MÉRIDA.- Una familia del sur de Mérida acusó a una trabajadora del Gobierno del Estado de Yucatán, de utilizar su gaffete de colaboradora del Insejupy para usurpar funciones y ayudar a una persona a estafar gente.
Luis Salem, su madre Nelsi Prieto y Juan Cauich, esposo de la señora, denunciaron que a principios de año acordaron con una persona de nombre Fausto Cervantes la renta de un local comercial ubicado en la calle 69 con 46 de Xelpac, colonia de Kanasín, donde pusieron a funcionar una lonchería.
Este sujeto, explican los tres, en todo momento se comportó con total prepotencia y hasta pidió las copias de las identificaciones de los empleados del lugar.
“Venía y se metía al negocio así nada más, se ponía a tomarle fotos a todos y decía que si no nos gustaba que no vayamos en ese mismo instante”, comenta Luis.
Aunque los trataban con prepotencia, no podían retirarse del lugar, ya que entregaron más de 20 mil pesos al señor Fausto por concepto de renta, contrato y otros gastos, sin que este señor les entregara ningún tipo de recibo o comprobante de pago.
“Siempre le pedimos el contrato, pero decía que no y jamás entregó ni recibos por el dinero que se le dio”, dice Luis.
Recibe un citatorio
De un momento a otro, el día 20 de febrero don Juan recibió un supuesto citatorio de la Fiscalía General del Estado para mediar la invasión de su local, pero el señor no pudo ir porque, dice, tenía cita con su médico. Esto le molestó al arrendador, quién fue al local y entre gritos e insultos le dijo a la señora Nelsi que los iba a sacar de su local.
Así, el día 22 de febrero llegaron dos personas a dicho local, un señor de nombre Aarón Cetina y una mujer a la que pudieron identificar como Claudia Vargas, trabajadora del Insejupy. El primero se ostentó como “policía judicial” y la segunda como actuaria del “Ministerio Público”, quienes entre gritos e insultos comenzaron a sacar las cosas de la lonchería.
“El señor tenía un arma y me asusté mucho. Así que corrí a buscar ayuda y los vecinos vinieron a ayudarnos”, explica el señor quien también comentó que entre los jalones el agresor se echó aceite encima y luego se tropezó con unos plásticos que aventó a la calle y se cayó.
Minutos después llegó la policía de Kanasín, quienes se llevaron a ambas partes a la policía municipal y después les indicaron que para poder solucionar su problema debían acudir a la Fiscalía General del Estado, pero no fueron turnados por las autoridades municipales; mientras ellos estaban en la policía, el señor Fausto, acusan, entró al negocio y se robó varios electrodomésticos.
El señor Juan, su esposa y Luis acudieron a la FGE e interpusieron la respectiva denuncia por robo, la cual quedó asentada en la carpeta UNATD-GN/000480/2022, pero hasta ahora no ha avanzado mucho.
Supuesto agente del Ministerio Público
Los afectados dijeron que gente cercana les dijo que está persona usa a esas mismas personas, al parecer sus familiares, para “sacar” a sus inquilinos del predio luego de cobrarles fuertes sumas de dinero. “La mujer, (Claudia) usa documentos oficiales del Insejupy y se hace pasar por Ministerio Público para hacer esto. No es la primera vez que lo hacen, nos cuentan que antes de nosotros hubo tres negocios a los que les hizo lo mismo”, dice Luis.
La familia afectada señaló que no tienen enemigos y dijeron que temen por su integridad. Además pidieron a las autoridades de su ayuda, pues consideran que lo que el arrendador hace es un delito, pide dinero a cambio de un trato y luego los saca con la ayuda de esta trabajadora del Estado, para poder quedarse con el dinero de las personas. “El dinero que le dimos es de muchos años de trabajo y esfuerzo, no es justo que se acabe así”, dice Luis, quién junto con su familia, tiene la esperanza de que las autoridades puedan hacer justicia a su caso y poder salir adelante en otro lugar.
