Un grupo de 96 ejidatarios de Ucú continúa una lucha jurídica ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 34, con sede en Mérida, para exigir la anulación de la asignación de tierras y los contratos de compraventa de poco más de tres mil hectáreas que forman parte del Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú.
De acuerdo con los denunciantes, la asignación y los contratos son fruto de una operación ilegal en la que involucran a autoridades agrarias y a exfuncionarios de gobierno.
Los inconformes basan su acusación ante el Tribunal en la simulación de actos jurídicos que, según indican, derivaron en el despojo de esas tierras que eran de uso común e indebida e ilegalmente fueron parceladas a once ejidatarios en contubernio con el comisario ejidal y funcionarios de la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, el Registro Público de la Propiedad y el propio Ejecutivo estatal.
Bajo la sombra del “ivonnismo”
Los demandantes señalan que uno de los principales involucrados en el despojo de tierras es Pablo Castro Alcocer, quien fue director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y recientemente se desempeñó como coordinador territorial de la campaña de Joaquín Díaz Mena por la gubernatura.
Castro Alcocer forma parte del primer círculo de “Huacho” Díaz junto con otros exfuncionarios “ivonnistas” que ahora están en las filas de Morena, como Luis Hevia Jiménez, Dafne López Martínez y Gabriela López Gómez, por citar a algunos.
Nulidad de asambleas
En el juicio agrario, de cuyo expediente tenemos copias, los ejidatarios piden la nulidad de la asamblea del ejido en la que se cambió el destino de uso de las tres mil hectáreas, realizada el 19 de mayo de 2008, y de otra del 22 de agosto del mismo año en la que se asignó la adopción del dominio pleno a los once ejidatarios que se prestaron a esta ilegalidad.
También señalan que la Procuraduría Agraria incurrió en una omisión al no cumplir con sus funciones de vigilante y garante de la legalidad de los actos en materia agraria, pues los dejó a su suerte, y exigen al Registro Agrario Nacional la cancelación de las inscripciones de los certificados parcelarios y los títulos de propiedad expedidos a los once ejidatarios que vendieron las tierras al gobierno estatal.
Apropiación por debajo del valor real
Entre otras irregularidades en las que involucran a las autoridades, los afectados afirman que el gobierno del Estado pagó 360 millones de pesos por las tres mil hectáreas sin un avalúo previo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), violando la ley, cuando el precio real de la tierras es de poco más de 2,871 millones de pesos. Es decir, el gobierno “ivonnista” pagó 800 veces menos el valor de esa superficie ejidal, sostienen.
“Entonces, el estado de Yucatán está obteniendo un lucro excesivo y evidentemente desproporcionado con el pago efectuado…”, subrayan los quejosos en su demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, cuyo titular es José Lenín Rivera Uribe.
Los promoventes recuerdan que el Congreso del Estado le autorizó al Ejecutivo la contratación de un préstamo de $360 millones para destinarlo exclusivamente a la compra de tierras al ejido de Ucú a fin de crear la reserva territorial, pero no para pagar un adeudo histórico y los intereses ordinarios que tenía —y tiene hasta hoy— con el Isstey. En síntesis, enfatizan, se usó el crédito para un fin distinto al autorizado.
“La deuda que primero debe saldarse es con los ejidatarios, no con el Isstey”, puntualizan.
Los 96 afectados consignan otras irregularidades, como el hecho de que no se cumplió con el “derecho de tanto”, que significa que si el ejido quería vender las tierras debió notificarlo primero a los ejidatarios para saber si alguno estaba interesado en comprarlas, tal como establece el artículo 80 de la Ley Agraria. No se cumplió la ley y, por tanto, se debe anular la compraventa, insisten.
Ecosistema amenazado
Otra anomalía que hacen notar es que se violó el artículo 59 de la Ley Agraria, que establece que será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques y selvas tropicales, ya que las tres mil hectáreas en disputa constituyen un ecosistema de tipo selva baja caducifolia, de manera que no se debió parcelar y menos vender.
Para sustentar y motivar su demanda, los ejidatarios presentan 21 pruebas basadas en documentales, inspecciones jurisdiccionales, diversas periciales, confesiones y testimonios.
Los afectados piden al Tribunal Unitario que, ante lo expuesto y fundado de su demanda, fije fecha para la audiencia del juicio y dicte sentencia anulando los acuerdos de las asambleas y todos los actos jurídicos derivados de ellas.
Esto significaría cancelar las inscripciones relativas a este caso y devolver la posesión legal de las tierras a sus legítimos propietarios.
Firman los 96 ejidatarios demandantes, representados por María Antonia Pech Magaña.