“Hago un gran llamado a la legalidad, nadie gana en la ilegalidad”, recalcó en Mérida la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario de México, Maribel Concepción Méndez de Lara, al referirse a la mafia inmobiliaria y agraria que opera en Yucatán.
En una entrevista, la funcionaria dijo que está enterada de la existencia de esas mafias, que han desfalcado a varios yucatecos en los últimos años, de lo que el Diario ha dado cuenta con amplitud.
La presidenta del Tribunal Superior Agrario afirmó que esos actos de compras a bajo precio de las tierras y demás artimañas son susceptibles de nulidades.
También hizo un llamado a denunciar los actos irregulares y a demandar en su caso las nulidades de las operaciones para que sea la autoridad jurisdiccional la que determine.
De igual forma, indicó que son muchas las actividades donde los ejidatarios pueden tener ingresos sin vender sus tierras. Lo que necesitan, añadió, es información ética y una capacitación con enfoque gerencial para que desarrollen el potencial de su propiedad. Sobre la justicia agraria, dijo que se está modernizando.
Conciencia y denuncias
La magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario de México, Maribel Concepción Méndez de Lara, sabe que existe la llamada mafia inmobiliaria y agraria que opera en Yucatán e hizo un llamado a la legalidad.
¿Cómo acabar con la mafia inmobiliaria y agraria que es una cadenita donde participan el empresario, los notarios, abogados, funcionarios y dirigentes ejidales?, le preguntó el reportero durante una entrevista que concedió en las oficinas del Tribunal Unitario Agrario de Mérida.
“Hago un gran llamado a la legalidad, nadie gana en la ilegalidad”, señaló. “Esos actos de compras a bajo precio de las tierras y demás artimañas, la gente se dará cuenta y esos actos son susceptibles de nulidades”.
Según explicó, si una tierra ejidal donde piensan poner un hotel o un desarrollo inmobiliario o comercial entra en conflicto, las partes tienen que esperar que se resuelva el juicio y el costo-beneficio tampoco es mucho para nadie.
“¿Cómo acabarlo? Con conciencia, denunciando los actos irregulares y demandando en su caso las nulidades de la operación para que sea la autoridad jurisdiccional la que determine”, afirmó.
“También creando mucha conciencia al interior de las comunidades y ejidos para que los comisariados, que son el presidente, secretario y tesorero, donde debe haber mujeres en esta directiva, sepan que ellos no son la asamblea, ellos solo tienen que hacer cumplir lo que les manda la asamblea”.
La magistrada destacó que cuando no se llega a acuerdos en las asambleas ejidales y la directiva del comisariado toma los acuerdos, esos tratos se pueden venir abajo porque jurídicamente no fue un acuerdo de toda la asamblea.
Los ejidos necesitan mucha información, tener mayor conciencia del valor de la tierra, que todos los actores sepan sus derechos agrarios y que en los ejidos haya mucha presencia institucional para que eviten una débil gobernabilidad al interior de los núcleos agrarios.
Valor a futuro
La abogada y maestra en Gestión Pública, cuya primera parte de la entrevista publicó el Diario anteayer 21 de mayo, insistió en que los ejidos tienen un tesoro en su tierra ejidal y que no la vendan, sino que se asocien con empresarios, la renten a valores comerciales actuales o emprendan negocios propios de ecoturismo por la gran riqueza de biodiversidad que tienen los ejidos.
“El Tren Maya generará mayor demanda de tierra para el turismo por el funcionamiento de las estaciones”, anticipó. “Es importante que los ejidatarios y la gente sepan el valor del uso del suelo, el potencial que tienen sus tierras y la plusvalía futura de las mismas”.
“En otros países, cuando va a vender la tierra se incorpora la plusvalía futura. En México nos falta mucho considerar en los avalúos este elemento, pero depende mucho del uso del suelo”.
La visita de la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario fue para realizar una revisión del trabajo del Tribunal Unitario No. 34 de Mérida y estuvo satisfecha de los resultados de su titular, José Lenin Rivera Uribe.
Yucatán tiene un rezago de 197 juicios agrarios, donde el expediente más antiguo es de 2005. Este último ya tuvo una sentencia de la autoridad agraria, pero una parte del juicio tramitó un amparo que no se ha resuelto.
“Estamos abatiendo muchísimo el rezago. Cuando empezó el programa de atención del rezago en agosto de 2021 Yucatán tenía más de 400 asuntos, del 2019 a años anteriores sólo quedan 197”, destacó.
“Hoy 18 de mayo (día de la entrevista), tenemos 197 juicios, 48 son de 2019, 41 de 2018 y los demás de los distintos años, la meta es muy ambiciosa. Nos quedan tres meses para salir del rezago, pero vienen los 15 días de vacaciones de julio. Vamos a darles el mayor impulso procesal y hacer todas las acciones a nuestro alcance para alcanzar esta meta”.
Yucatán ya cambió su tendencia de demanda ante las instancias agrarias.
Cuando la magistrada vino hace seis años, los juicios eran por reclamaciones de despojo de tierras, venta ilegal de tierras, irregularidades en las asambleas, hoy los juicios no son en su mayoría por venta de tierras y espera que no sea porque los ejidos ya vendieron todas sus tierras, sino que ahora los ejidatarios sean más conscientes de su valor.— Joaquín Chan Caamal
¿El tribunal agrario todavía no entra en la modernidad de juicios orales?, se le preguntó.
“Los juicios orales en los tribunales agrarios fueron los primeros en el país que se instrumentaron. El juicio oral en la justicia agraria data de 1992, el artículo 178 de la Ley Agraria dice que el juicio será oral, se levantarán sólo aquellas constancias que sean necesaria, tiene una audiencia de ley que es oral y preside el magistrado o magistrada”.
“Al instante y en vivo se fija la contienda, se admiten y desahogan las pruebas tiene un sistema de conciliación que se llama amigable composición”, respondió. “Creíamos que la oralidad venía de 2008 con el nuevo sistema penal acusatorio y la reforma constitucional, pero no, fuimos los pioneros de la oralidad, la materia agraria se olvida, pero el juicio oral ya estaba en México desde 1992”.
Lo que falta para que se equipare la justicia agraria con la penal es que graben en vídeo las audiencias como hace el sistema oral penal. Le falta un poco de tecnología y ya valoran el equipamiento de los tribunales agrarios del país.
“Nuestra mediación en la justicia agraria, no es como en el juicio civil que se suspende el procedimiento. Aquí en todos los juicios, en la audiencia de ley se debe hablar a la amigable composición y pueden llegar a un acuerdo, aun cuando haya una sentencia, pueden acordar en términos de ejecución”, explicó.
“Los juicios agrarios se pueden celebrar de manera remota, el magistrado hace las audiencias de ley vía remota, es por acuerdo del pleno, lo que requerimos es que ambas partes estén de acuerdo. Ha sido tanto el avance que muchas personas migrantes que viven en el extranjero y que son parte demandada, se les emplazaba por medio del consulado y Secretaría de Relaciones Exteriores y no venían a contestar sus demandas, hoy lo hacen vía remota”.
“La justicia agraria se está modernizando, estamos en el mundo digital, hay que considerarlo así. Reconocemos que todavía la conectividad en el campo sí avanza, pero requiere aumentarla, porque el acceso al internet y la banda ancha es un derecho humano”.
“A veces la gente dice que el campo no es inaccesible a la tecnología, que no la manejan allí, no es cierto, hay un gran avance, a través de la migración les traen muchísimos aparatos electrónicos modernos, teléfonos celulares de todo tipo y cada vez la gente del campo está más conectada a las plataformas tecnológicas para relacionarse con sus familiares que viven en Estados Unidos”, sostuvo.
“Usan todos los servicios digitales, el campo está avanzando en el uso de la tecnología, aunque requerimos acelerar los pasos porque sí hay una brecha digital entre el campo y la ciudad”.
Cuando insistió en su llamado para que los ejidatarios no vendan sus tierras, la magistrada presidenta puso de ejemplo a la ex comisariada ejidal de Celestún, a la que conoce como “doña Luz”. Ésta impulsó una campaña para que sus compañeros ejidatarios no vendan sus tierras, sino que hicieran pequeñas empresas.
Ella abrió una cocina económica que hoy da servicio a los turistas que van al puerto y varios aprovechan esta experiencia empresarial para un mejor aprovechamiento de su propiedad ejidal.
Son muchas las actividades donde los ejidatarios pueden tener ingresos sin vender sus tierras, lo que necesitan es información ética y una capacitación con enfoque gerencial para que desarrollen el potencial de su propiedad.
“Queremos que se resuelvan todos los conflictos agrarios para que tengan seguridad jurídica en su patrimonio, que lo hereden y la tenencia sea seguro”, dijo. “Su patrimonio sube de valor cuando no hay conflicto, el conflicto le baja el valor”.
“También queremos que las asambleas sepan que si tienen asentamientos humanos en sus tierras ejidales tienen la facultad de resolverlo, regularizar los predios bajo las normas agrarias, ambientales y urbanas; si van a vender su tierra, que sea a precio justo porque la mancha urbana ya invadió las tierras ejidales”.
El potencial del usufructo de las tierras está en manos de los jóvenes de los núcleos ejidales, que bien pueden estudiar carreras para que pulan ese tesoro en bruto que tienen las tierras ejidales y la riqueza de sus recursos naturales, cultura, gastronomía y la biodiversidad.
“La pandemia del Covid nos enseñó que somos muy vulnerables, que podemos prescindir de muchas cosas, menos de los alimentos, y los alimentos se generan en el campo, y que estamos viendo que la pandemia también originó que mucha gente quiera regresar a vivir al campo”, indicó. “Pueden desarrollar proyectos ecoturísticos, turismo de naturaleza, el campo tiene un gran potencial, pero ¿cuál es la clave? No vendan su tierra, asóciense o sean por sí solos empresarios”.