Ve anomalías en proceso jurídico por un inmueble
A casi un año de que el doctor en Sociología e investigador de la Uady Luis Ramírez Carrillo denunciara el despojo de una casa de interés social de su propiedad, por integrantes de lo que él llamó “la mafia inmobiliaria que opera en Yucatán”, éste aún no recupera su predio debido, según él, a graves irregularidades atribuidas al Ministerio Público y, al parecer, a funcionarios de algunos juzgados.
Por ejemplo, explica Ramírez Carrillo en entrevista con el Diario, en la demanda penal que presentó por su caso contra quien resulte responsable el Ministerio Público nunca citó a José Manuel Arredondo Dichi, la persona que se apropió de su casa, para que explique cómo se hizo de ese predio.
Además, el notario que participó en la operación, que entonces era notario suplente, tardó tres meses en responder a un requerimiento de la autoridad por ese caso sin que lo sancionaran.
Ramírez Carrillo presentó también una demanda civil, dice, “pero hasta hoy, 10 meses después de que la puse, extrañamente los actuarios del Juzgado Primero de lo Civil no han podido notificar a Arredondo Dichi, por lo que el caso está atorado”.
En respuesta a estas dos demandas, el presunto comprador contrademandó a Ramírez Carrillo hace tres semanas y en su alegato incluyó información contenida en la demanda civil de Ramírez en contra de Arredondo, de la que, empero, oficialmente éste no está enterado.
“La única explicación de esto es que alguien dentro del juzgado filtró ilegalmente el texto de mi demanda, porque hasta ahora Arredondo Dichi no ha sido notificado y, por tanto, no puede responder”, indica.
“No estoy diciendo que los funcionarios del juzgado sean corruptos, pero por lo menos han actuado con extremo descuido”, manifiesta. “Tal parece que en casos como el mío a la víctima se le ponen todos los obstáculos y a los victimarios, todas las facilidades”.
Por si fueran pocas estas anomalías, añade el entrevistado, la defensa de Arredondo Dichi está a cargo del despacho Ortiz Eljure, que encabeza el director general del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán, Rodrigo Ignacio Ortiz Eljure.
El investigador recuerda que el 21 de febrero de 2018 descubrió que una casa de interés social a su nombre, en la calle 59 número 876 del fraccionamiento Las Américas, que había estado desocupada durante varios meses y que tenía un crédito hipotecario vigente en Bancomer, ya no le pertenecía.
Mediante una falsa operación, una persona que se hizo pasar por él vendió la casa a Arredondo Dichi, un estudiante de arquitectura de 22 años, cuya familia procede del Estado de México.
Este fue el primer caso de apropiación ilegal de inmuebles de una larga serie que dio a conocer Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, precisamente el 24 de marzo pasado.
Integrantes de lo que Ramírez Carrillo dice es “una verdadera mafia” consiguieron los datos exactos del crédito hipotecario y los nombres de los funcionarios de Bancomer responsables de la hipoteca, y legalizaron una falsa liquidación ante el notario Alfonso Flores Macedo, del Estado de México, el 26 de diciembre de 2016.
Un año después de esta falsa cancelación, Jorge Alberto Moo Calán, abogado y candidato perdedor del PRI en las elecciones municipales de Opichén, presentó ese documento en el Registro Público de la Propiedad, a fin de que el predio quede libre para su venta. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA
“Mafia”
El investigador Luis Ramírez Carrillo aún no recupera una casa en Las Américas.
Papeles
El abogado Jorge Alberto Moo Calán presentó un documento en el Registro Público de la Propiedad a fin de que el predio quede libre para su venta. Luego de esto, los integrantes de la banda encargaron a Emmanuel Vargas, dueño de una supuesta inmobiliaria llamada Emmax, la promoción de la venta de la casa del investigador universitario. Vargas contactó a los padres de José Arredondo Dichi, quienes aceptaron pagar $750,000 por la casa. Éstos firmaron antes una promesa de compra ante la licenciada Martha Lorena Castillo Bolio, a quien le entregaron 200,000 pesos.
No lo vio
Días después acudieron con el entonces notario suplente Luis Alberto López Rosado y cerraron la operación de compra venta, pero, dice el doctor Ramírez, “yo nunca comparecí ante ese notario”.