Socios y líderes de 12 cámaras y asociaciones empresariales de Yucatán manifestaron ayer, con molestia, reproches y acusaciones contra el gobierno federal, su inconformidad por el encarecimiento de los energéticos y la inflación, que disminuyen el poder adquisitivo de la población.
Por medio del Centro Coordinador Empresarial, máximo organismo que agrupa al sector privado, los empresarios advierten que este inicio de 2018 es de incertidumbre para ellos y para la sociedad; cada día les resulta más complicado mantener sus negocios por el impacto de las alzas en la electricidad, gasolinas y gas doméstico, y ya no pueden absorber este alto costo como lo hicieron en 2017 para no afectar a la población.
Ante esta situación, demandan al gobierno federal cuatro puntos centrales y al gobierno del Estado le hicieron otros tres planteamientos.
Rostros serios, de enojo, tristeza, impotencia y preocupación reflejaron los 12 líderes empresariales durante la lectura del posicionamiento que leyó el presidente del CCE, Carlos Campos Achach, en la sala de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, en la avenida Fidel Velázquez.
El primer reproche que hizo el CCE yucateco fue que el gobierno federal no aprovechó de forma eficiente la bonanza petrolera y privilegió el factor político, porque los excedentes los repartió a los estados, que en su mayoría destinaron el dinero a gasto corriente, en lugar de modernizar las instalaciones petroleras e invertir en una mejor infraestructura de exploración.
Y esa ineficacia gubernamental, dijeron, se ve hoy: la producción petrolera ha caído en forma constante, no hay capacidad de refinación ni infraestructura para transportar los combustibles y esto ha ocasionado que se importe el 70 por ciento de la gasolina que se consume.
Otro reproche al gobierno federal fue su decisión de adelantar la liberación del mercado energético con la promesa de que bajarían los precios, pero esto no ha ocurrido. Y dicen que el gobierno engañó a la sociedad porque ahora con las alzas se ve que la medida traía consigo una doble intención no declarada: por un lado, el gobierno federal no estaba dispuesto a perder los ingresos del IEPS y de un enorme subsidio al consumidor pasó a una considerable fuente de recaudación. Y por el otro lado, esta política tiene carácter electoral porque el gobierno no quería que el profundo malestar social derivado de los incrementos tuviera un impacto negativo en el proceso de este año.
Adelantar la apertura ocasionó que proyectos necesarios como soporte para la importación, conducción, almacenaje y transportación de los energéticos por la iniciativa privada no estuvieran listos y eso ha provocado que Pemex sea el único proveedor.
También reprocharon que la Federación privilegie el gasto corriente en detrimento de la urgente inversión pública productiva y que la recaudación adicional de la reforma fiscal no se canalice a acciones que beneficien a la planta productiva del país y a la población.
“Ante este dispendio atestiguado, queda claro que hay mucho espacio para reducir gasto e impuestos, sin castigar el equilibrio financiero de las finanzas públicas”, asienta el texto.
Se quejaron del engaño de la CFE que sostiene que no habría incremento en sus tarifas, pero introdujo una modificación al método de cálculo y las condiciones de consumo final y eso ha generado mayor pago y es un factor que contribuye a la inflación y la depreciación del peso frente al dólar.
Piden al gobierno federal lo siguiente:
1) Realice un esfuerzo adicional para reducir su gasto corriente.
2) Disminuya los impuestos a los energéticos, en especial a las gasolinas.
3) Acelere los proyectos federales de infraestructura energética, particularmente aquellos que favorezcan al sureste mexicano.
4) Que la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda otorgue la homologación del costo de electricidad igual al del noroeste del país.
Al gobierno del estado le plantean estos tres puntos:
1) Acelerar el proceso de inversiones para la introducción de gas natural en cantidad y calidad suficiente para que las empresas y hogares yucatecos obtengan beneficios rápidos. Además, con ello la CFE podrá bajar sus tarifas al tener el insumo a bajo costo.
2) Facilitar los permisos de más de 22 proyectos de generación de energías alternas programados para Yucatán porque también disminuiría la tarifa eléctrica.
3) Que los incentivos del gobierno estatal se orienten para que los diversos productos yucatecos tengan mayor valor agregado, dejando así de ser proveedores de productos primarios del campo y del mar.— Joaquín Chan Caamal
Los líderes empresariales no aceptaron preguntas después de este posicionamiento, pero luego concedieron entrevistas en forma individual.
Por tanto, no respondieron qué harán si no les hacen caso por los gobiernos federal y estatal.
Asistieron los presidentes y representantes de la Coparmex, Canacome, Canirac, Canadevi, CMIC, Index, Canainve, Canapat, Asociación de Hoteles, IMEF, Asociación de Agentes Aduanales y Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Ammeyuc).
El CCE Reproches
Otros reproches que hizo al gobierno federal el Consejo Coordinador Empresarial.
Gasto corriente
Que privilegie el gasto corriente en detrimento de la urgente inversión pública productiva y que la recaudación adicional de la reforma fiscal no se canalice a acciones que beneficien a la planta productiva del país y a la población.
Engaño
Se quejaron del engaño de la CFE que sostiene que no habría incremento en sus tarifas, pero introdujo una modificación al método de cálculo y las condiciones de consumo final y eso ha generado mayor pago y es un factor que contribuye a la inflación y la depreciación del peso frente al dólar.
Agrupaciones
Asistieron los presidentes y representantes de la Coparmex, Canacome, Canirac, Canadevi, CMIC, Index, Canainve, Canapat, Asociación de Hoteles, IMEF, Asociación de Agentes Aduanales y Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Ammeyuc).