Sendas propuestas de los legisladores José Crescencio Gutiérrez González (Nueva Alianza) y Rafael Echazarreta Torres (Morena) frenaron ayer el avance de la publicación de las convocatorias para la designación de los titulares de los órganos de control interno del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado (Codhey).
El presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, Erick Rihani González, presentó a los demás diputados el proyecto de la convocatoria para el Inaip.
Gutiérrez González propuso que se incluya entre los requisitos a los aspirantes que cumplan con lo dispuesto por la Ley 3 de 3. Es decir, que no sean deudores alimentarios ni tengan antecedentes de violencia de género.
A su vez, Echazarreta Torres propuso que se incluya, siempre en los requisitos, que el aspirante al cargo de titular del órgano de control interno del Inaip no tenga o haya tenido relación contractual con alguno de los poderes del Estado.
En virtud que la propuesta de incluir la Ley 3 de 3 no está firme en la Constitución yucateca porque está impugnada por la CNDH y la propuesta de Echazarreta no está en la Carta Magna local, el presidente de la comisión otorgó un receso de cinco minutos.
Al Congreso de Yucatán
En ese plazo los diputados integrantes de la comisión debatieron y acordaron turnar las peticiones a la secretaría general del Congreso del Estado para que analice, estudie y evalúe el impacto su procedencia de acuerdo con la norma legislativa vigente.
Como la convocatoria de la Codhey estaba redactada de la misma forma, son los mismos requisitos y procedimiento, se pidió a la Secretaría General que también analice si es factible la incorporación a los requisitos para la selección del titular del órgano de control interno de esta institución.
El presidente de la comisión de Vigilancia argumentó que las dos convocatorias fueron elaboradas con base en la norma vigente y están apegadas estrictamente a ella, pero después accedió a que los juristas del Congreso analicen las propuestas.
Alcaldes yucatecos incumplidos
En la misma sesión los diputados aprobaron por unanimidad un exhorto a los ayuntamientos del interior del estado que cumplan con su obligación de constituir sus órganos de control interno y entreguen la lista de sus asesores municipales profesionales con nombres, domicilio y correo electrónico, en virtud de que muchos no cumplen con esta ley aprobada como una medida de combate a la corrupción y corresponsabilidad de los asesores de los gobiernos municipales.
El acuerdo aprobado recordó que una de las reformas anticorrupción fue para la creación de órganos de control interno de los ayuntamientos porque serían unidades de prevención, detección, sanción y denuncias de actos de corrupción en las administraciones.
En noviembre entrante esta reforma cumplirá un año que fue publicada en el Diario Oficial del Estado, con lo que entró en vigencia, pero muchos ayuntamientos del interior del estado aún no tienen ese órgano de control interno.
Dentro del presupuesto 2023
Ante tal incumplimiento, se hizo un llamado para que cumplan con lo dispuesto por la Constitución local e informen al Congreso. Incluso, se pidió a los alcaldes incumplidos que consideren en sus presupuestos de 2023 los recursos para la instalación de su órgano interno de control.
El diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno, pidió agregar en el exhorto a los alcaldes otro recordatorio de incumplimiento: no han proporcionado la lista de sus asesores municipales, por lo que igual incumplen con la ley.
“Ya se debe llevar un registro de aquellos asesores y profesionales que coadyuven en las labores del ayuntamiento y tengan una responsabilidad en las tareas y obligaciones en términos de ley”, recordó.
“La responsabilidad de los asesores va más allá de lo contractual con los ayuntamientos. Que no se vea como un tema de obligatoriedad sino que generen conciencia que es una medida para apoyar a los ayuntamientos y que hay una responsabilidad de quienes son los asesores. Ojalá que haya una respuesta voluntaria, les ayudará a los ayuntamientos porque este asunto no se termina con el ejercicio del trienio, sino que perdura y hay responsabilidades civiles y penales posteriores”.
La propuesta de Víctor Lozano Poveda recibió el respaldo de Rafael Echazarreta Torres, quien recordó que la corresponsabilidad de los asesores municipales no termina en el trienio de los alcaldes porque sigue la revisión de cuentas públicas y en ocasiones hay juicios.
Herramientas
“Cuando se planteó este punto de acuerdo fue para darle herramientas a los municipios para que sean mejores, tengan una continuidad y el respeto a la norma sea más accesible”, indicó a su vez el panista Erik Rihani González.
“Los asesores deben ser profesionales que trabajen para el bien del municipio, no para el bien propio. En esta Legislatura se refuerza el trabajo de los alcaldes, necesitan utilizar las herramientas con las que cuentan porque aquí encontramos los problemas y les estamos dando solución”, añadió.
En esta sesión también se pidió a la secretaría general del Congreso que elabore la convocatoria para la sustitución de Ariana Carmona, quien concluyó su período como integrante del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.