Sin declaración patrimonial 49 funcionarios
Al concluir el pasado jueves 31 el plazo para que los 4,993 servidores públicos del sistema centralizado y de paraestatales rindan su declaración patrimonial anual, el 99% cumplió en tiempo y forma, dijo ayer Miguel Fernández Vargas, contralor del Estado.
“Solo 49 servidores públicos estatales no cumplieron en tiempo y forma con su declaración anual, y serán sancionados”, afirmó.
El contralor recordó que de los 4,993 servidores públicos estatales, 3,661 son trabajadores del sistema centralizado, y de estos últimos, 3,635 cumplieron debidamente con su obligación de actualizar su declaración patrimonial cada año.
De los otros 1,332 burócratas —continuó el entrevistado—, que pertenecen al sistema de paraestatales, 1,309 cumplieron a tiempo con su obligación.
El funcionario precisó que los 26 trabajadores del sistema centralizado y 23 de las paraestatales, que no cumplieron serán sujetos de una revisión de sus casos, para determinar qué tipo de sanción se les aplicará a cada uno de ellos.
El contralor reiteró que las sanciones a las que pueden hacerse acreedores esos 49 empleados del gobierno van desde un apercibimiento público o privado si fuera la primera vez o la suspensión de su trabajo por algunos días, si algunos están duplicando este incumplimiento. En caso de tener otras agravantes posiblemente se aplique su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro.— DAVID DOMÍNGUEZ M.
Fernández Vargas comentó que incluso hasta los que cumplieron en tiempo y forma, pueden ser sujetos de ser destituidos, en caso de comprobarse que incurrieron en falsedades en sus declaraciones anuales.
Este último caso —explicó el funcionario—, podría detectarse en la siguiente etapa que sigue del proceso de las declaraciones, que son las auditorías a lo que declararon todos los servidores públicos en esta ocasión.
Al entrar en detalles el Contralor señaló que como parte del proceso sobre las declaraciones, lo que sigue es auditarlas, se tomarán muestras de manera aleatoria, para verificar si todo lo que declararon es real, o si alguno de ellos incurrió en reportar falsedades.
El entrevistado anticipó que esta siguiente parte probablemente no le correspondería hacerlo a esta administración porque, de acuerdo con la programación de estas acciones, se realizarían en el último trimestre del presente año.
Fernández Vargas consideró que en términos generales se puede decir que este año tuvieron la mejor respuesta en el cumplimiento de estas obligaciones, incluso en comparación con el año pasado, cuando fueron 65 los que no cumplieron a tiempo y esta vez sólo 49.