Mónica Febles Álvarez Icaza, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, manifestó hoy a través de una carta su postura ante la polémica por la elección de José Luis Villamil Urzaiz.
En una carta dirigida a la nueva presidenta, Graciela Torres Garma, Mónica Febles expone que, aunque la elección fue legal, la omisión de “información a todas luces relevante” pone “en duda la confiabilidad de todos los miembros del CPC y del Sistema en su conjunto”.
En su mensaje, publicado junto con la minuta de la sesión de hoy, la consejera exhorta a sus compañeros o a luchar por ganarse la confianza de quienes hoy dudan “de que podemos actuar con total transparencia y que podemos escuchar cuando la sociedad nos pide hacerlo”.
A continuación, el texto íntegro.
Postura de Mónica Febles tras la polémica del Sistema Anticorrupción
Mérida, Yucatán a 2 de abril del 2019
Lic. Graciela Torres Garma
PRESIDENTE
Comité de Participación Ciudadana
Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán
Como miembro del Comité de Participación Ciudadana (CPC) he estado siguiendo puntualmente el proceso de selección del nuevo integrante al Comité. Estamos todos conscientes de los sucesos recientes que se han ventilado públicamente en este proceso de selección. Atendiendo el papel que tenemos en el CPC de no participar en el proceso de selección y por, sobre todo, atendiendo el llamado de unidad que nos has solicitado como Presidente entrante del CPC, he guardado prudencia en la expresión de mi postura personal, buscando junto contigo y mis compañeros la mejor solución a esta situación de controversia que se ha dado en todos los ámbitos.
Sin embargo, considero necesario en este momento plantear mi postura personal de manera oficial ya que, de no hacerlo, el mensaje que se infiere es de estar acuerdo, particularmente a la defensa personal que el Dr. Villamil dio en el marco de la rueda de prensa del CPC efectuada el día de hoy.
En primer lugar, quiero dejar muy en claro que considero que el proceso de selección que se llevó a cabo y por el cual resultó electo por mayoría el Dr. José Luis Villamil Urzaiz, atiende los requisitos de Ley y por tanto se puede considerar al pie de la letra una decisión legal. Eso no está en discusión, ni por mí, Y a mientender tampoco por otras voces que se han expresado en contra de ese proceso.
Ahora bien, lo que está siendo cuestionado es si hubo o no una falta de ética o moral al omitir información relacionada con el parentesco que el Dr. Villamil tiene con un miembro del Comité y colega nuestro, el Arq. Manuel Castillo Rendón. En este punto, no quisiera entrar en una discusión sobre ética y moral y no pretendo juzgar las intenciones de omitir esta relación de parentesco. Sin embargo, donde voy a centrar mi argumento es en el tema de la transparencia y la congruencia de quienes integramos un sistema justamente dedicado al combate de la corrupción y de faltas administrativas.
El Sistema Nacional Anticorrupción surge del clamor de una sociedad harta de sus funcionarios y del abuso con que se han manejado los recursos públicos, escudados en gran medida por la falta de rendición de cuentas, falta de transparencia e impunidad. Es así como se plasma en el Art. 24 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción lo siguiente “El Comité de Participación Ciudadana estará integrada por cinco ciudadanos de probidad, solvencia moral y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas o al combate a la corrupción”.
Por lo anterior somos nosotros, los Ciudadanos que participamos activamente en el Sistema, los que debemos ser el ejemplo más allá de lo que la Ley dicte. Ciertamente no se encontraba como requisito legal el informar sobre una relación de parentesco directo o por afinidad, PERO a todas luces esta información es relevante. Cuando comparecemos, el primer paso es una exposición de motivos y se nos ha dado a cada uno la libertad de informar plenamente cualquier circunstancia que la Comisión de Selección deba saber para que en buena conciencia puedan tomar la mejor decisión. La ley no puede prever todas las circunstancias personales de los aspirantes y de ahí que cada uno de nosotros debe incluir toda la información que pueda afectar nuestras actividades y /o la libertad de nuestras posturas dentro del CPC. Repito, no era un requisito legal, pero sí es una información.relevante. Para que esto se entienda mejor, pongo este ejemplo: Supongamos que un aspirante tiene una enfermedad terminal. La declaración de salud tampoco es un requisito obligatoriamente legal, sin embargo, sería información relevante que pudiera afectar las actividades encomendadas si fuera seleccionada dicha persona.
Ahora, nos encontramos ante un sistema fracturado. Por omisión de información de quienes sabían el parentesco, está puesta en duda la confiabilidad de todos los miembros del CPC y del Sistema en su conjunto. Nosotros, como miembros del CPC tenemos como función prioritaria ser la voz de la ciudadanía y por tanto no puedo’ permanecer en silencio cuando encuentro una sociedad que reclama un proceso del propio Sistema. Es por ello por lo que invito al Dr. Villamil y a los demás miembros del Sistema a quienes este proceso atañe, reconsiderar su posición pensando en el bien común del Sistema por encima de una postura personal. Bien se nos ha dicho en estos días que difícilmente podemos construir sobre cimientos resquebrajados. Errar es de humanos, rectificar es de sabios.
Asimismo, invito a luchar por ganarnos la confianza de quien hoy duda, de que podemos establecer los mecanismos en ley para que podamos cerrar huecos que prevalecen en los procesos; de que podemos actuar con total transparencia y que podemos escuchar cuando la sociedad nos pide hacerlo.
La unidad ES hoy y siempre con la ciudadanía. Vamos todos a actuar por el bien común de los ciudadanos que representamos.
Atentamente,
Mónica Alicia Febles Álvarez-Icaza
Comité de Participación Ciudadana