Desde 2021 se encuentra en una quiebra financiera el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), que le costó al gobierno estatal 280 millones de pesos.
Para este año se calcula le costará unos $350 millones y está en camino a una quiebra técnica a fines de 2026 o principios de 2027, cuando se le acabe sus reservas territoriales últimos recursos, y no les quede pagar las jubilaciones y pensiones.
Ante los diputados de la Comisión Especial para la Atención de la Situación del Isstey del Congreso, Roberto Díaz García como integrante del comité de expertos que integró el Ejecutivo estatal para buscar una solución a la quiebra del Isstey, destacó que este no es un problema exclusivo de Yucatán, se da incluso en todo el mundo, el problema está en que los otros ya lo están resolviendo, y aquí todavía no lo hacen.
María Isabel Heredia Rodríguez, directora del Isstey, al plantear la situación actual de esta institución informó que actualmente tienen 31,000 derechohabientes, 7,500 jubilados, todos con prestaciones médicas, sociales y económicas, con un crecimiento considerable de los que se jubilan, que tan solo este año se estima serían más de 1,000, cuando hasta en 2016 o 2018 no pasaban de unos 400 o 500 al año.
Integrantes del Comité de expertos sobre la crisis del Isstey
Como estaba previsto, esta comisión realizó ayer una reunión de trabajo con la directora del Isstey y algunos de los integrantes del comité de expertos, que fueron Roberto Díaz García, Santiago Pérez Arjona, Elsy Mezo Palma, María Gilda Segovia, Leticia Cano Álvarez, Felipe Ortegón Bolio y José Antonio Silveira Bolio.
Crescencio Gutiérrez González, diputado de Nueva Alianza y presidente de esta comisión, anticipó que esta sería la primera de una serie de reuniones que tendrían, tanto con la directora, como con los integrantes del comité de expertos, para buscar una solución al problema de quiebra de esta institución, la de ayer fue solo para conocer la situación general del instituto y en lo que vienen trabajando.
Eduardo Sobrino Sierra, diputado del PRD, pidió a los comparecientes que ante todo la solución que se acuerde debe ser sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, “no tenemos porqué cargarle los problemas a los trabajadores, tenemos que solucionarlos, sin afectar sus derechos, no sabemos si el problema de hoy fue por malos manejos o lo que haya sido, lo que sabemos es que tenemos que solucionarlo”.
Gaspar Quintal Parra, del PRI, además de apoyar el señalamiento del perredista en favor de los trabajadores, añadió que lo importante es aclarar y precisar la mala información que hay sobre lo que pasa en el Isstey, pero sobre todo que se tome este problema sin demagogia, que sea lo más claro y transparente.
Inicia sesión entre dimes y diretes por ”falta de diagnóstico”
Rafael Echazarreta Torres, de Morena, cuestionó el hecho de no haber visto en las presentaciones un diagnóstico del problema, que los argumentos planteados por el comité son cuestionables, no se abordó el problema de posibles malversaciones de los recursos, que pudieron ser el principal factor que llevó al Isstey a esta situación entre otras cosas, y deslindar responsabilidades.
Jesús Pérez Ballote, diputado del PAN, lamentó que algunos de sus compañeros (en alusión al morenista sin decirlo) no entiendan lo que se plantea y pidió disculpas por los comentarios que se hubiesen vertido ofendiéndolos, cuando no se debe politizar esta situación.
Elsy Mezo Palma, funcionaria de la Uady y ex tesorera del Estado, como integrante del Comité de Expertos, aclaró que su trabajo no es hacer auditorías, sino analizar el problema y buscar soluciones, es precisamente en lo que trabajan, van a lo técnico y que funcione.
En la exposición del problema Díaz García planteó que es una situación mundial, los esquemas sociales, de estructura y financieros se instauraron en los años 70, con la estructura que se tenía en los 40, que hoy ya no funciona por muchas razone.
Crece la expectativa de vida de los jubilados
Una de las principales es que la expectativa de vida hoy es de hasta 76 años, cuando antes era de hasta los 50, hay mucho más jubilados de los que se esperaba tener.
Para confirmar esta situación la directora expuso que en enero de 2018 iniciaron con 4,546 jubilados, terminaron en diciembre con 5,250, en 2019 acabaron con 5,929, el año siguiente con 6,547, en 2021 con 7,021 y este 2022 hasta el pasado mes de mayo ya tenía 7,549, ya están en trámite 130 más, esperan terminar el primer semestre con 500 y al final de año con mil más, entre otras situaciones.
Al responder la pregunta de Dafne López Osorio, sobre cuando ya no habría para pagar a los jubilados, Díaz García le dijo que sería a fines de 2026 o principios de 2027 cuando ya se hubiesen acabado lo último que les queda, que son las reservas de tierras en Ucú valuadas hoy en más de tres mil millones de pesos, considerando que desde 2021 se acabaron sus reservas de dinero y caer en la quiebra financiera que subsana el gobierno del estado con aportaciones extraordinarias.
El hotel balneario y tienda del Isstey “solo tienen pérdidas“
A los problemas financieros que enfrenta el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) se le suman los del hotel balneario cerrado en Progreso y la última tienda que les queda abierta en esta ciudad, ya que ambos arrojan pérdidas, y aun no deciden que harán en esos dos casos, dijo ayer María Isabel Rodríguez Heredia, directora de esa institución.
“El hotel está cerrado desde la contingencia del Covid-19, no está listo para operar. Todavía se evalúa la posibilidad de abrirlo, por lo mucho que cuesta tenerlo abierto, sobre todo en situación de pandemia, en 2018 cuando funcionaba nos costó más de 20 millones de pesos”, declaró María Rodríguez.
Entrevistada en el Congreso local, luego de comparecer ante la comisión especial para la Atención de la Situación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), la directora también informó que ya cerraron una de sus dos tiendas, y la única que funciona es la ubicada en la calle 60 con 47 y, al igual que el hotel, siempre ha arrojado pérdidas.
En medio de los constantes señalamientos de la quiebra financiera de esta institución, su directora precisó que el hotel de Progreso siempre les ha representado un costo muy alto y todo el tiempo operó con números rojos. También señaló que la propiedad ha tenido deterioro por estar frente al mar.
“El hotel nunca se ha planteado como algo redituable en el sentido financiero, sino como una prestación que se otorgaba a los derechohabientes, como recreativo. No se usaba por ser redituable, y siempre ha arrojado pérdidas importantes”, puntualizó.
Servicios eran prestaciones a trabajadores
María Rodríguez informó que esas instalaciones en Progreso la mantienen con pocos empleados, solo para que le den el mantenimiento indispensable, cuestiones de limpieza y mantenimiento. Señaló que muchos de los trabajadores fueron reubicados a donde se les requiere.
“Estamos en planes para ver qué se hará, realmente la pérdida es mayor operando. En 2018 cuando funcionaba perdimos más de 20 millones de pesos. No sabemos, no se ha definido si se vende, si se quedará, si se volverá a abrir, no podría responder eso ahora porque no se tiene la información”, remarcó.
En el tema de las tiendas, indicó que después de un análisis se acordó que se podía condensar todo en la de la calle 60, y con esa seguir dando el servicio para que los derechohabientes vayan a cambiar sus vales.
“La tienda tampoco es redituable, pero es como una prestación, se está analizando también qué se hará con la tienda, sin perder de vista que se debe mantener esta prestación de que los trabajadores tengan donde cambiar sus vales de despensa”, reveló.