Fachada del Palacio Municipal de Tecoh. El actual alcalde, Joel Isaac Achach Díaz, fue blanco de observaciones —con otros tres funcionarios municipales— de la ASEY durante su anterior gestión, del trienio 2015-2018
Fachada del Palacio Municipal de Tecoh. El actual alcalde, Joel Isaac Achach Díaz, fue blanco de observaciones —con otros tres funcionarios municipales— de la ASEY durante su anterior gestión, del trienio 2015-2018

Una denuncia de desvíos en Tecoh, basada en una auditoría oficial, puso en evidencia una red de complicidades en las instituciones que deberían investigar y sancionar los actos ilegales de una autoridad, de acuerdo con el denunciante.

Manuel Francisco Lizarraga López es protagonista medular de este caso. Ha seguido de cerca las observaciones y conclusiones de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) sobre las revisiones financieras al Ayuntamiento 2015-2018 de Tecoh, que presidió el priista Joel Isaac Achach Díaz. Éste ocupa de nuevo el cargo en el trienio 2021-2024.

La ASEY dictaminó un probable desvío en la gestión 2015-2018, pero nada ocurrió a pesar de que el sucesor de Achach Díaz en la administración 2018-2021, Felipe Audomaro May Itzá, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con base en el informe de la autoridad auditora.

El propio Lizarraga López, en su calidad de ciudadano, ha recurrido a otras autoridades, como el Tribunal de Justicia Administrativa y el Sistema Estatal Anticorrupción, para conocer el motivo de la inacción en el caso Tecoh.

Ante esa situación, el señor Lizarraga —quien a principios de los años 80 también denunció actos de corrupción atribuidos al entonces alcalde, Fernando Achach Salazar— no duda en afirmar que hay una red de complicidades en las instancias oficiales, diseñadas para proteger las espaldas de unos.

¿Qué sucede en Tecoh?

A continuación, una síntesis del caso, con documentos aportados por el denunciante:

  • La ASEY determinó que en el ejercicio fiscal 2016 hubo un daño patrimonial de casi once millones de pesos al municipio de Tecoh. Ante recursos de las autoridades acusadas —el alcalde y otros tres funcionarios—, la Auditoría dio por solventadas algunas observaciones y el daño fue reducido a poco más de seis millones de pesos.
  • Con los resultados de las auditorías, el alcalde May Itzá presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
  • La Fiscalía llegó a un punto en el cual declaró la investigación en “archivo temporal”, supuestamente por no contar con más elementos para avanzar en las pesquisas.
  • Joel Achach interpuso un recurso de reconsideración ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la resolución causó controversia, pues, de acuerdo con este tribunal, la ASEY basó su determinación en un convenio fiscal que ya no estaba vigente. Es decir, aplicó mal un concepto que se supone conoce bien.

—Ante nuevas diligencias de la parte denunciante, la Fiscalía ratificó su decisión del “archivo temporal”.

  • Manuel Lizarraga acudió al Sistema Estatal Anticorrupción (SEAY) para reportar posibles fallas administrativas o hechos de corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa.
  • En acuerdo del 1 de septiembre de este año, el SEAY admite la queja y le pide al Tribunal de Justicia Administrativa un informe del caso, que se supone ya recibió por el plazo transcurrido.
  • El daño patrimonial que señaló la ASEY data de 2016. Han pasado ya siete años.

Medidas a tomar

En una carta dirigida a Ingrid del Pilar Santos Díaz, presidenta de la mesa directiva, en septiembre de 2021, Manuel Francisco de Jesús Lizarraga López preguntó a la Legislatura qué acciones tomaría la Auditoría Superior del Estado para que sean resarcidas al municipio de Tecoh las cantidades cuyo gasto no pudo comprobar ante esa instancia el Ayuntamiento 2015-2018, que presidió Joel Isaac Achach Díaz.

Silencio legislativo

El firmante sostiene que nunca recibió una respuesta a su misiva, en la que detalló los antecedentes del caso y citó conceptos de la resolución de la ASEY, incluyendo la cita del daño patrimonial ocasionado al municipio.