Balance de la Fiscalía en casos anticorrupción
Este año la Fiscalía Anticorrupción ejerció acción penal ante los tribunales judiciales locales contra 35 personas por conductas como peculado, cohecho, uso ilícito de atribuciones y facultades, entre otros.
También se logró por primera vez vincular a proceso a todos los integrantes de dos cabildos, así como la primera sentencia condenatoria en contra de una exservidora pública municipal por el delito de peculado, por medio de la figura del procedimiento abreviado.
José Enrique Goff Ailloud, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, añadió que “pese a la situación de la pandemia, se trabaja en forma continua en las funciones que corresponden al Ministerio Público en materia de investigación de conductas que pudieran ser constitutivas de alguno de los delitos por hechos de corrupción, establecidos en el Código Penal”.
El fiscal remarcó que una de las premisas fundamentales en el combate a la corrupción lo constituye la recuperación de activos, como lo establece la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción o “la Convención de Mérida”, nombre que recibe este instrumento internacional al haber sido adoptado en esta ciudad en diciembre de 2003.
Asimismo, dijo que este año se recuperó un monto mayor a 59 millones de pesos entre bienes muebles, inmuebles y dinero, mismos que fueron devueltos al Estado y al patrimonio de los municipios en beneficio de sus ciudadanos.
Mecanismos
La recuperación millonaria, continuó, se logró con los mecanismos legales que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, como el embargo precautorio, aplicación de medidas cautelares y salidas alternas de solución de conflictos, como los acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso en la sede judicial.
Goff Ailloud recordó que hay una serie de actividades sin precedentes en el estado en materia de combate a la corrupción y son el producto del esfuerzo conjunto con autoridades que coadyuvan en la investigación, como la Auditoría Superior del Estado (ASEY), el Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Investigación.
Sobre el estatus procesal de las carpetas de investigación iniciadas por denuncias interpuestas en la actual administración pública estatal contra exservidores públicos, por unos 500 millones de pesos, el fiscal recordó que parte de los asuntos pasó a la Federación por ser recursos federales.
Le corresponde a la Fiscalía General de la República, mediante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción federal, seguir las investigaciones y, en su momento, determinar lo que resulte jurídicamente procedente.
Luego precisó que ese fue el caso de las carpetas de investigación relacionadas con posibles operaciones irregulares por alrededor de 190 millones de pesos interpuesta contra exservidores de la Secretaría de Educación del Estado, otra contra exservidores de la Secretaría de Desarrollo Rural por unos 26 millones de pesos.
Sobre la denuncia de esta administración estatal por posibles operaciones irregulares del ahora Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, por unos 15 millones de pesos, se determinó el no ejercicio de la acción penal, al ser reintegrado al erario estatal.
Sobre la denuncia contra exservidores de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) por unos 15 millones de pesos, se determinó el no ejercicio de la acción penal, al confirmarse que los servicios contratados sí fueron prestados, no hay quebranto patrimonial.
Esto se corroboró con el dictamen y opinión técnica de la ASEY, que concluyó la información con elementos aportados por los entonces imputados.
Aunque el gobierno del Estado impugnó esa determinación, se confirmó el no ejercicio de la acción penal.
En torno a la denuncia contra la Secretaría de Salud por un monto aproximado de 150 millones de pesos, por presunta simulación de estudios y servicios pagados, el fiscal reiteró que en audiencia judicial el juez de control determinó que la acción penal prescribió, ya que los hechos eran de 2015 y 2016.
Por ello, ordenó determinar el no ejercicio de la acción penal, aunque el gobierno del Estado interpuso un juicio de amparo y están en espera de su resolución.
En relación con la denuncia interpuesta contra exservidores de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán por unos 200 millones de pesos, por la contratación de un plan de modernización del sistema de recaudación fiscal, dijo que continúa en investigación.
Según el fiscal, hay 29 bienes asegurados y por la complejidad de los hechos denunciados se requirió el apoyo de diversas dependencias con conocimientos técnicos especializados en la materia.
Acerca de la investigación por conductas posiblemente irregulares del extitular de la FGE, señaló que continúa en investigación, con los actos que se estimen pertinentes e idóneos para el esclarecimiento de los hechos y determinar si, en su caso, se estaría ante una infracción de carácter penal.
“No hay que perder de vista que toda investigación debe apegarse a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y exhaustividad y se debe velar por el pleno respeto a los derechos humanos y debido proceso a favor de todas las partes, por lo cual se debe cuidar que los elementos probatorios incorporados a los procedimientos hayan sido obtenidos en forma lícita y legal”, afirmó.
Procesos Corrupción
José Goff Ailloud, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, habló de procesos actuales.
Prescribió
En torno a la denuncia contra la Secretaría de Salud por un monto aproximado de 150 millones de pesos, por presunta simulación de estudios y servicios pagados, el fiscal reiteró que en audiencia judicial el juez de control determinó que la acción penal prescribió, ya que los hechos eran de 2015 y 2016.
En espera de resolución
Por ello, ordenó determinar el no ejercicio de la acción penal, aunque el gobierno del Estado interpuso un juicio de amparo y están en espera de su resolución.
Modernización
En relación con la denuncia interpuesta contra exservidores de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán por unos 200 millones de pesos, por la contratación de un plan de modernización del sistema de recaudación fiscal, Goff Ailloud mencionó que continúa en investigación.