Recibimos del señor Mario B. Valadez Meraz una carta, cuyas partes medulares reproducimos a continuación:
A estas alturas, que el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) esté en quiebra ya no sorprende a nadie.
Pero que su directora, María Isabel Rodríguez Heredia, diera a conocer la grave situación financiera que atraviesa esa institución debió ser percibido con signos de alarma, pues solo garantizan el pago de pensiones hasta 2021.
Esta quiebra debe atribuírsele a Ivonne Ortega Pacheco por el desvío de $2,082 millones de cuotas descontadas a los trabajadores del Estado durante todo su mandato.
A Rolando Zapata Bello se le tiene que responsabilizar por encubrimiento, pues su gobierno debió investigar y denunciar a su antecesora por ejercer partidas etiquetadas.
Al ser retenciones, las cuotas no pueden ejercerse como gasto corriente. La solución de donar los terrenos de la Reserva Territorial de Ucú, más que una reparación del daño, pareció una táctica con tintes partidistas del gobierno de las primeras piedras y obras inconclusas, y así dejarlas como deudas.
Necesariamente tuvieron que contar con la complicidad de los diputados locales de su partido para aprobar esto, en virtud que cualquier partida que no esté considerada dentro del presupuesto requiere de su aval.
Esta práctica de desvíos no debería sorprendernos porque es la misma que proyectaron en las retenciones del ISR de los trabajadores estatales descontadas y nunca declaradas a Hacienda por más de $500 millones, que gracias a un decreto las condonó el SAT.
Lo trascendental no está en saber si fueron o no ejercidos esos recursos desviados, sino dónde y cómo, ya que por más que averigüe en qué obras pudieron aplicarse la única sobresaliente el Gran Museo del Mundo Maya. Se edificó bajo el Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), que por cierto endeudó a Yucatán por 20 años. ¿Será esta otra ‘Estafa Maestra’?
En igual forma es culpable el auditor superior del Estado, Mario Can Marín, al pasar como desapercibidos los desvíos al erario por medio de empresas fantasmas, el manejo en el gasto público de las retenciones del ISR y los actos de corrupción contra el Isstey.
Externo esto por el pobre desempeño de la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Enrique Goff Ailloud, quien aunque contaba con los elementos suficientes para fincar responsabilidades a todos los implicados, no solo ha evidenciado un desconocimiento total de cómo combatirse, sino su ineptitud ha prevalecido porque esos delitos han quedado impunes.
No se vale que mientras las pensiones de los extrabajadores del Estado están en riesgo, los causantes de la quiebra hoy se pasean libremente como si nada hubieran hecho.
La decisión del gobernador Mauricio Vila Dosal de enfrentar la crisis del Isstey (tomar el toro por los cuernos) tiene que ser digna de reconocimiento. La venta de los terrenos del fideicomiso de Ucú es una medida que corrige, más no soluciona la crisis financiera de ese instituto.
¿Por qué alguien está por encima de la Ley? Se deben reactivar las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado contra la administración de Ivonne Ortega por excesos de poder y actos de corrupción.
Para que las finanzas del Isstey sean sanas, se requieren acciones drásticas como disminuir su lacerante y oneroso aparato burocrático. De igual forma, se debe modificar la Ley de los trabajadores del Estado, para que las pensiones se fijen con base en topes de salarios mínimos.
Es más, las pensiones conferidas a exgobernadores deben eliminarse porque es insultante que Patricio Patrón Laviada, por cotizar al Isstey solo 12 años (tres como diputado local, tres como alcalde y seis como gobernador) reciba mensualmente más de cien mil pesos.
Si el instituto está en crisis no es por culpa de los trabajadores que dieron toda su vida al servicio público, sino por las “jubilaciones doradas otorgadas a exfuncionarios de mandos medios y superiores que oscilan mensualmente entre los $16,100 y hasta los 118,000 a exmagistrados del Tribunal Superior de Justicia”.
Sería muy lamentable que en un futuro no muy lejano Yucatán sufriera los mismos padecimientos que hoy sufre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Baja California (Issstecali).