Yucatán es de los pocos estados del país en donde los índices de violencia y criminalidad no crecieron, a partir de que el presidente Felipe Calderón Hinojosa inició “La Guerra contra el Narco”, en 2006.

Según especialistas en temas de seguridad, esto se explica por la buena colaboración institucional registrada entre las autoridades estatales y federales, aunque éstas pertenezcan a distintos partidos políticos.

El mejor ejemplo de esto es la masacre de 2008 registrada en Yucatán. Ese año, organizaciones criminales asesinaron a 13 personas, a 12 de las cuales les cortaron la cabeza, un hecho nunca visto antes en el estado. Empero, la estrecha colaboración entre los gobiernos del panista Calderón Hinojosa y el de la priista Ivonne Ortega Pacheco, desactivó ese conflicto, dicen las investigadoras Shannan Mattiace, experta en Ciencias Políticas del Allegheny College, Meadville, Pensilvania, y Sandra Ley, profesora asociada de la División de Estudios Políticos del CIDE.

Ambas publicaron la nota de investigación “Yucatán como excepción al aumento de la violencia criminal en México”, en el que sostienen que la permanencia de Luis Felipe Saidén Ojeda al frente de los organismos de seguridad pública en el estado, durante más de 10 años seguidos, explica los bajos niveles de violencia y criminalidad en Yucatán.

Según ellas, otra causa es la coordinación institucional acordada entre las corporaciones policiacas federales, estatales y municipales, no obstante la alternancia política en la entidad.

Yucatán, un estado seguro

En su texto, las investigadoras recuerdan que el periodo de Ivonne Ortega Pacheco, de agosto de 2007 a septiembre de 2012, coincidió en su totalidad con la administración de Calderón Hinojosa, cuya guerra contra el narco ocasionó la muerte de más de 250,000 personas.

A pesar de la alternancia de partidos locales y del aumento de la actividad criminal en todo el país, la violencia se mantuvo estable en el periodo de Ortega Pacheco. En ese tiempo la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes se mantuvo baja, con su pico más alto de 2.7 en 2011. Esta estadística continuó así en el gobierno de Rolando Zapata Bello.

No obstante estas cifras, Ortega Pacheco enfrentó desafíos por parte del crimen organizado, sobre todo del Cartel de Sinaloa, “un nuevo actor criminal que ingresó a Yucatán en 2007”.

El desafío del Cártel de Sinaloa a Yucatán

 Como ya se dijo, en 2008 se encontraron 12 cadáveres decapitados envueltos con narcomensajes en contra de Luis Felipe Saidén Ojeda, quien había sido secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Víctor Cervera Pacheco (1995-2001).

Las autoridades identificaron al Cártel de Sinaloa como responsables de esa masacre, la última registrada en Yucatán.

La pregunta que se hacen las investigadoras Shannan Mattiace y Sandra Ley es ¿cómo y por qué no se multiplicaron aquí hechos tan violentos como pasó en otros estados, en medio de la Guerra contra las Drogas?

Una de las hipótesis de las autoras del estudio es que a diferencia del PRD, el PRI no impugnó la victoria electoral de Felipe Calderón Hinojosa en 2006 y fue un aliado legislativo.

Como resultado, la relación entre el gobierno federal del PAN y los gobernadores del PRI se caracterizó por la cooperación, mientras que el conflicto y la confrontación permearon la relación entre el presidente y las autoridades locales del PRD.

Como consecuencia, la violencia aumentó significativamente en los estados perredistas, se contuvo relativamente en los estados bajo el dominio del PRI y disminuyó en los gobernados por el PAN.

De acuerdo con las investigadoras, Calderón no cuestionó la victoria de Ivonne Ortega en las elecciones estatales de 2007.

“Rápidamente la felicitó al día siguiente de la elección, a pesar de que fue un duro golpe para el PAN. Yucatán fue la primera elección estatal que perdió el partido en la era de Calderón, luego del amplio apoyo que éste recibió del estado en las elecciones de 2006”.

Alianza federal y estatal, clave para la seguridad en Yucatán

Aunque procedían de partidos distintos, Calderón e Ivonne Ortega, añaden, pudieron trabajar juntos en desafíos de seguridad clave, incluido el caso de los 12 cadáveres decapitados en 2008.

De hecho, los gobiernos municipales, estatales y las fuerzas de seguridad federales colaboraron estrechamente.

“La misma noche de las decapitaciones, por ejemplo, Ortega Pacheco fue llamada a Ciudad de México para reunirse con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y otros altos funcionarios de seguridad”, dice el texto de las investigadoras.

“A pesar de los narcomensajes, Calderón reiteró su total apoyo al gobierno de Ortega y a Saidén Ojeda, y éste correspondió con su total apoyo y coordinación con las Fuerzas Armadas federales para combatir el narcotráfico en el estado”.

Para el verano de 2012, más de 2,000 militares mexicanos estaban estacionados en Yucatán, evidenciando la coordinación entre los niveles de gobierno.

“Esta cohesión desincentivó a los grupos de la delincuencia organizada a continuar intensificando la violencia, tanto en términos de frecuencia como de visibilidad”, dicen las investigadoras.

Como conclusión, Shannan Mattiace y Sandra Ley afirman que la larga permanencia de Saidén Ojeda en los aparatos de seguridad, aunque ha traído buenos resultados, el depender de un solo actor “puede poner en riesgo este delicado equilibrio” (en la seguridad en Yucatán), y advierten: los eventuales cambios en el aparato de seguridad en el estado podrían transformar drásticamente las tendencias de violencia que ha experimentado Yucatán hasta ahora”.