numerosos jueces y proyectistas de sentencias que de alguna manera se habrían percatado de la ilegalidad, pero continuaron el proceso. Por ejemplo, en el Juzgado 2o. de Control se tomaron como buenas las pruebas contra el doctor L.G. y se le vinculó a proceso penal.
El Segundo Tribunal Oral —formado por los jueces María del Socorro Tamayo Aranda, Sergio Javier Marfil Gómez y Verónica de Jesús Burgos— desechó las pruebas contra el galeno L.G. y lo absolvió.
Aunque la parte acusadora insistió en que las pruebas son idóneas y el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia donde los magistrados Luis Felipe Esperón Villanueva, Ligia Cortés Ortega y Ricardo Ávila Heredia aplicaron un criterio distinto con base en una “duda razonable”: revocaron la libertad y ordenaron imponer sanción penal, la que sería de 35 años de cárcel, igual que a P.S.G.G.
Pero la defensa insistió en la inocencia y solicitó amparo antes de que el inculpado fuera aprehendido. Luego de poco más de un año en el que el caso se envió a otros tribunales del país y luego retornó, tres magistrados federales cambiaron el rumbo del proceso.
Jorge Edén-Wínter García (presidente), Luisa García Romero y Pablo Hernández Moreno coincidieron en que esas pruebas no debieron tomarse como buenas y, por lo tanto, indebidamente se revocó la libertad del doctor Lara González.— Rudesindo Ferráez García
La defensa ofreció al Diario los principales conceptos que emitieron los juzgadores federales al conceder el amparo y la indebida valoración de pruebas que hicieron los magistrados locales.
Dr. L.G./ Exonerado de todo cargo
Tres jueces federales coincidieron en que las pruebas no eran buenas.
Razones del amparo
La defensa ofreció al Diario los principales conceptos que emitieron los juzgadores federales al conceder el amparo y la indebida valoración de pruebas que hicieron los magistrados locales sobre las acusaciones al doctor E.L.G.
Sabían de la ilegalidad
De acuerdo con la defensa del médico psiquiatra, en el proceso que se le siguió las pruebas que aportaron la SSP y la Fiscalía General del Estado pasaron por numerosos jueces y proyectistas de sentencias que de alguna manera se habrían percatado de la ilegalidad, pero continuaron el proceso. Por ejemplo, en el Juzgado 2o. de Control se le vinculó a proceso penal.