Las autoridades han evitado pronunciarse sobre este tema. Desde la primera publicación, Central 9 buscó las versiones del gobierno estatal, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Luego de mucha insistencia, las contestaciones fueron por escrito, días después de solicitadas y con gran parte de las preguntas sin respuesta.
El martes 20, por la noche, la Fiscalía informó que el asalto fue denunciado ante dicha dependencia y recibió puntual seguimiento. El delito fue clasificado como robo calificado, cometido con violencia y en pandilla, “tema que se trata de un hecho aislado y atípico en el que está involucrado un familiar de las víctimas”.
Señaló que, tras la captura de dos personas involucradas, continúan las investigaciones.
Al referirse a la presunta presencia del fiscal Wilbert Cetina Arjona en reuniones con representantes de inversionistas defraudados, respondió que el funcionario “rechazó categóricamente haber participado”. Sin embargo, como publicamos, fuentes cercanas al caso aseguran lo contrario.
El miércoles 21, por la noche, la Secretaría General de Gobierno respondió, también por escrito, que desde que la autoridad ministerial tuvo conocimiento del asalto se iniciaron las investigaciones, dando como resultado la detención de dos de los involucrados. “Las investigaciones en cuanto a los demás involucrados continúan para el total esclarecimiento de los hechos y el deslinde de las responsabilidades”.
Con respecto a la compraventa de tierras ejidales, manifestó que “los afectados en los potenciales conflictos que de ello se pudiera derivar pueden hacer valer sus derechos ante las instancias competentes y conforme a los procedimientos y leyes aplicables a tales casos que se establecen para garantizarles y darles certeza legal”.
El viernes 23, la SSP respondió: “No podemos proporcionar la información solicitada, con fundamento en el Artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Reserva de los actos de investigación”.