En 2017 invirtió en certificados fraudulentos
El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), bajo la dirección de Gabriela Cáceres Vergara, invirtió diez millones de pesos en 2017 de las reservas de ese organismo, en certificados bursátiles fraudulentos, como Planfía 00417, que ahora tienen saldo cero.
El martes 28 de abril publicamos que ese instituto, también en la gestión de Cáceres Vergara, compró otros diez millones de pesos de certificados bursátiles “basura”, en este caso, los emitidos por Grupo Senda Autotransporte —que se encuentra quebrada y en concurso mercantil—, con número de pizarra Senda 01017 y que igualmente presentan saldo cero.
Directivos del Isstey aprobaron ambas operaciones, no obstante la calificación negativa de esos títulos, emitida oportunamente por empresas calificadoras de inversiones.
Los veinte millones de pesos de las reservas de ese organismo invertidos en este tipo de certificados ya se perdieron, confirma Enrique Montes Muñoz, analista bursátil del despacho QFK-México, consultado en la capital del país.
En el caso de los certificados Planfía, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) canceló esos títulos, luego de que los principales directivos de la empresa emisora fueran acusados de cometer uno de los mayores fraudes bursátiles de los últimos tiempos en el país.
Los certificados bursátiles Planfía, de la serie 00417, son certificados quirografarios de corto plazo con valor de cien pesos y emitidos por la empresa Auto Ahorro Automotriz, S.A. de C.V., dedicada a la compraventa y distribución de automóvil y camiones de las marcas Chrysler, Dodge, Fiat y Jeep, entre otras, y dueña a su vez de la Sociedad Financiera Popular Planfía.
La emisión de la serie 00417 fue por 50 millones de pesos, que forman parte de una programa revolvente de esa compañía por 750 millones.
Según la Cuenta Pública 2019 del gobierno del estado, los certificados Planfía y Senda presentan “saldo cero”, es decir, ya no tiene valor.
En el caso de los certificados de Planfía 00417, el Isstey adquirió estos títulos pese a que la calificadora de inversiones HR Ratings de México le otorgó, y así se advierte en el aviso de colocación, la calificación de “HR3 con observación negativa”. Esto significa que “el emisor o emisión ofrece moderada capacidad para el pago oportuno de obligaciones de deuda de corto plazo y mantiene mayor riesgo crediticio comparado con instrumentos de mayor calidad crediticia”.
El analista Montes Muñoz no se explica “por qué el Isstey asumió un riesgo de este tipo, tratándose de las reservas de un organismo público con graves problemas de liquidez”.
Añade que en el medio bursátil se sabía desde 2016 de los agudos problemas financieros de Planfía.
Ese año, por ejemplo, dice, la propia BMV publicó un informe con la lista de emisoras de certificados bursátiles que presentaban pérdidas y en el primer lugar aparecía Planfía, precisamente, con 13.6 millones de pesos de pérdidas.
Según el analista, en noviembre de 2017, otra calificadora, Sandard & Poors, advirtió que la información financiera entregada por Planfía entre junio y agosto, en la víspera de la salida a la venta de la emisión, presentaba “anomalías”.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), un mes después confirmó esta opinión e impuso cuantiosas multas a los principales directivos de Planfía por “publicar información falsa a través de suplemento informativo de certificados bursátiles fiduciarios”.
Más adelante, señala Montes Muñoz, el mismo organismo aplicó otra sanciones a los responsables de Planfía por “realizar una operación prohibida, que según fuentes cercanas al caso habría consistido en permitir el uso de fondos de la empresa para apuestas en casinos”.
El asunto se complicó, dice, cuando la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada inició una investigación por lavado de dinero a José de Jesús Venegas Blancarte, el ex director de Planfía, presuntamente implicado con otros directivos en la colocación en el mercado bursátil de certificados sin garantía por más de 600 millones de pesos y desviaron esos recursos a cuentas personales, “en lo que se considera uno de los mayores fraudes bursátiles de las últimas décadas en el país”, precisa Montes Muñoz.
“Las inversiones bursátiles de alto riesgo requieren de análisis muy profundos de profesionales muy cercanos al mercado de valores y a la actividad empresarial de los grandes consorcios”, añade el entrevistado.
En el caso de los certificados adquiridos por el Isstey, que significa la pérdida de 20 millones de pesos de sus reservas (más los intereses no devengados) —justamente cuando el instituto requiere urgentemente de esos recursos—, solo habla de la irresponsabilidad de los funcionarios que tomaron esa decisión y de su ignorancia y negligencia, afirma Montes Muñoz.
De acuerdo con los archivos del Diario, Cáceres Vergara es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Durante muchos años trabajó en el manejo de los lotes de la reserva territorial del estado, en la Cousey y en su sustituto, el IVEY.
En marzo de 2016, el gobernador Rolando Zapata Bello la nombró directora de Planeación y Concertación Sectorial en la Sedesol y un año después directora del Isstey, sin acreditar experiencia en el ramo ni en el manejo de finanzas.— HERNÁN CASARES CÁMARA.