La casona donde funcionaba una escuela para invidentes, valioso predio que forma parte de una sospechosa operación de compraventa en la que se vincula al gobierno de Rolando Zapata Bello
La casona donde funcionaba una escuela para invidentes, valioso predio que forma parte de una sospechosa operación de compraventa en la que se vincula al gobierno de Rolando Zapata Bello

A casi dos años de la inauguración del Centro Internacional de Congresos, Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, obtuvo nuevos indicios de que el gobierno de Rolando Zapata Bello habría usado una “empresa fantasma”.

Grupo Desarrollador Metrosur, controlada por funcionarios y allegados suyos, habría comprado terrenos donde se construyó ese Centro para después venderlos al propio gobierno al doble de precio.

La operación generó para esa empresa ganancias de más de 25 millones de pesos.

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Esa compañía, como ya informamos, fue creada en 2011 por gente de otros estados, pero de ese año a 2013, no tuvo actividades.

En 2013, personas vinculadas al gobierno del Estado adquirieron la mayoría de las acciones de Metrosur y a través de ella compraron parte de los terrenos para el Centro de Congresos, inaugurado el 5 de abril de 2018.

Metrosur, que presumiblemente conocía con anticipación los planes del gobierno para construir ese edificio y por ende que los terrenos cercanos subirían de precio, compró otros predios en la misma época.

El principal fue la valiosa casona de la calle 60, número 333, con 12,898 metros cuadrado de superficie, donde funcionó la Escuela de Educación Especial para la Integración de Carentes de Vista y Disminuidos Visuales, a muy bajo precio.

Imagen de archivo de la casona de la calle 60 donde aún se observa la placa que daba a conocer que ahí funcionaba la Escuela de Educación Especial para la Integración de Carentes de Vista y Disminuidos Visuales

Los movimientos empresariales de Metrosur cesaron aparentemente en 2015, con la venta de los terrenos al gobierno.

“Pausa” en actividades de la empresa

De este año hasta principios de 2019 no se le conoció alguna actividad, ni siquiera un domicilio social.

Regresó a su antiguo estado de inmovilidad, pero sin darse de baja fiscalmente.

Sin embargo, en marzo de 2019 dio un extraño giro: el 29 de ese mes vendió el terreno de la exescuela para carentes de vista a Auralux, compañía vinculada con José Chapur Zahoul, promotor del centro comercial Paseo 60, seis días después de que los accionistas de Metrosur vendieran el negocio a Ernesto Elías Simón Maldonado, dueño a su vez de otra empresa al parecer también fantasma: Jaga Importaciones, S.A. de C.V.

El objetivo, al parecer, borrar los rastros de sus antiguos propietarios.

Sin datos de los socios originales

Los socios originales de Grupo Desarrollador Metrosur fueron José Andrés Moral Pumarejo y Adolfo Valdez Suárez, oriundos de Brownsville, Texas y Ciudad de México, respectivamente.

Ellos fundaron esa sociedad el 14 de octubre de 2011, pero nunca se supo de sus actividades, ni de su local social.

El 16 de marzo de 2013, estos socios habrían nombrado a Jorge Enrique Rosado Gegg administrador único de la sociedad, con un amplísimo poder.

También a Jorge Eloy González Mastache como apoderado de la empresa y a José Luis Pérez Denis, como comisario.

Los vínculos con el gobierno

A Rosado Gegg se le relacionó con el grupo de jóvenes empresarios muy cercano a Zapata Bello, Víctor Caballero Durán y Roberto Rodríguez Asaf.

González Mastache, por su parte, fue jefe del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán y Pérez Denis se desempeñó como director de Administración de la Fiscalía General del Estado, en la gestión de Rolando Zapata, por lo que eran subalternos suyos.

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De acuerdo con los datos recabados, la empresa fue “revivida” en 2013 exclusivamente para participar en una operación de especulación inmobiliaria orquestada, según los indicios, desde el gobierno del Estado.

Adquisición de cuatro predios

En diciembre de ese año, Rosado Gegg, en su carácter de administrador único de Metrosur, adquirió cuatro predios en la calle 62, entre Cupules y la avenida Colón, con 10,514 metros cuadrados de superficie, que luego sirvieron, junto con otros terrenos, para construir el Centro Internacional de Congresos.

La empresa, como ya publicamos, pagó por esas propiedades $24.018,556 y los vendió al gobierno de Zapata Bello, en mayo de 2015, a $49.344,853, una ganancia de ¡$25.326,297!

Un mes antes, en noviembre de 2013, el mismo Rosado Gegg, en representación de Grupo Desarrollador Metrosur, adquirió la escuela para invidentes de la calle 60, que pertenecía a la Institución de Beneficencia Asilo Berzunza Gutiérrez para Carentes de Vista, en $20.500,000.

Toma aérea de la zona donde se puede observar (en medio, arriba) la casona de la calle 60 donde funcionaba la escuela para invidentes

Previsora, el 24 de enero de 2014 esta empresa compró también el predio número 298-F de la calle 62, con 403 metros cuadrados, en $1.130,000, que colinda, en su parte de atrás, con la parte posterior de la ex escuela para invidentes.

La última compra

En diciembre de 2014, Metrosur hizo otra compra, al parecer, la última. Adquirió la casa ubicada en la calle 19, No. 315 entre 14 y 16 de la Montebello, en $1.5 millones.

En las tres operaciones dio fe el notario Carlos Goff Rodríguez.

A partir de diciembre de 2014 no se supo nada más de esta empresa, que resurgió hasta el 29 marzo de 2019, cuando vendió a Auralux la exescuela para carentes de vista en $53.318,660, es decir, obtuvo una ganancia de $32.818,660 en poco más de cinco años.

Lo nuevo en este asunto es que Rosado Gegg no representó a Metrosur en esta operación, que se realizó ante el notario Bernardo M. Rivadeneyra Pérez, sino Ernesto Elías Simón Maldonado, un corredor de bienes inmuebles.

Cambio de apoderado

De acuerdo con las averiguaciones de Central 9 en el Registro Público de la Propiedad, seis días antes de esta compra, en un acta de asamblea celebrada el 21 de marzo de 2019, a solicitud de Rosado Gegg, los socios de Metrosur aprobaron el nombramiento de Simón Maldonado como apoderado de la empresa, en sustitución de González Mastache.

Cuatro días después, en otra asamblea realizada el 25 de marzo, se nombró a Raúl Roberto Berny Pérez como administrador único, en sustitución de Rosado Gegg.

Para entonces, Berny Pérez ya era dueño de 40 acciones de la serie A, de un total de cien, con un valor nominal de $500 cada una.

Ese mismo día, Simón Maldonado, en su carácter de administrador único de Jaga Importaciones, S.A. de C.V., adquirió 60 acciones de la serie A, con el mismo valor nominal que las anteriores y luego, en otro punto de la orden del día, compró otras 20 acciones de la serie A, en poder de Berny Pérez.

Nueva estructura de accionistas

De este modo, la estructura accionaria de Metrosur quedó así: Jaga Importaciones, 80 acciones con un valor de $40,000, y Berny Pérez, 20 acciones valuadas en $10,000.

Empero, de acuerdo con los datos obtenidos por Central 9, hay indicios para pensar que esta compañía sería una “empresa fantasma” con el único propósito de servir de fachada para cubrir las operaciones especulativas de Grupo Desarrollador Metrosur.

De acuerdo con el Registro Público del Comercio, Jaga Importaciones la fundó José Jalil Xacur Zentella el 15 de octubre de 1993, con el fin de dedicarse a la “compra, venta, importación, exportación, almacenamiento, distribución y transportación de todo tipo de artículos para el hogar y de todo tipo de mercancías”.

Juicio mercantil y embargo

En 2004 se inició un juicio mercantil en su contra y se embargaron 250 acciones de la empresa.

El embargo se canceló en 2008, pero fue hasta el 28 de noviembre de 2018 que sus propietarios solicitaron la cancelación de la anotación respectiva al Registro Público, es decir, cuatro meses antes de que Jaga Importaciones saliera de su inactividad para, en su papel de principal accionista de Metrosur, vendiera la escuela para invidentes.

En efecto, de acuerdo con los datos recogidos, a partir del embargo de sus acciones esta compañía quedó inactiva económicamente y así permaneció más de 10 años.

El 13 de marzo de 2015, en la misma época que Metrosur revendía los terrenos de la calle 62 al gobierno del Estado, Xacur Zentella vendió todas las acciones de esa empresa, valoradas en cien pesos cada una, a César Augusto Jiménez Méndez, convirtiéndose éste en el nuevo dueño de la empresa.

Esta persona fungía entonces como gerente general de Líneas Unidas del Sur y hasta enero de 2015 se desempeñaba como director ejecutivo de Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, donde permaneció un año y seis meses.

Cambio de giro en una empresa

El 23 de septiembre de 2015, Jiménez Méndez cambió el objeto social de Jaga Importaciones para convertirla en una sociedad dedicada a la prestación de servicios de publicidad, ensamble y reparación de equipo de cómputo, promoción de eventos y logística de fiestas, festividades y ferias y a la compra-venta y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.

El 25 de noviembre de 2015, seis meses después de haberla comprado, Jiménez Méndez vendió todas las acciones de Jaga Importaciones a Simón Maldonado, quien se convirtió, aparentemente, en el único dueño de la empresa.

Es en este carácter y también como principal accionista de Grupo Desarrollador Metrosur que vendió la exescuela para carentes de vista en $53.318,660 a Auralux, el 29 de marzo de 2019.

Una ganancia del 300%

Este mismo día, Jaga Importaciones vendió también a esta compañía la casa número 298-F de la calle 62, en $4.541,000 —Metrosur, con Rosado Gegg, la había comprado en $1.130,000 en enero de 2014—, con lo que obtuvo una ganancia de $3.411,000, el 300 por ciento.

En esta misma fecha, Simón Maldonado, como dueño de Jaga Importaciones, vendió a Auralux otro predio de la calle 62, que colinda con la parte trasera de la exescuela para invidentes, la marcada con el número 300-A.

Casualmente, Jaga Importaciones, ya bajo el control de Simón Maldonado, había adquirido este predio en octubre de 2015, luego de la compra del gobierno del Estado de los terrenos donde después construiría el Centro Internacional de Congresos, en $851.046.

Interés en construir un “hotel boutique”

Cuatro años después la vendió en $2.140,320, casi dos tantos más, a la empresa Auralux, que pertenece a un conglomerado empresarial que planea levantar un gran “hotel boutique” en esa zona.

Estos nuevos datos obtenidos por Central 9 mostrarían la existencia de una ambiciosa operación de especulación inmobiliaria orquestada, presumiblemente, por funcionarios del gobierno anterior y algunos empresarios, que usando información privilegiada habrían comprado terrenos en la llamada “zona hotelera de la avenida Colón” para luego beneficiarse con la reventa de éstos a precios dos veces más altos.