La deuda pública directa en Yucatán es hoy de $7,620 millones y aumentará a $9,300 millones, en cifras redondas, si el Congreso del Estado aprueba la iniciativa del Ejecutivo para contratar un nuevo empréstito de $1,728 millones.
Al cierre de 2019, de acuerdo con los informes financieros del gobierno del Estado, el endeudamiento directo era de $4,115 millones, pero hasta ese momento solo se reflejaba una disposición de $615 millones del préstamo de hasta $2,620 millones autorizado para el programa Yucatán Seguro.
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De considerarse el total de ese crédito, porque sigue abierta la cartera, el monto total sería de $6,120 millones.
A esta cantidad hay que agregarle los $1,500 millones de una ampliación presupuestal para el ejercicio 2020, que elevan a $7,620 millones los compromisos de pago previos al debate de la nueva solicitud de $1,728 millones.
Distintas interpretaciones
El Ejecutivo no llama deuda a la ampliación presupuestal, aunque se trata de recursos adicionales que utilizará con motivo de la emergencia por el Covid-19 y los tendrá que cubrir durante la presente administración.
Como ya hemos informado, oficialmente esos $1,500 millones representan un sobregiro que se le autorizó al gobierno en su presupuesto de este año, lo cual le permitirá reportar un “balance presupuestario de recursos disponibles negativo”.
Tema de nueva discusión
De aprobarse los $1,728 millones de la iniciativa que está en discusión en el Congreso, para un plan de reactivación económica, la suma crecerá a $9,340 millones. Esto, insistimos, considerando el uso total del préstamo para Yucatán Seguro.
El nuevo proyecto de débito fue tema de debate ayer en el seno de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Poder Legislativo.
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El siguiente paso será turnar el dictamen al pleno de diputados, que decidirá el destino de la solicitud.
Deuda no reconocida
Si procede la petición, de 2007 a 2020 el endeudamiento habrá aumentado en $9,000 millones, aunque hay que recordar que el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco dejó al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) con un boquete de $2,125 millones.
Ese dinero es de cuotas que el gobierno cobró a los trabajadores del Estado pero no entregó al instituto y, por el contrario, los usó en partidas de libre disposición.
La “deuda oculta”
La información sobre el Isstey no es registrada como deuda en la Cuenta Pública, que solo considera como tal los compromisos con los bancos. Es, junto con los pagos pendientes a proveedores y otras obligaciones financieras, la “deuda oculta” que han señalado asociaciones civiles.
En un análisis sobre la situación financiera del Estado que dieron a conocer a fines de 2014, el Centro para la Competitividad de Yucatán y la Coparmex Mérida indicaron que todos los pasivos del gobierno –deuda bancaria, pagos a proveedores, Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), compromisos con el Isstey, etcétera– se convierten en una bola de nieve cada vez mayor que asfixia las finanzas públicas.
Un elefante blanco muy caro
El PPS que dio pie a la construcción del Gran Museo del Mundo Maya es un ejemplo de la pesada carga para el erario.
En 2010, cuando Ivonne Ortega pidió al Congreso autorización para firmar el contrato de la construcción, dejando como garantía las participaciones federales, informó que la obra costaría $411 millones y el pago anual sería de $33 millones.
La cantidad resultó once veces mayor de lo que se informó en ese momento. Desde 2013 los yucatecos pagan por ese museo –considerado un elefante blanco por su escasa, casi nula utilidad– más de $220 millones anuales y lo harán durante 21 años. El monto total será de $4,643 millones.
Más presiones financieras
En lo que compete a la actual administración, la ampliación presupuestal solicitada en marzo pasado implica presiones adicionales, pues se trata de un compromiso a corto plazo.
De acuerdo con el decreto 199/200 publicado en el Diario Oficial del Estado, el Ejecutivo está autorizado a obtener un sobregiro de $1,500 millones en el presente ejercicio fiscal, con motivo de la pandemia.
Si se reparte esa suma en los cuatro años que restarán a la presente administración a partir de 2021 se obtiene que en cada ejercicio habría que considerar unos $370 millones adicionales a las obligaciones de pago, por tratarse de un compromiso que no puede trascender a otros sexenios.
Un costo muy alto
Un concepto que ejerce otro tipo de presión es el pago de intereses, que a la larga conduce a un crecimiento considerable del endeudamiento, en una proporción que duplica y hasta triplica las obligaciones originales.
Según los informes de las finanzas públicas del Estado, en 2008, primer año completo de Ivonne Ortega en el gobierno, la deuda pública directa era ya de $449 millones.
Por esa cantidad, en ese ejercicio se pagaron poco más de $55 millones por amortización de capital y $26 millones por el costo del servicio de la deuda, es decir, intereses.
La tendencia de pago capital-intereses se invirtió en los años siguientes. En 2011 el endeudamiento con los bancos era ya de 1,663 millones de pesos. En esa ocasión se pagaron $50 millones de amortización de capital y $118 millones –más del doble– por concepto de intereses.
Los años del relevo
2012, año de transición en el Poder Ejecutivo, cerró con un endeudamiento bancario de $2,256 millones. El pago de amortización de capital a lo largo del ejercicio fue de apenas $31 millones, y el de intereses se disparó a $132 millones.
2018 fue otro año de transición en el Palacio de Gobierno, que significó un cierre con deuda pública directa de $3,621 millones. La deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se mantenía estable en $306 millones.
Estreno con intereses
Solo para atender las amortizaciones de la deuda directa heredada en el cuarto trimestre de ese año, que correspondió a los primeros meses de gestión de Mauricio Vila, el Ejecutivo pagó $28.11 millones, contra $82.25 millones que representó la erogación por intereses.
Esos pagos son similares a los que realizó la administración anterior en el trimestre de su despedida, de julio a septiembre. Fueron $26.93 millones de capital más $81.37 millones de intereses. En la deuda con garantía del Fondo de Apoyo se erogaron $6.42 millones por costo del servicio de la deuda.
Más crédito, más pagos
Al terminar 2019, la deuda pública directa presentaba un saldo de $4,115 millones. Solo de octubre a diciembre se cubrieron $32 millones por amortizaciones al capital y $78 millones por réditos.
Con los nuevos endeudamientos, el costo del servicio de la deuda también aumentará sustancialmente.
En 2018 se solicitó y aprobó para amortización de deuda y pago de intereses un monto anual de $447 millones. En 2020, con el último crédito solicitado en 2019, se autorizaron $927 millones para esos conceptos.
Carga anual de largo plazo
La eventual aprobación del nuevo préstamo de $1,720 millones implicaría un incremento significativo en el pago de intereses.
Si se añaden $370 millones que se tendrían que desembolsar cada año de 2021 a 2024, para cubrir la ampliación presupuestal del ejercicio de 2020 y finiquitar los $1,500 millones aprobados, el Estado tendría que desembolsar más de mil millones de pesos anuales para cumplir sus compromisos de financiamiento, buena parte de ellos de largo plazo.