“Siendo las 10:16 de este día 22 de marzo de 2023 se dicta auto de vinculación a proceso…”, dijo la jueza Maritza Virginia Polanco Sabido en referencia a las ocho personas originarias del pueblo maya de Sitilpech acusadas de ataques a las vías de comunicación cometidos en pandilla, en atención a una denuncia del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) del gobierno del Estado, al concluir la segunda audiencia del proceso en el Centro de Justicia Oral de Kanasín.
En la resolución, la jueza primera del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal dijo que la defensa no presentó datos de prueba a favor de los imputados, por lo que consideró que las declaraciones hechas por testigos y presentadas en la primera audiencia por la Fiscalía General del Estado (FGE) eran suficientes para establecer la probabilidad de coautoría.
¿Quiénes son los habitantes de Sitilpech vinculados a proceso?
Los vinculados a proceso son Mario Jesús P.M., alias “Macuayer”; Alejandro P.K., “Don Necho”; Juan Diego V.C., “Soda”; María Victoria P.M.; Jesús Ariel U.O., “Plomo”; Arturo A.M., “Roba Vaca”; Israel E.C., alias “Neca”, y Herber U.O., “Águila”, integrantes del colectivo “La Esperanza de Sitilpech”.
Erik Pérez Loyo, abogado defensor, solicitó al inicio de la audiencia la no vinculación a proceso y expuso lo que, a su juicio, son inconsistencias en el proceso por parte de la Fiscalía.
En primera instancia, señaló que la dependencia no procesó el lugar de manera adecuada e hizo hincapié en que no existen objeto asegurados, como piedras, palos, machetes y llantas con los que los señalados habrían bloqueado la carretera estatal Izamal-Cenotillo tramo Sitilpech-Tunkás en febrero pasado, como protesta contra la granja “Kankabchén II” a la que acusan de contaminar el aire y el agua en esa zona rural.
“Es ilógico que de todas las fotografías que presentó la Fiscalía en ninguna aparezcan mis representados.”
“Tampoco se estableció el actuar de cada uno ni una descripción física por los declarantes. También se habló de disparos en el lugar, pero no fueron asegurados casquillos porque no se procesó el lugar”, expuso el abogado.
Caso Sitilpech: abogado defensor afirma que los testimonios son “copia y pega”
Además, hizo el señalamiento de que los cinco testimoniales tienen la misma narrativa y al momento de dar nombres, los mencionan en el mismo orden. “Es copia y pega”, aseguró.
La representación social debatió la argumentación, dijo que el trabajo realizado por la Fiscalía fue eficaz, pertinente e idóneo, por lo que existían elementos suficientes para la vinculación a proceso.
Recordó que una testigo señaló que recibió una llamada en horas de la madrugada del 18 de febrero y llegó al lugar, donde tomó fotografías del delito que se estaba cometiendo, misma fecha en que policías estatales desalojaron a los inconformes.
“Se tomó la foto de la obstaculización, no de las personas. Hay elementos de convicción, la obstaculización sí se dio”, dijo la abogada.
En cuanto a los casquillos, indicó que no se encontraron porque no son objeto de debate ni materia de imputación e hizo el señalamiento a la defensa, de que, si así lo hubiese querido, mandaba a llamar a los declarantes para corroborar lo que dijeron a los investigadores.
Mes y medio para la investigación en el caso del bloqueo carretero

Tras el debate, que no duró muchos minutos, la jueza resolvió que hay suficientes datos de prueba para dictar el auto de vinculación a proceso de las ocho personas acusadas de ataques a las vías de comunicación.
La Fiscalía pidió un mes y medio para la investigación complementaria, solicitar un informa de daños al Incay y realizar trabajo social a los vinculados.
También pidió a la juez mantener las medidas cautelares que consisten, básicamente, en no salir del estado y acudir a firmar en los primeros días de cada mes todo el tiempo que dure el proceso.
Al salir de la sala de juicios orales, los abogados de la Fiscalía y el asesor jurídico de los demandantes se retiraron sin dar entrevistas, en tanto el abogado Pérez Loyo señaló que van a “ser prácticos” en la defensa de los campesinos mayas.
“Somos respetuosos del estado de derecho. Cuando uno no queda conforme, pues existen los recursos legales, en este caso la apelación, pero vamos a ser más prácticos”.
Conflicto en Sitilpech: señalan que hay contaminación ambiental
“Así como ellos están respondiendo el día de hoy con ciertas conductas que se les están atribuyendo, también vamos a buscar que ciertas personas respondan por ciertas conductas que se pueden estar dando”.
“Caso específico, la contaminación ambiental, creo que es un tema muy particular que tiene que permear. Está catalogado como delito en nuestro código penal y si se está dando esa contaminación, pues que también respondan”.
“No vamos a desgastarnos en esta cancha, que es a la que nos trajeron. La cancha donde vamos a pelear la tenemos clara y sobre esa se va a comenzar a trabajar”.
Expuso igual que van a buscar una salida alterna como una suspensión provisional para no llegar a juicio.
Conflicto por contaminación de agua y aire en Sitilpech
El conflicto en Sitilpech por la contaminación del agua y el aire comenzó en 2021, cuando un grupo de 100 pobladores, asesorados por Kanan derechos Humanos, presentó una demanda de amparo que les fue admitida en julio por el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Mérida, porque no se hizo una consulta al pueblo maya de esa comisaría izamaleña para la construcción de la granja que fue autorizada durante la primera administración municipal de Warnel May Escobar (2015-2018).
Luego de ser admitida la demanda de amparo, los pobladores comenzaron a realizar distintas marchas y protestas pidiendo que se otorgue la suspensión provisional de las labores en la granja.
En una protesta realizada en febrero de 2022, vecinos de Sitilpech “cerraron” simbólicamente la granja y pidieron a las autoridades otorgar a suspensión de la misma.
Meses después, en mayo de 2022, el Juez de Distrito otorgó la suspensión definitiva para que el Ayuntamiento de Izamal y la Conagua verifiquen el adecuado funcionamiento de la granja.
También hay manifestaciones en Sitilpech a favor de la granja
Esto generó, por el contrario, que habitantes de la misma comunidad y otras cercanas que laboran en la granja realizaran manifestaciones y protestas en espacios públicos en defensa de la granja, a la que la Conagua le suspendió el uso de agua, y a favor de su economía.
En su momento aseguraron que la granja no contamina y opera con estándares internacionales, por lo que es una fuente importante para la economía de la zona.
Los representantes de “Kankabchén II” iniciaron un proceso judicial contra “La esperanza de Sitilpech” y 10 meses después, en enero de este año, lograron que el juez del Tribunal Colegiado, Jorge Enrique Edén Winter, desechara la demanda de amparo y reabriera la granja, argumentando que las investigaciones realizadas arrojaron que las acusaciones era infundadas.
“Las razones por las cuales se suspendieron las operaciones nos parecían absurdas, nadie de los que conocemos como se trabaja y se hacen las cosas ahí puede entender cómo se puede hablar de contaminación del agua si no se vierte al suelo”, comentó en su momento Álvaro Rodríguez Ramírez, supervisor de mantenimiento dle lugar.
“Muchas veces se invitó a los ambientalistas a que visiten la granja, conozcan de forma presencial cómo se trabaja, cuales son las normas, procedimientos y equipos, pero nunca lo hicieron, jamás respondieron a las invitaciones.
“¿Cómo pueden acusar a una granja de contaminar si desconocen cómo se trabaja?”, abundó.
Bloqueo de una carretera y del acceso a la granja en Sitilpech
El 14 de enero pasado “Kanan Derechos Humanos” y “La Esperanza de Sitilpech” indicaron que su lucha sigue.
El día 11 de febrero un grupo de habitantes de Sitilpech bloqueó el paso de un camión cargado con 300 cerdos que se dirigía a la granja y lo liberaron para que regresara a Mérida.
Ese mismo día los pobladores bloquearon la carretera hasta que fueron desalojados por la policía estatal y municipal de Izamal el 18 de febrero durante la madrugada, pero las protestas y el bloqueo continuaron hasta el 24 de febrero. Días después el gobierno del Estado interpuso la demanda penal.
El 2 de marzo pasado integrantes del grupo de Sitilpech y Kanan Derechos Humanos, A.C., decidieron no asistir a una mesa de diálogo convocada por la empresa relacionada con la granja, integrada por representantes gubernamentales, de cámaras empresariales y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
