La incertidumbre que genera entre los inversionistas la reforma eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una clara manifestación en Yucatán, donde 19 proyectos de energía renovable están detenidos a pesar de que tienen la autorización oficial, afirma la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

La organización hace notar serias afectaciones de esa iniciativa, que llama “contrarreforma”, y dice que se envían señales contrarias a las que se requieren para generar confianza.

Jorge Charruf Cáceres, presidente de la delegación Yucatán, considera que “perdemos todos”.

Canacintra señala grave efecto de la reforma eléctrica

La delegación Yucatán de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) advierte de serias afectaciones al país con la reforma eléctrica que propone el gobierno federal, con repercusiones especialmente negativas en la Península de Yucatán.

“Como está planteada esta contrarreforma perdemos todos”, subraya Jorge Abel Charruf Cáceres, presidente de la delegación.

El directivo indica que los cambios propuestos a la Constitución Política en materia energética envían señales contrarias a las que se requieren para generar confianza e incentivar las inversiones que demanda el país de manera urgente.

Y enseguida señala que en Yucatán se palpa una muestra de esa situación: de 24 proyectos de energía renovable autorizados, solo cinco están en operación. Los 19 restantes están detenidos por la incertidumbre que causa en los inversionistas la “contrarreforma eléctrica”.

Esto representa la parálisis de 70,000 millones de pesos que, de acuerdo con el dirigente, bien podrán estar generando empleo y otros beneficios a la entidad.

¿Cuándo se aprobará la reforma eléctrica?

La reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador podría ser sometida a votación en Semana Santa. Según las pretensiones de la mayoría legislativa de Morena, el 13 de abril pasaría al pleno de la Cámara de Diputados y al día siguiente sería enviada a la Cámara de Senadores.

En amplia entrevista, Jorge Charruf, quien es también vicepresidente de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de Canacintra nacional, habló de las consecuencias que tendría la reforma si es aprobada en sus términos actuales y deploró que no se estén aprovechando —por la incertidumbre en los inversionistas— las ventajas que ofrece Yucatán para la generación de energías renovables.

La piedra angular

A continuación, sus puntos de vista sobre afectaciones para el país en general (en próxima edición abordaremos las consecuencias que avizora para Yucatán):

  • Para que un país sea próspero es necesario que esté en constante desarrollo, con una industria responsable, competitiva y pujante que vaya dinamizando la maquinaria completa de la economía, incidiendo de manera directa y positiva en la calidad de vida de todos sus habitantes.
  • Piedra angular para el fortalecimiento de la industria y el desarrollo económico es la constante atracción de inversiones que generen riqueza, empleo y bienestar, recibiendo a cambio la certeza de que las reglas del juego acordadas en el momento en que se llevó al cabo esa inversión no serán borradas de un plumazo, o se pondrán a discusión en el futuro.
  • Esto cobra relevancia en un país como México, en el cual la Constitución establece, en su artículo 14, el principio de irretroactividad. Esto significa que cualquier cambio en la ley deberá entrar en vigor “a partir de”, o sea, desde el momento en que éste se publique, no antes.
  • Desde la delegación Yucatán de Canacintra vemos serias afectaciones al país y también consecuencias que impactarán de manera negativa en la calidad de vida de quienes habitamos en la Península de Yucatán.
  • Los cambios propuestos a la Constitución en materia energética envían señales contrarias a las que se requieren para generar confianza e incentivar las inversiones que nuestro país demanda de manera urgente, sobre todo en un momento histórico tan complejo como el que vivimos hoy intentando salir de la pandemia, cuando es más importante para México una reactivación económica fuerte y sostenible.
  • También se propone cambiar el orden del despacho, que hoy en día se rige bajo una lógica económica, es decir, se le da prioridad a la energía generada a menos costo, que, además, es la generada con fuentes limpias. La contrarreforma propone privilegiar en el despacho a la CFE, sin importar qué tecnología o combustible use, es decir, sin importar a qué costo y con qué grado de contaminación al aire que respiramos todos los mexicanos se produzca.
  • No queda claro el punto donde sugieren que los inversionistas privados tengan “hasta” el 46 por ciento de la generación y CFE “cuando menos” el 54%. Esto le pone “techo” a los privados y únicamente “piso” a CFE, lo cual le estaría abriendo la puerta a un escenario complejo.

Una CFE incapaz para poder invertir

  • Al eliminar prácticamente el mercado eléctrico mayorista y, por lo tanto, desincentivar la inversión privada para la generación de energía se estará creando un monopolio en el sistema eléctrico nacional, con una CFE incapaz económicamente de invertir en fuentes de generación eficientes y que encaminen a México a las metas que nos comprometimos para lograr la transición energética.
  • También es importante ver en perspectiva las condiciones que se propician alrededor de las economías de libre mercado y las que se generan alrededor de los monopolios, así como el impacto de esas condiciones en los consumidores.
  • En las economías de libre mercado, al abrirse la competencia a varios oferentes generalmente quien resulta ganador es el consumidor final, pues esta competencia hace que les llegue un mejor producto y a mejor precio, en este caso energía limpia y barata.

Golpe de tres bandas

  • El común denominador en los monopolios es que, al tener al consumidor cautivo, la empresa oferente —en este caso CFE— no tiene incentivos para mejorar el precio o la calidad de su producto o servicio, lo cual se traducirá, en este caso, en una afectación al medio ambiente, a la salud y a los bolsillos de los mexicanos.
  • Coincidimos, y así lo hemos expresado, en que la política energética del país no puede estar diseñada para beneficiar a ninguna empresa privada, pero tampoco a ninguna empresa pública. Tiene que estar diseñada para beneficiar a los mexicanos, permitiéndonos el acceso a energía limpia que cuide nuestra salud y garantice precios económicos.
  • El abrir la generación a la libre competencia, hace que un insumo tan básico como la electricidad, llegue a los mexicanos con mejor calidad y a menor precio, manteniendo clara la soberanía eléctrica en la transmisión y la distribución (Continuará).