Con el voto favorable de 16 de los 25 diputados locales, el Congreso eligió ayer a tres nuevas magistradas y a tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Las designaciones se hicieron en medio de señalamientos de legisladores de Morena de presuntas ilegalidades y la acusación de que Graciela Torres Garma, una de las electas, viola la ley porque hizo el compromiso constitucional sin haber renunciado a su cargo de consejera de la Judicatura.
La bancada del PRI (tres diputados), al igual que la de Morena (cuatro legisladores) y el perredista Eduardo Sobrino Sierra anularon sus votos como protesta.
El priista Gaspar Quintal Parra dijo que “no se propusieron en las ternas a jueces con trayectoria en ese poder, tampoco se presentaron perfiles idóneos ni con experiencia jurisdiccional”.
La diputada Vida Gómez Herrera en tres ocasiones también anuló su voto, y en otras tres ocasiones votó por algunos candidatos.
Los que mantuvieron su voto para elegir a magistrados fueron los 14 diputados del PAN, con sus aliados del PVEM y Nueva Alianza, para sumar los 16.
A los señalamientos y acusaciones que desde su curul gritaba el morenista Rafael Echazarreta Torres contra estos nombramientos, Víctor Hugo Lozano Poveda, diputado del PAN y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, lo calificó de “una controversia artificial”.
“ No hay nada que discutir, estamos hablando de romper el orden de un período extraordinario”, expuso, “estamos hablando de arrebatarle la voz sin tener siquiera un poco de respeto a una dama que está en la presidencia de la mesa directiva del Congreso, siendo grosero y una vez más mostrando el poco oficio político que se tiene, por eso pedí una moción de orden”.
Nombres
Los nuevos integrantes del Tribunal Superior de Justicia son Patricia Gamboa Wong, quien entró en lugar de Santiago Altamirano Escalante; María Carolina Canto Valdez, quien sustituirá a partir del primero de julio a Ricardo Ávila Heredia.
Alberto Salum Veltre, quien entrará en la misma fecha que la anterior por Mygdalia Rodríguez Arcovedo; Graciela Torres Garma, entra por Ligia Cortes Ortega; Mario Correa Ríos en lugar de Luis Esperón Villanueva, y Adolfo González Martín por Marcos Celis Quintal.
Cuando se disponían a cumplir con el compromiso constitucional el segundo bloque de los electos para integrar el Tribunal Superior de Justicia, desde su curul el morenista Echazarreta pedía la palabra para tratar de impedir la ceremonia, pero no se la dieron.
Al concluir las ceremonias de nuevo desde su curul a gritos porque no le daban el uso de la palabra señalaba que se incurrió en un acto ilegal, por lo menos en el nombramiento de Graciela Torres, ya que es consejera de la judicatura del Estado.
El artículo 68 Constitucional establece que los cargos de magistrados y consejeros solo son renunciables por causa grave calificada y tiene que aprobarlo el Congreso, lo que no se ha hecho con esa nueva magistrada.
Ante esa situación y por interrumpir a la presidenta de la mesa directiva, Ingrid Santos Díaz, diputada del PAN, desde su curul Lozano Poveda pidió una moción de orden para clausurar la sesión extraordinaria del Congreso.
Al terminar este tercer período extraordinario de sesiones, Quintal Parra declaró que se perdió la oportunidad de lograr una verdadera modernización del Poder Judicial, porque no se presentaron perfiles idóneos ni con experiencia jurisdiccional para cubrir las magistraturas vacantes en el Tribunal.
A su decir, la fracción legislativa del PRI decidió sufragar en contra anulando sus votos en señal de protesta y recalcó que el Ejecutivo desperdició una valiosa oportunidad para hacer una renovación profunda.
El coordinador de la bancada priista recordó que recientemente el Congreso aprobó la reforma judicial, en la que se incluyó el respeto de los derechos laborales de los trabajadores, así como la obligatoriedad de la creación de la carrera judicial, por lo que lamentó que los jueces no fueron tomados en cuenta en las ternas para nombrar a los nuevos magistrados.
“Es un desperdicio que no se dieron estos primeros pasos al no proponer a gente con carrera judicial y que no se tomó en cuenta la experiencia de muchos años de estos servidores públicos que se encuentran en la primera instancia, como los jueces de control. Ojalá que los nuevos magistrados al menos sepan hacer amparos”, afirmó.
En la misma sesión se aprobó por unanimidad el dictamen referente al adelanto de partidas presupuestales que podrán gestionar las autoridades municipales de Dzemul, Hunucmá, Temax, Teya, Tizimín y Tzucacab, mismas que se destinarán a inversiones públicas productivas, y la modificación de sus leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2022.
