El abordaje al Poder Judicial prende las luces de alerta sobre el Isstey. Si el tema de la justicia se está manejando en lo oscurito, hay que estar pendientes de lo que se haga con las modificaciones a la ley de ese instituto, que no son cualquier cosa, manifiesta el colectivo ¡Ya Basta!

“Estamos hablando de un acto trascendental… Estamos hablando de la sobrevivencia de una institución (el Isstey) que es la encargada de brindar seguridad social a todos los trabajadores al servicio del Estado de Yucatán”, subraya Blanca Estrada Mora, integrante del grupo promotor del colectivo.

Marysol Canto Ortiz y Nicolás Andrés Dájer, quienes también forman parte del equipo promotor de ¡Ya Basta!, señalan que independientemente “de las chicanadas” que se están cometiendo con el Poder Judicial y las que se podrían replicar en el proceso sobre la ley del Isstey, es claro que el Congreso no está cumpliendo con aplicar el modelo de Parlamento Abierto, al cual está obligado.

Ayer publicamos la primera parte de una entrevista con los integrantes del grupo promotor de ¡Ya Basta!, quienes hicieron notar que los diputados no están acatando la Ley de Gobierno del Poder Legislativo en el proceso relacionado con las reformas al Poder Judicial.

Al ampliar sus comentarios, los representantes del colectivo ciudadano indican que la iniciativa del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, de la cual ya emitió un dictamen la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso, debería estar encaminada a una mejoría en la impartición de justicia, pero no es así.

Lo que se ve, enfatizan, es una iniciativa manejada en lo oscurito, a espaldas de quienes deberían participar en su elaboración por ser los que están directamente involucrados.

Un golpe de Estado

“Quienes no somos abogados vemos un golpe de Estado al Poder Judicial, una toma absoluta para colocar a quienes le convengan al Poder Ejecutivo”, señala la maestra Estrada Mora al referirse al aumento de magistrados que se propone.

“La iniciativa dice que es para robustecer al Poder Judicial. Lo que se ve sí es un robustecimiento, pero de la burocracia”.

Después de recordar los principales puntos de la iniciativa del Ejecutivo, Marysol Canto manifiesta su temor de que esto se trate de “prueba y ensayo” del “garrotazo” que se daría a los derechohabientes del Isstey.

Nicolás Andrés deploró que el Congreso, con mayoría panista, actúe con sumisión al Ejecutivo y se sume a la confabulación contra otro Poder, en este caso el Judicial.

Blanca Estrada se refiere a un aspecto específico de la iniciativa: el haber por retiro de los magistrados, que dejaría de ser de por vida.

“El argumento es que quieren acabar con las pensiones vitalicias y dar un pago único (del haber por retiro) correspondiente a 12 meses de salario, como una liquidación”, apunta. “¿Perdón? ¿Cuál pensión no es vitalicia? Es un argumento utilizado con dolo para generar en el ánimo de la gente que es una cantidad excesiva”.

“Ojo: esto se lo están haciendo a los magistrados del Poder Judicial. No se lo vayan a querer hacer a todos los trabajadores al servicio del Estado… Ojo, ¿eh? ¡Aguas!”, advirtió la exdiputada.

Quienes desviaron recursos del Isstey deben devolverlos, advierten

Los integrantes del grupo promotor de ¡Ya Basta! también indicaron, entre otras cosas, lo siguiente:

  • Con absoluto desparpajo se anuncia que el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado está a punto de la quiebra y el Ejecutivo nombra a un comité de expertos para que digan cómo se va a evitar ese quebranto y que sus opiniones sirvan para fundamentar la iniciativa que se enviará al Congreso.
  • El Isstey se fundó en 1976. Ahora se habla de una inminente quiebra y que hay que hacer una reforma para evitarlo, pero nadie habla de la flagrante violación al artículo 8, fracción 12, de la ley del instituto, que dice: “En ningún caso se podrá disponer de los fondos del instituto, ni aun a título de préstamos reintegrables”.
  • No hay voces que digan por qué se ha llegado a esta situación (de crisis), que digan que por muchos años (en los gobiernos de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello) no se transfirieron al instituto las cantidades que se retenían a los trabajadores en la nómina, por cuotas y créditos.
  • Y no solo no se transfirieron esos recursos, sino que se usaron en otras cosas. Se debe reparar el daño, exigir la devolución a quienes desviaron los recursos.

¿En qué se usó el dinero?

En agosto de 2014 publicamos una entrevista con Ulises Carrillo Cabrera, entonces director del Isstey —en el quinquenio de Ivonne Ortega fue jefe del Despacho de la gobernadora y secretario de Planeación y Presupuesto—, quien admitió que se usó el dinero del Isstey en otros asuntos.

“Decidió —el gobierno— gastar ese dinero en otras cosas, que no son ilegales, ni son un robo o un desvío. Ese dinero del Isstey se gastó dentro del marco legal de los recursos propios de libre disposición y así aparece explicado en la Cuenta Pública”, alegó el funcionario.

A ver qué dice el comité de expertos, porque una vía es hacer que devuelvan dinero los que lo desviaron, pero nadie lo dice.

  • No hemos escuchado a los dirigentes de los trabajadores que son derechohabientes del Isstey, que, además, tienen un lugar en el consejo directivo de la institución.
  • Ya que los sindicatos no son tomados en cuenta, porque a lo mejor no los consideran “expertos”, que al menos exijan al Congreso del Estado que cumpla con la aplicación de Parlamento Abierto, a fin de que expongan lo que opina la base sindical.
  • Esto no es cualquier cosa. Es, como el tema de las reformas al Poder Judicial, un asunto de gran trascendencia, que afecta a miles de trabajadores de los tres Poderes y los ayuntamientos.
  • Hay muchas cosas más. Por ejemplo, ya no es el Isstey el que otorga préstamos a los trabajadores. Al solicitante se le remite a una financiera particular. Por lo que vemos, los intereses que generan esos créditos ya no están entrando a las arcas del instituto. ¿Qué dice el grupo de expertos sobre esto?
  • Con el asunto del Poder Judicial, y lo que podría venir con el Isstey, se ven intentos de ampliar la red de complicidades para mantener la corrupción y su manto protector, que es la impunidad.
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