Detrás de la lamentable muerte del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría ya hay un complot político contra el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, afirma el analista e investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán doctor Luis Ramírez Carrillo.

Entrevistamos al doctor Ramírez ante la inusitada guerra de información entre la Fiscalía General, el Ayuntamiento, la defensa de los cuatro policías municipales sospechosos y el Ejecutivo estatal, y ahora la intervención del gobierno federal.

Ramírez Carrillo señala que si se analiza a fondo el fallecimiento de José Eduardo lo que menos persigue la parte acusadora es hallar la verdad de los hechos, castigar a los responsables y aplicar la justicia en forma imparcial, pues el juez de Control que liberó a los cuatro policías detenidos por los lamentables hechos dijo con claridad que los elementos de la carpeta de investigación no responsabilizan a los agentes, sino que los agresores son de otra corporación.

De estos últimos dio detalles del uniforme, de una patrulla distinta a las de la Policía Municipal y hasta apellidos de policías, recuerda, pero la Fiscalía ya lo descartó como línea de investigación porque está empeñada en que castiguen a los policías municipales y apeló el veredicto de la no vinculación a proceso.

“Lo que creo, primero, es que hay un complot político detrás de la lamentable muerte del joven. Si uno analiza los hechos encontramos que el joven no era una persona inocente, tenía actividades que evidenciaban un consumo de drogas como el ‘cristal’. Estaba drogado cuando atacó a un vecino y un taxista, pidieron el auxilio de la Policía y se le detuvo”, recuerda.

“Él se resiste al arresto y hay un aparente exceso de fuerza en su detención, pero no fue arbitraria, sino fue por una denuncia por la comisión de un delito leve”, apunta.

“El segundo punto fue la brutalidad policíaca cuando lo bajaron en la cárcel, entiendo que se resistió y los policías lo golpean, pero no es un caso de arresto sin motivo”.

“El tercer elemento es que lo dejan dormido o inconsciente en la celda de la cárcel y lo filman todo el tiempo que está allí. Esa filmación es la que observó el juez de Control, no parece que fue golpeado ni violado. Salió por su propio pie y hasta aquí todo pareciera que fue un caso típico donde la Policía actuó mal por el exceso de fuerza”.

Tema politizado

José Eduardo “reaparece a las 48 horas con una denuncia donde dice nombres, colores de uniformes y patrulla que no corresponden a la Policía Municipal”, menciona el investigador.

“La denuncia se politiza y ahora hay varias fuerzas que juegan al complot: la Policía Municipal, el gobernador, la funeraria Nieves, que detona el conflicto porque lleva el cadáver al Palacio de Gobierno; la Fiscalía estatal, el Ayuntamiento y la senadora de Morena Verónica Camino, que lleva el caso a la mañanera del presidente López Obrador, quien de inmediato ordena a la Secretaría de Gobernación que intervenga cuando hay casos más graves que debe atender”, señala.

“El dueño de la funeraria Nieves aparentemente en forma amable ayuda a la mamá, le da un abogado de apellido Moo que está vinculado a él y aunque sabe que la Policía Municipal no depende del gobierno estatal, lleva el ataúd al Palacio de Gobierno”.

“Aquí entra una fuerza desconocida y el interés de perjudicar al gobernador Vila Dosal, le estallan el problema al gobernador y lo hacen ver como el bueno de la película y al presidente municipal lo hace ver como el malo” de este caso.

“El gobernador Vila se apresura a defender a la Policía Estatal, que tiene antecedentes de muertes similares, y le endosa el paquete a la Policía Municipal de Mérida en vez que ordene la investigación a fondo del tiempo después en que fue liberado José Eduardo, y que enfoque la investigación en la corporación que señaló el joven en su denuncia, donde da colores del uniforme y de la patrulla”.

“Es en este punto donde seguramente surge el interés de eliminar la fortaleza que demostró Renán Barrera en la elección pasada y su futura aspiración a la gubernatura”, considera. “El gobernador Vila aprovecha el hecho y piensa matar dos pájaros de un tiro: evita que sea investigada la Policía Estatal y desacredita a Renán como futuro candidato a la gubernatura. Esos dos motivos estarían detrás de este lamentable caso de homicidio”.

“No solo Vila recibe a la madre de la víctima, sino que da un paso adelante porque el fiscal da como buena la declaración de la víctima, en vez de emprender una investigación para esclarecer los hechos”.

“El fiscal estatal enfoca toda la batería y pone una demanda contra la Policía Municipal, el fiscal acepta con los ojos cerrados la versión del denunciante como si fuera cierta y pone las evidencias ante los ojos del juez de Control. La denuncia del ‘Güero’ contra la Policía Municipal fue que lo golpearon y violaron varias veces en las instalaciones de la Policía, la corporación ofrece como prueba los vídeos de las 24 horas de grabación durante la estancia del joven en la cárcel, donde no se observa ninguna violación ni golpes”. (Continuará).

“Incluso”, abunda, “él se recupera de la golpiza y de los efectos del ‘cristal’ y sale por su propio pie por la puerta de la cárcel. Pudo haber muerto después, sí pudo ser cierto; sin embargo, la denuncia concreta del joven veracruzano fue que lo violaron y golpearon en la cárcel, lo cual no se acreditó en esta primera fase del juicio contra los acusados”.

El doctor Ramírez Carrillo señala que si el juez ya descartó, con las pruebas que presentó la defensa de los policías municipales, que el joven no fue violado ni golpeado en la cárcel municipal, el fiscal debió abrir una línea de investigación inmediatamente con los elementos que dijo el juez de Control.

Pero no, sigue tomando como buena la denuncia de la víctima y elimina toda sospecha contra la Policía Estatal u otra corporación policíaca. Lo que hace el juez es decir “indudablemente hay un delito”, pero la denuncia del fiscal no procede porque las pruebas mostraban lo contrario de lo que denunció, remarca el investigador.

Fiscalía General Caso de José Eduardo

Más de la entrevista al doctor Luis Ramírez Carrillo sobre la muerte del joven veracruzano.

Disculpas

“Lo que hubiese hecho el fiscal, además de ofrecer disculpas por armar mal el caso, es ofrecer una investigación en otra línea y determinar quién fue responsable de las agresiones, violación y muerte de José Eduardo”, dijo el investigador de la Uady.

“Chivos expiatorios”

“Lo más grave de este caso es que el fiscal ratifica su denuncia y apela la sentencia del juez, con lo cual automáticamente el fiscal se enfoca de nuevo sobre unos culpables que ya fueron exonerados y elimina cualquier otra alternativa de investigación que lleve a los responsables. O quizá el fiscal pudo poner una nueva denuncia contra los cuatro policías por el trato que se ve en el vídeo filtrado, pero no lo hizo, se empeña en dar por cierta una versión que tiene muchas dudas y puede convertir a los policías en chivos expiatorios”.