Una vista de reciente sesión en el Congreso estatal. Sigue la polémica en torno a un aspirante a una magistratura del Tribunal Superior
Una vista de reciente sesión en el Congreso estatal. Sigue la polémica en torno a un aspirante a una magistratura del Tribunal Superior

Líderes de las organizaciones Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) y Todas México lanzaron ayer una advertencia a los diputados del Congreso del Estado y al gobernador Mauricio Vila Dosal si aprueban y permiten que el ex juez de Control Luis Armando Mendoza Casanova sea electo magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

A unas horas que el Pleno del Congreso vote ( hoy miércoles es la sesión ordinaria) por las dos ternas donde elegirán a dos magistrados del Tribunal Superior, la coordinadora de Amisy, María Eugenia Núñez Zapata exigió la aplicación de la “Ley 3 de 3”. Señaló que los antecedentes de violencia y mala aplicación de la justicia del aspirante Mendoza Casanova impide que sea elegible para dicho cargo.

Después de realizar una relatoría de las quejas contra el consejero de la Judicatura estatal Mendoza Casanova y su versión no apegada a la verdad que dio en su comparecencia en la Comisión Unida del Congreso como parte del proceso de selección de aspirantes, Eugenia Núñez afirmó que un juez que manipula la verdad en los juicios no es digno de confianza y tampoco es congruente que el Estado proponga y el Congreso elija a un violentador de mujeres porque tiene como antecedente denuncias por violencia contra sus dos esposas.

“No es viable que él sea magistrado, nuestra agrupación y Todas México del cual tengo el honor de ser integrante pugnamos para que México esté libre de violentadores de mujeres”, indicó. “Todo aquel que tenga un historial de agresor no puede estar ni en la boleta electoral ni puede ser servidor público ni magistrado ni consejero”, señaló la activista yucateca.

“Esta es la oportunidad para que los diputados revisen las falsas declaraciones que dio Mendoza Casanova en su comparecencia, debe de ser destituido y hasta procesado”.

Por su parte, Yndira Sandoval Sánchez, presidenta de la organización Todas México e impulsora de la “Ley 3 de 3” en México, pidió congruencia al gobernador Vila Dosal y en tal sentido que retire de la terna donde está el aspirante acusado de violencia contra la mujer y de violencia institucional.

Exigen se cumpla la ”Ley 3 de 3” en Yucatán

La dirigente también exigió al gobernador que cumpla con los términos de los artículos 1o., 3o. y 34o. de la Constitución federal y que no ponga en entredicho que usó a las mujeres como bandera política cuando fue testigo de honor de la firma de la “Ley 3 de 3” y que en forma inmediata publicó en el Diario Oficial del Estado cuando lo aprobaron los ayuntamientos yucatecos.

De acuerdo con documentos del Poder Judicial del Estado, al menos uno de los integrantes de la primera terna de candidatos a una magistratura del Tribunal Superior de Justicia tendría antecedentes de violencia familiar y se podría violar la “Ley 3 de 3” si lo nombran.

Se trata de Luis Armando Mendoza Casanova, quien incluso en voz de una magistrada actual y asentado en un expediente judicial, no reúne sobre todo las características de ética y moral.

A esto se le suma otro expediente de 2021, donde como parte de una sentencia en segunda instancia por un caso de violación, se instruyó “al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a fin de que por conducto de la Escuela Judicial, se diseñe e implemente un programa de formación y capacitación teórico-práctico, evaluable y medible en su impacto respecto al desempeño profesional de los participantes, para actualizar y capacitar al juez Luis Armando Mendoza Casanova y a la secretaria de Acuerdos que dio fe de la sentencia apelada…”.

En la sesión plenaria de ayer en el Congreso se enlistó entre los asuntos en cartera a resolver un oficio del mismo Mendoza Casanova, mediante el cual presenta su renuncia al cargo de consejero de la Judicatura para que en caso de ser nombrado magistrado no incurra en alguna violación por estar en dos puestos del Poder Judicial del Estado, aunque se espera que esta designación sea la próxima semana.

Como se ha informado el Ejecutivo del Estado envió al Congreso dos ternas de candidatos para nombrar a dos nuevos magistrados, una de ellas la integran Ermilo Antonio Bolio Pérez, José René Sánchez Gil y Mendoza Casanova.

De este último, al comparecer en el Congreso diputados de la oposición solicitaron que se le retire de la terna, y la agrupación de mujeres Amisy presentó acusaciones en su contra las cuales negó al afirmar tener una curricula limpia, sin procesos en su contra, menos sentencias.

Obstáculo para un cargo

Sin embargo, en el acta de la decimoprimera sesión extraordinaria del pleno del Tribunal Superior de Justicia, realizada el 15 de julio de 2022 consta que, como parte del proceso para nombrar a Mendoza Casanova como consejero de la Judicatura del Estado, al discutir su nombramiento, la magistrada Leticia Coba Magaña señaló que:

“En el caso específico del señor Juez Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, debe considerarse que entre los requisitos que establece el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado está no sólo el reunir los que establece el artículo 64 de la Constitución del Estado, sino que el nombramiento recaerá precisamente en personas que se hayan distinguido por su capacidad administrativa, ética y moral, y con todo respeto para el señor Juez, consideró que no reúne esas características…”

Tampoco reúne las características “relativas a la honorabilidad y honestidad, porque es de todos conocido que el juez ha tenido denuncias por situaciones familiares que inclusive trajeron como consecuencia que se le suspendiera del cargo por un lapso de tiempo, añadió.

“Además, es del conocimiento que se ha tenido de sus resoluciones, se advierte tal como se ha dado a conocer al Consejo de la Judicatura, es necesario que se le den cursos de capacitación respecto de temas donde se ven involucrados niñas, niños y adolescentes…”.

Lo anterior prosiguió la magistrada según se asienta en el acta es “porque ha juzgado pasando por alto las disposiciones legales relativas al tema, por lo cual ha revictimizado a los menores, así como en diversos asuntos se le ha exhortado a no revictimizar al denunciante de violencia intrafamiliar, ya que en las audiencias se advierte la forma como se dirige hacia las mujeres e incluso las intimida revictimizándolas, conducta que es preocupante, por lo que la Sala a su cargo lo ha señalado en sus resoluciones, es por dichas razones que anunció su voto en contra del nombramiento del Licenciado Mendoza Casanova”.

Voces de defensa

En defensa de Mendoza Casanova, la magistrada Graciela Alejandra Torres Garma manifestó que “de los datos que se mencionaron, puede abonar datos estadísticos del Consejo de la Judicatura en cuanto a los Jueces de Control, precisamente por los requisitos requeridos, y mencionó que del 1 de enero al 31 de marzo de 2022, realizó 209 audiencias, lo cual, es un punto que lo favorece respecto de lo que señala la Constitución, indicó que el Juez Mendoza Casanova está a la cabeza de los números en cuanto a inicios y conclusiones estadísticamente hablando”.

Pero de lo señalado de “capacidad administrativa, ética y moral”, y las denuncias por problemas familiares, que al parecer se trata de dos penales de parte de mujeres a las que supuestamente agredió, y no procedieron, no dijo nada la magistrada, así como tampoco respecto a que revictimiza a las víctimas de sus casos.

Otro expediente del Poder Judicial que involucra a Mendoza Casanova es el 153/2019.

Se trata de una calificación en segunda instancia emitida por la Sala Colegiada Penal y Mercantil, en la cual revocan una sentencia de absolución que dictó contra un acusado de violación, y el colegiado se la cambió por otra condenatoria, además de instruir al Pleno de la Judicatura a mandar al juez en cuestión (Mendoza Casanova) a un programa de formación y capacitación teórico-práctico, evaluable y medible en su impacto respecto al desempeño profesional de los participantes, para actualizarlo.

Si bien es cierto como se ha dicho en el Congreso, no tienen elementos para negarle si fuera el caso el nombramiento de magistrado, por no existir sentencias penales en su contra, si consta en estos expedientes judiciales del propio Poder Judicial como se ha expuesto, que al parecer incurrió en actos que condenan y castigan la Ley 3 de 3, que protegen a las mujeres y la población en riesgo.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA// JOAQUÍN CHAN CAAMAL

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