El macrocaso de corrupción en el gobierno de Rolando Zapata Bello que comienza a ser visible gracias a las pesquisas del Diario debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias y, dado el caso, castigar a los culpables como marca la ley, piden líderes del sector privado yucateco.
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Altos funcionarios del gobierno anterior desviaron cantidades millonarias a empresas fantasma, compañías que no existen, que carecen de actividad, que tienen como domicilios fiscales casas abandonadas, según han destapado las indagaciones. Los responsables de la sangría económica utilizaron diferentes recursos para saquear las cajas de varias dependencias con facturas falsas, como consta en la gran cantidad de pruebas recabadas y exhibidas.
Por la seriedad del caso, alguien de la administración anterior ya tuvo que haber salido a dar la cara para explicarnos a los yucatecos de qué se tratan esos gastos que el Diario está poniendo a la vista de la opinión pública, reclama José Antonio Loret de Mola Gómory, presidente del Centro Empresarial de Mérida (Coparmex).
Para Juan Manuel Ponce Díaz, líder de la Canacintra, este es un asunto de sumo interés para la ciudadanía, por lo que “ojalá, de comprobarse la estafa, ahora sí pueda castigarse a los culpables y que los delitos no queden impunes como siempre”.
Por el bien de todos, este asunto tiene que ser esclarecido y cuando antes mejor, apunta Michel Salum Francis, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida.
José Antonio Loret de Mola Gómory
Presidente del Centro Empresarial (Coparmex) de Mérida
La difusión de que en el gobierno de Rolando Zapata funcionó una gran red de corrupción vuelve a poner sobre la mesa viejos problemas que no han podido ser resueltos, sugiere José Antonio Loret de Mola Gómory.
Por lo pronto, prosigue el presidente de Coparmex, hace falta que la administración actual termine de tomar las riendas, que asuma el control del caso y si se comprueba que en el gobierno anterior hubo un mal manejo de los recursos, acuda a las instancias adecuadas para que, ya sea de la manera administrativa, de las responsabilidades “o de la que tenga que ser”, quien haya hecho uso indebido del dinero público sea debidamente sancionado.
“Y más en el fondo veo que nos urge comenzar a legislar en el tema del proceso de entrega-recepción de los gobiernos. En Coparmex hemos señalado enfáticamente que tenía que haber sido una transición ordenada y que debió realizarse meses atrás, sin prisas, precisamente para evitar este tipo de situaciones, cosa que no sucedió y que lamentamos profundamente”.
La postura de Coparmex es muy clara: cualquier sospecha de un mal manejo del dinero público debe ser investigada y llevada hasta sus últimas consecuencias, siempre. “Pero insisto, hace falta que las partes involucradas —de la administración pasada y de la nueva— expliquen su proceder a la ciudadanía y después proseguir con los procesos administrativos adecuados”.
En torno a los fallos de los filtros de control con que cuenta la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), que aprobó las cuentas pese a que en muchas operaciones la falsedad es evidente, dice que se trata de un tema tratado en infinidad de ocasiones, pero que sigue pendiente: es necesario hallar los mecanismos para fortalecer las instituciones del Estado.
“Tengo que insistir en que hace falta una legislación que diga qué hacer con esos funcionarios a los que corresponde auditar y no lo hacen. Tenemos vacíos en la aplicación de la ley de los servidores públicos porque las personas que hacen caso omiso de sus obligaciones y sus responsabilidades también incurren en una irregularidad. Estamos conscientes de que allá hay un tema”.
Después de reiterar que la posición de Coparmex es firme: exigir a las autoridades que se investigue hasta las últimas consecuencias, Loret de Mola se muestra optimista porque, dice, ve en el nuevo gobierno intenciones de acabar con la corrupción. “Afortunadamente, tengo que reconocer que la creación del Consejo Consultivo del Presupuesto es un parteaguas en materia de fiscalización. Nos ayudará a tener una foto completa y actualizada de la situación que guardan las finanzas del Estado”.
Sin embargo, en el caso que ahora nos ocupa estamos entrampados, porque a final de cuentas si no hay una denuncia de lo que públicamente se está manifestando, no hay autoridad que le dé seguimiento, señala.
Es un reporte público que por sí solo tiene que llamar la atención a toda la sociedad, pero si no entra a una investigación, ya sea por la vía administrativa o la judicial y por el auditor del Estado, el trámite de esa rendición de cuentas no dará inicio, recalca.
“Y en la rendición de cuentas tenemos que encontrar, gobierno y gobernados, un mecanismo fácil, rápido, que de cara a la sociedad audite este tipo de anomalías que salen a la luz pública”.
El líder de los empresarios yucatecos se dice sorprendido por los trapos sucios que el Diario está sacando al sol, lo que no significa, aclara, que esté admitiendo los hechos o los esté calificando. “O sea, no sé todavía si los estudios sobre alguna de esas enfermedades que aparecen en el reporte formaban parte del Plan Estatal de Desarrollo, si eran un requerimiento de la Secretaría de Salud y si en verdad costaban lo que se gastó en cada uno de ellos”.
“¿Quién de la administración anterior va a dar la cara para decir por qué se hicieron y según qué prioridad esos gastos? Los ciudadanos necesitamos saber con base en qué tomaron la decisión de gastar esas cantidades. ¿Hubo una licitación?, ¿hubo una invitación a diversas empresas o instituciones para que prestaran esos servicios? ¿Y qué decir si esas empresas que aparecen en la investigación periodística nunca ocuparon el domicilio fiscal que aparece en sus registros?.
“Tenemos que exigir que se esclarezcan las cosas, así contribuiremos al despertar de la sociedad. Alguien tiene que dar la cara”, finaliza Loret de Mola Gómory.
Juan ManuelPonce Díaz
Presidente local de la Canacintra
En principio cauteloso —porque, dice, hace falta juntar los elementos para verificar la posible comisión de delitos—, Juan Manuel Ponce Díaz, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) señala, eso sí, que es importante que las autoridades investiguen las revelaciones sobre el desvío de recursos perpetrado en el gobierno anterior.
Debe intervenir la Auditoría Superior del Estado de Yucatán para revisar bien las cuentas y el contenido y los resultados de los proyectos o servicios que prestaron al gobierno del Estado las empresas que aparecen en la información del Diario, opina. “Para eso tenemos una Auditoría fuerte y con cierto grado de autonomía, para que pueda llevar a cabo este trabajo”.
Ponce Díaz comenta en un tono de desconfianza que “no deja de ser extraño que este tipo de cosas salgan a relucir ahora y no antes. Más que sospechoso, me parece inoportuno, aunque con esto no quiero decir que no se deba revisar cada uno de los temas hasta llegar a la verdad”.
“A nivel país tenemos un problema muy serio con la corrupción y las empresas fantasma. Hace varias décadas se decía que los gobernantes pedían su diezmo, luego esta cuota se multiplicó por dos, por tres y en los últimos diez años se ha incrementado de manera absurda”, comenta. “Y ya no se conforman con el porcentaje que pedían antes, ahora nos venimos a enterar por investigaciones periodísticas que existen facturas por, presuntamente, servicios no realizados.
“Esto ha sido muy grave en el plano nacional, particularmente con las empresas de outsourcing, que han creado una distorsión en el mercado general y han sido usadas para cometer desvíos de dinero”.
El presidente de Canacintra señala el camino a seguir en el asunto de las empresas fantasma revelado por el Diario: “Primero, alguien debe presentar una denuncia ante la ASEY para que se abra una investigación. Hay que asegurarse de que este tipo de cosas se revisen bien, no vaya a ser que sean simples comentarios de gente sin testigos con el objetivo de desprestigiar al gobierno de Yucatán, anterior o presente.
“Ahora bien, creo que si ya se cuenta con toda la información y con pruebas alguien de la ciudadanía debería presentar la denuncia y dejar que las autoridades hagan su trabajo”.
Michel Salum Francis
Presidente de la Cámara de Comercio de Mérida
“Estamos ante un asunto muy delicado que se debe atender y, más que nada, esclarecer. A fin de cuentas sabemos que no somos autoridad, nosotros no investigamos, pero un hecho de este tipo nos debe preocupar a todos”, comenta Michel Salum Francis, presidente de la Canaco Servytur de Mérida.
Por el bien de todos, por la confianza de la ciudadanía, hay que averiguar bien los hechos, dejar en claro que no se trata de información falsa, de simple bulla, para que a nadie le quepa la menor duda de la veracidad de lo que se está mostrando a la opinión pública. “Y en caso de comprobarse los actos de corrupción hay que aplicar todo el peso de la ley a los culpables”.
“En la Canaco estaremos vigilantes de que las autoridades hagan su trabajo, que investiguen y que finquen las responsabilidades correspondientes”, señala. “Sería sano que antes de señalar culpables pudiera escucharse a las dos partes y de esa manera sacar conclusiones. Ahora sí que más importante que la opinión pública es la versión de los involucrados”.
Salum Francis coincide con los líderes de Coparmex y Canacintra en el sentido de que es indispensable presentar una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue caso por caso.
“¿A quién corresponde presentar esa acusación en la Fiscalía?, no lo sé. La cuestión es que nadie quiere meterse en problemas, nadie quiere complicarse la vida. ¿Dónde están las organizaciones de la sociedad civil, los interlocutores de la sociedad? ¿Se ha acercado alguien al Diario para pedir más información del caso, para conocer de qué pruebas se dispone?”.
El líder de los comerciantes meridanos recalca que no es difícil condenar de palabra hechos de presunta corrupción como los que está destapando el Diario, decir “qué mal estamos” lo hace cualquiera, lo complicado es dar el siguiente paso y actuar en consecuencia.
“Lo que sí es un hecho es que tenemos que vigilar que las autoridades hagan bien su trabajo.
“Hay que terminar con las malas prácticas en el gobierno. Los contratos a modo, por ejemplo, dejan en desventaja a los empresarios que quieren hacer las cosas bien. Que los procesos sean legales es algo por lo que en la Canaco hemos estado luchando desde hace tiempo”.