Deploran el papel del Inaip ante los gobiernos locales
El colectivo ciudadano ¡Ya Basta! censuró que las autoridades utilicen “chicanas” y falacias para negar información que debe ser pública y lamentó que el órgano que en teoría es garante de la transparencia “acepte el triste papel de tapadera”.
Blanca Estrada Mora, integrante del grupo promotor de ¡Ya Basta!, manifestó que con su participación en la firma de convenios —como los suscritos con el Ayuntamiento de Mérida y el gobierno del Estado sobre sitios digitales—, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip) se convierte en “tapadera de la simulaciones, tapadera de las acciones para dejar a los ciudadanos sin información, tapadera para validar las mentiras y los engaños que nos hacen…”.
Es al mismo tiempo, agregó, tapadera para contribuir al círculo vicioso entre el ciudadano que se convierte en apático “porque no pasa nada” y el funcionario que se siente protegido por un “enorme manto protector de impunidad” y, como ve que nada pasa, “puede seguir con sus actos de corrupción”.
“En lugar de rendición de cuentas tal parece que lo único que tenemos son cínicas falacias porque nos mienten con absoluto descaro y desvergüenza y porque nos cuentan lo que les conviene contarnos”.
Al enfatizar sus comentarios sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas, la presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy) se refirió a un concepto que aparece en la Real Academia Española.
“Hay una palabra que no se utiliza, pero la quiero compartir”, apuntó. “Es la palabra trampantojo, así como suena: trampantojo. La definición que nos da la RAE es de trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es”.
“En el colectivo ciudadano ¡Ya Basta! nuestro lema es ‘No a la corrupción. Cero tolerancia a la impunidad’. Y por supuesto, ¡ya basta de trampantojos!”, remarcó.
Esos conceptos fueron formulados en la quinta sesión de seguimiento del Observatorio Ciudadano, en la cual, como anticipamos, se evaluó el grado de cumplimiento de cuatro compromisos de la agenda ciudadana que firmaron en la campaña electoral de 2018 —como los demás candidatos— quienes hoy son gobernador del Estado y alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal y Renán Barrera Concha, respectivamente.
También se evaluaron las promesas de campaña más publicitadas de los mismos funcionarios y se dio seguimiento al modelo de Parlamento Abierto, que ya es ley, en el Congreso local.
La mayoría de los compromisos está en grado de incumplimiento o en proceso, lo cual deja mal paradas a las autoridades ante el tiempo transcurrido.
¡Ya Basta! fundamenta su seguimiento en las respuestas que le proporcionan las propias autoridades en las solicitudes de información pública.
El grupo promotor del colectivo recalcó que la quinta sesión corresponde al cierre de la administración municipal 2018-2021 y a la mitad del período del Ejecutivo del Estado. En 2018, Renán Barrera firmó cuatro compromisos y en abril pasado ese número aumentó a seis, que se incorporan al seguimiento que se hará a la nueva administración, encabezada por el mismo alcalde.
A continuación reproducimos los resultados del seguimiento a los compromisos que suscribió Mauricio Vila, así como a sus promesas de campaña que recibieron más difusión. En nuestra edición de mañana abordaremos la evaluación correspondiente a la Comuna meridana.
El primer compromiso fue adoptar el modelo y los principios de Gobierno Abierto.
Este compromiso, expuso Marysol Canto Ortiz, está en proceso al haberse concretado dos acciones básicas: suscribir la declaratoria respectiva e instalar el Secretariado Técnico para Gobierno Abierto.
El segundo compromiso suscrito fue adoptar el Estándar de Contrataciones Abiertas (EDCA-MX), que está en rango de incumplido. No se ha asumido ninguna de las acciones que define este modelo.
“Entre las respuestas de varios sujetos obligados declarándose incompetentes para dar la información, entre ellos el Despacho del Gobernador, obtuvimos información sobre un convenio suscrito entre instancias del gobierno estatal y el Inaip para que los primeros alojen información sobre compras en un sitio de internet administrado por el INAI (órgano garante del derecho de acceso a la información a nivel federal)”, añadió la licenciada Canto Ortiz. “Este contrato se ha quedado en el ámbito de ‘el papel aguanta todo’ y en lo personal me confirma que el actual gobierno estatal se compromete a todo con tal de salir en la foto, pero no tiene intención de cumplir nada. Esto lo pueden confirmar en el portal a que alude este convenio. No existe información alguna relativa a compras, adquisiciones o arrendamientos del gobierno”.
El tercer compromiso de la agenda, crear un programa para fortalecer e incrementar ejercicios de contraloría social, está en proceso, considerando respuestas que proporcionó la Secretaría de la Contraloría.
El cuarto compromiso, de cumplimiento absoluto y máxima publicidad de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, continúa en estatus de iniciado.
Marysol Canto indicó que en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 quedó plasmada la intención de contar con una política pública de combate a la corrupción y en esta ocasión la Secretaría de la Contraloría proporcionó respuestas en las que describe acciones tendientes a promover entre los funcionarios y servidores públicos el cumplimiento de acciones que les impone la ley de la materia. Sin embargo, ¡Ya Basta! considera prudente contar con un programa de difusión amplio y permanente para explicar a la ciudadanía cuales son los delitos de corrupción que especifica la ley y los mecanismos que debe seguir para denunciarlos (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA
Transparencia Derecho y obligación
Marysol Canto subraya que es deseable que el ciudadano se involucre en asuntos públicos.
Que se justifique
“Hoy más que nunca en que escuchamos anuncios de proyectos de relumbrón y multimillonaria inversión (sin claridad en la procedencia del recurso) en obras, los ciudadanos debemos involucrarnos y pedir que se justifique el beneficio, haciendo partícipe a la ciudadanía, que las acciones se ejecuten con transparencia y apego a la norma del gasto público, que el ejercicio de los recursos pueda ser consultado y entendido por cualquier ciudadano”, apuntó.
Unos y otros
También dijo que todos deben ejercer el derecho a saber y las autoridades tienen que informar.