El Catálogo de Políticas Públicas y Actos Gubernamentales Trascendentales 2023 es, como los de años anteriores, un mamotreto que representa una simulación de las autoridades y un engaño a la ciudadanía, sostiene Blanca Estrada Mora, presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy), A.C.
La dirigente sustenta su señalamiento en los siguientes puntos:
- Las autoridades obligadas a proporcionar información para el catálogo —los poderes Ejecutivo y Legislativo y los 106 ayuntamientos del Estado— “ponen lo que quieren”. Más adelante cita ejemplos.
- La autoridad responsable de acopiar la información y publicar el catálogo —el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Iepac)— se limita a recibir lo que le turnan, sin siquiera analizarlo, porque solo así se explica el resultado final.
- El catálogo contiene una serie de acciones que están muy lejos de ser actos trascendentales, pues son obligación de la autoridad. Presentarlos como trascendentales es un engaño a los ciudadanos.
- El Ejecutivo estatal y el Ayuntamiento de Mérida no incluyen obras que ya anunciaron públicamente, quizás es un intento de bloquear alguna solicitud de plebiscito, aunque de todas maneras sí se puede promover esta figura en obras no consideradas en la lista.
- Peor aún, el Poder Legislativo sale de sus facultades al considerar acciones que son ejecutivas.
“Para empezar, hay que definir bien qué es una política pública y un acto trascendental”, subraya la profesora Estrada Mora.
¿Y la participación?
La presidenta de la Fecuy hace notar que detrás de la maraña de proyectos e intenciones que se plasman en el documento hay algo importante que, contradictoriamente, se minimiza: la participación ciudadana, que se supone es el propósito medular de la difusión del catálogo.
A continuación explica:
—Tenemos en vigencia desde hace 16 años la Ley de Participación Ciudadana que regula el Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa Popular en el Estado de Yucatán. En esta legislación se establecen cuestiones que tienen que ver con asuntos públicos, fundamentalmente con estas tres figuras.
—Los Poderes Legislativo y Ejecutivo y los 106 ayuntamientos están obligados a presentar, en noviembre de cada año, un catálogo de acciones que pretendan realizar durante el ejercicio siguiente.
—El organismo encargado de recibir, analizar y publicar el catálogo es el Iepac. Hace pública una primera versión y, si no hay objeciones, publica una versión firme. En esta ocasión, el acuerdo para la publicación del documento definitivo se tomó el 12 de enero.
—De acuerdo con la ley, la ciudadanía puede —cumpliendo una serie de requisitos— solicitar la realización de un plebiscito dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del catálogo.
Cuando se trate de políticas públicas o actos del Ejecutivo con impacto en todo el territorio estatal, el plazo se extiende a los 45 días naturales posteriores a la publicación.
“Una simulación”
La maestra Estrada Mora, quien también forma parte del grupo promotor del colectivo ¡Ya Basta!, señala que en este caso hay una simulación de que se está privilegiando la participación ciudadana, desde el lado de quienes presentan el catálogo (las autoridades obligadas) hasta quien lo recibe (el Iepac).
Enseguida cita ejemplos de lo que se puede ver en el documento:
—El Ejecutivo menciona la creación de políticas públicas dirigidas a la mujer y a la población maya-hablante, y entre ellas cita los programas Peso a Peso y el conocido como “Cabecitas blancas”.
—En construcción de infraestructura básica considera como acto trascendente el programa Casa Digna en cuatro modalidades. Una es la de cocina ecológica con estufa y chimenea.
—El inciso C, de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional, aparece “sin registro”, lo mismo que el H, que es de “otro”.
—En el inciso F se habla de la desincorporación y enajenación de bienes del dominio público. Ese rubro aparece “sin registro”, pero se indica que la acción de desincorporación y enajenación “se da conforme a las necesidades que día con día presentan las dependencias y entidades de la administración pública estatal”.
Por lo tanto, se advierte, los bienes a desincorporar y enajenar durante 2023 “serán los que soliciten las propias dependencias y entidades para su buen funcionamiento”.
Aviso anticipado
“O sea, dice sin registro para que mañana pongan lo que se les ocurra”, apunta la entrevistada. “Y nos lo están advirtiendo: saldrán con el pretexto de que surgió la necesidad y por eso tienen que vender”.
En el inciso C, el Ejecutivo se refiere a “los programas de salud pública, educación y patrimonio artístico e histórico”. El único punto mencionado es Programa de Movilidad Internacional.
“¿Sabes qué es eso? Yo tampoco”, dice la profesora Estrada Mora (Continuará).