El Poder Judicial del Estado no podrá instalar los nuevos juzgados especializados en violencia familiar y en comunidades indígenas, y tampoco tendrá el aumento del 20% al salario de sus trabajadores este año.
Estos son, entre otros, los ajustes que tendrá que hacer por el recorte de más de 200 millones de pesos en relación con lo que solicitó para su presupuesto en 2025.
“La propuesta de presupuesto elaborada por el Poder Judicial tenía como principal objetivo fortalecer la impartición de justicia por medio de la capacitación al personal, la mejora de infraestructura y la modernización de los procesos”, explicó ayer la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Carolina Canto Valdés.
Con ella se “le prestaba especial atención a grupos vulnerables, como niños, mujeres e indígenas, y reconocía con un esfuerzo inédito la labor de la base trabajadora de este Poder”.
A pesar del recorte, reiteró su compromiso de trabajar con responsabilidad financiera para garantizar el cumplimiento de sus funciones y operatividad.
Recortes al presupuesto en Yucatán
El viernes pasado publicamos que de los 1,328 millones de pesos que solicitó el Poder Judicial del Estado como presupuesto en 2025, el Congreso le autorizó 1,067 millones 442,058 pesos; es decir, 261 millones de pesos menos.
Entrevistada en el marco de la sesión solemne del Cabildo de Mérida por el 483 aniversario de la fundación de la ciudad, María Carolina Canto señaló que el Poder Judicial del Estado reconoció las limitaciones presupuestales a escala nacional y su impacto en el presupuesto de egresos de Yucatán.
La magistrada dijo que la diferencia entre la propuesta presupuestal enviada por el Poder Judicial yucateco y lo aprobado por el Congreso implica ajustar y reducir recursos para proyectos destinados a fortalecer la impartición de justicia y mejorar la infraestructura judicial.
Además, anticipó que en estos días hacen un análisis del presupuesto aprobado para definir las metas de 2025.
Juzgado de violencia familiar
Uno de los proyectos que ya no se harían, agregó la funcionaria judicial, sería el del juzgado de violencia familiar, cuya apertura dijo que es crucial por la alta incidencia de casos, tal y como lo reportan la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ambas del Inegi.
En ellas se indica que Yucatán supera la media nacional en violencia contra las mujeres en diversos ámbitos.
De acuerdo con dichas encuestas, continuó, el delito de incumplimiento de obligación de asistencia familiar fue el principal motivo de las carpetas iniciadas, y en segundo lugar está la violencia familiar, donde las mujeres son las más afectadas.
Debido a estas situaciones de violencia, las mujeres tienen que hacer trámites para pedir órdenes de protección, resolver asuntos familiares y delitos penales.
La mayoría de las veces involucrando a menores que son parte de esos conflictos, lo que representa en muchos casos altos costos económicos y emocionales.
Por eso, indicó, la creación de un juzgado especializado en violencia familiar contribuiría a atender las necesidades específicas de las víctimas, agilizar los procedimientos judiciales, optimizar los recursos y garantizar una atención integral.
Sobre el juzgado en comunidades indígenas, dijo que, como se propuso en el proyecto de presupuesto, contribuiría a fortalecer el acceso a la justicia bajo una perspectiva intercultural.
Sin aumento salarial en el Poder Judicial
En relación con el tema de los trabajadores, la magistrada aseveró que el Poder Judicial yucateco continuará las gestiones necesarias para apoyar en la mejora de sus condiciones laborales, sobre todo a los que menos ganan.
La propuesta enviada al Legislativo, recordó, incluía la solicitud de la organización sindical mayoritaria de un incremento salarial del 20% para la base trabajadora.