Precisiones de un perito valuador
El corredor público Efraín Díaz y Díaz pide precisar que él nunca entregó un avalúo falso, como se le atribuye en el más reciente caso de la llamada “mafia inmobiliaria”, publicado por el Diario.
Personal de la oficina del notario Carlos Evia Salazar, explica, solicitó sus servicios como perito valuador en julio de 2017 —una de las funciones que le asigna le ley— para levantar un avalúo sobre el predio número 148 de la calle 22, de la colonia San Pedro Cholul.
Yo no hice personalmente el trabajo de campo de ese avalúo, sino empleados de mi oficina, dice Díaz y Díaz. “Ellos hicieron el estudio sobre el predio que la gente del notario señaló, aunque mis empleados se cercioraron de que la dirección del predio correspondiera al de la cédula catastral del mismo, que la notaría también nos proporcionó”.
El perito valuador no está obligado a pedir una identificación a quienes habitan el predio o solicitan el avalúo, afirma. Tampoco a comprobar el nombre del dueño, porque, entre otras cosas, “no se trata de un acto vulnerable”.
De hecho, en todos mis avalúos, incluyendo éste de San Pedro Cholul, indica, siempre pongo la siguiente leyenda: “los bienes, incluso en el presente estudio, corresponden a lo declarado por el solicitante. La propiedad no fue verificada, ni se investigaron gravámenes o reservas de dominio que puedan existir sobre dichos bienes del propietario”.
“Llevo muchos año como corredor y perito valuador y jamás he tenido un problema”, agrega Díaz y Díaz. “Por eso me extraña mucho que me involucren en este caso, que afecta mi prestigio y honorabilidad”.
El 30 de julio publicamos que el propietario de ese predio, William Uribe Canul, denunció que una persona que se hizo pasar por él, mediante una licencia de automovilista falsa, simuló la venta de ese terreno a Yazmín Patricia Osorio Ortiz, exfuncionaria del Poder Judicial —hasta 2015 se desempeñaba como proyectista de la magistrada Migdalia Rodríguez Arcovedo—, ante el notario Evia Salazar.
Los supuestos compradores levantaron un muro sobre el terreno de Uribe Canul, quien para proteger su patrimonio “invadió” su propio terreno y acusó a los supuestos compradores por la vía penal y civil.
En el expediente del caso, al que tuvo acceso el Diario, se muestra que el notario Evia Salazar incurrió en serias irregularidades, entre ellas, permitir que el supuesto pago por la operación de compraventa, $984,000, sea en efectivo, lo que va contra la ley. También aceptar una licencia de automovilista vencida, como documento de identificación de la supuesta compradora y anexar a la escritura el avalúo firmado por el corredor Díaz y Díaz sobre un predio que no corresponde al de la escritura.— HERNÁN CASARES CÁMARA
En el Registro Público de la Propiedad se establece que ese terreno, en la fecha de su supuesta venta, era un “solar sin casa”. El avalúo que se anexó a la escritura se asienta que el terreno tenía 160 metros cuadrados de construcción, incluyendo sala, comedor, uno y medio baño, cocina y tres recámaras.
El avalúo incluye once fotografías de los supuestos muebles de la casa y otros enseres.
En charla con el Diario, Díaz y Díaz afirma que el avalúo que firmó corresponde al predio que los enviados del notario señalaron. “Si alguien me contrata para avaluar el Parque de las Américas, por decir algo, no necesita decir quién es el dueño del parque o explicar sus propósitos para solicitar el avalúo. Este es el mismo caso del predio de San Pedro Cholul”.
Añade que en esa operación de compraventa el avalúo solo sirve para calcular el pago de impuestos, pero no afecta el carácter legal o no de la operación.
Charla Díaz y Díaz
Afirma que el avalúo que firmó corresponde al predio que los enviados del notario señalaron.
No es necesario
“Si alguien me contrata para avaluar el Parque de las Américas, por decir algo, no necesita decir quién es el dueño del parque o explicar sus propósitos para solicitar el avalúo. Este es el mismo caso del predio de San Pedro Cholul”.
No afecta la operación
Añade que en esa operación de compraventa el avalúo solo sirve para calcular el pago de impuestos, pero no afecta el carácter legal o no de la operación.