En lo que fue la penúltima sesión plenaria de la LXIII Legislatura, ayer el Congreso aprobó nueve nombramientos, donaciones de más de 30 predios del gobierno del Estado y tres consultas dirigidas a la comunidad de personas con discapacidad.
Al mismo tiempo, los diputados avalaron reformas a las leyes de educación y salud mental y mas castigos por el incumplimiento de asistencia familiar, la tentativa de feminicidio por ácidos o substancias corrosivas, y el nuevo delito de sumisión química.
La sesión se inició después de las 10 de la mañana y atendieron 20 asuntos. Alrededor de las 14 horas hicieron un receso para realizar una sesión solemne convocada para las 13 horas y reanudaron actividades cerca de las 15 horas para concluir sin discusión alguna entre los legisladores.
En la primera parte de la sesión solo hicieron uso de la palabra Fabiola Loeza Novelo y Rafael Echazarreta Torres, ambos diputados sin partido. La primera habló a favor del Tren Maya. Se aprobó que el gobierno del Estado le done cuatro inmuebles. La legisladora también hizo críticas a Renán Barrera Concha, candidato a gobernador del PAN, PRI y Panal.
Echazarreta Torres hizo señalamientos contra el gobierno federal y salió en defensa de Renán Barrera.
Los primeros dictámenes aprobados fueron para la donación de bienes inmuebles de parte del Ejecutivo del Estado al Banco de Alimentos de Mérida, el Tren Maya, el Poder Judicial del Estado y el Instituto de la Vivienda local.
También aprobaron con 20 votos a favor y dos en contra (no asistieron dos diputadas de Morena y el del PRD) nueve nombramientos.
Designaron como nuevos titulares de los órganos de control interno de las agencias de Transporte y de Inteligencia Patrimonial y Económica y de la Fiscalía del Estado a Carlos Alberto Villamil Calero, Omar Jesús Duarte Perera e Ignacio Güemes Quintal, respectivamente.
Al mimos tiempo, designaron a Griselle Lujano Menéndez como consejera del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y a David Roberto Suárez Pacheco, José Antonio Canto Esquivel, Guillermo Bolio Riancho, Francisca Rosalía Sabido Avilés y Joaquín Manuel Torres Aburto como nuevos integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Luego los diputados aprobaron por unanimidad las reformas al Código Penal en materia de sumisión química o “canasteo”, con el objetivo de que sea tipificado como un delito y se castigue a los autores y copartícipes de este hecho conforme a la ley, contemplándose un castigo de hasta siete años de cárcel.
Al pedir el voto a favor de esta iniciativa, el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda dijo que se trabajó de la mano con la sociedad civil, los gobiernos estatal y municipal, y la iniciativa privada a través de foros para que todas las voces sean escuchadas.
“Defender la integridad humada es una de las prioridades de esta Legislatura. Por eso le concederemos a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia los elementos necesarios para perseguir y castigar a quienes incurran en dichas conductas criminales”, aseguró.
Más adelante se aprobaron las reformas al Código Penal del Estado en materia de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, así como cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal sobre la tentativa de feminicidio causada por ácidos o sustancias corrosivas. Además, se avalaron modificaciones a la Ley de Educación referente a educación dual.
Otras reformas aprobadas fueron a la Ley de Salud y Seguridad Social para modificar artículos de la Ley de Salud Mental. Se determinó no iniciar un procedimiento de investigación al Ayuntamiento de Yaxcabá y aprobaron los protocolos de consultas dirigidas a personas con discapacidad en materia de notariado y de mejores condiciones laborales y salvaguarda. También, aprobaron las propuestas de acuerdo para la expedición de convocatorias.
Congreso Yucatán
Más de los asuntos que se aprobaron en la sesión de ayer del pleno del Congreso.
“Canasteo”
Los diputados aprobaron por unanimidad las reformas al Código Penal en materia de sumisión química o “canasteo”, con el objetivo de que sea tipificado como un delito y se castigue a los autores y copartícipes, con castigos de hasta 7 años de cárcel.
Uso de ácidos
Más adelante se avalaron las reformas al Código Penal del Estado en materia de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, así como cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al mismo Código Penal sobre la tentativa de feminicidio causada por ácidos.