MÉRIDA, Yucatán.— El gobierno del Estado informa que no solo actas de nacimiento, sino también de matrimonio y de defunción fueron expedidas ilegalmente “por parte de funcionarios del Registro Civil”.
También anticipa que interpondrá dos denuncias por este caso: una penal, ante la Fiscalía, y otra administrativa, ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría General.
Además de las actas apócrifas y la expedición de las mismas sin facultades legales, en este tema —de acuerdo con un comunicado del Ejecutivo— asoman otros delitos como falsificación de documentos oficiales, falta de integración de la documentación requerida y posible daño patrimonial o afectación a terceros.
El gobierno no precisa en qué período se habrían cometido los ilícitos, pero señala que los servidores públicos implicados habrían incurrido en faltas graves establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán.
Probables sanciones
Esas faltas, subraya, pueden derivar en sanciones administrativas, como destitución o inhabilitación, o sanciones económicas, además de las de tipo penal.
Diario de Yucatán publicó el martes pasado, en la columna Plaza Grande, que se detectaron actas de nacimiento apócrifas en poder de indocumentados, al parecer procedentes de Centroamérica.
Según las primeras versiones, esas actas fueron expedidas en Yucatán, con el papel oficial que utiliza el Registro Civil, pero con datos falsos que no constan en los archivos locales.
Rastreo por los folios.
Reporteros de este periódico consultaron sobre este tema a funcionarios vinculados con el trabajo del Registro Civil.
Entre otras cosas, los entrevistados indicaron que si en verdad se utilizó el papel oficial —se le conoce como “papel valorado”— no sería muy difícil el rastreo porque tienen folios electrónicos.
La primera autoridad que tiene contacto con ese tipo de papel es la Consejería Jurídica, que lo recibe ya impreso. La Consejería lo entrega a la Dirección General del Registro Civil y ésta lo distribuye a las oficialías en un período establecido y en cantidades que varían de acuerdo con la demanda de cada oficina.
Con los folios electrónicos se puede ubicar a qué oficialía corresponden las actas apócrifas, sin respaldo en el sistema de datos.
Otra situación sería, indican los informantes, si el papel fuera también falsificado, aunque es más fácil de detectar en cualquier instancia donde se le pretenda usar para algún trámite.
Incluso, revelan que el caso de actas apócrifas no es nuevo, aunque no ha tenido repercusión porque no se les da seguimiento.
Recuerdan casos detectados en 2003 y en 2008, cuando personas de Centroamérica pretendieron pasar como mexicanos ante el entonces Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral (INE).
Los casos fueron aislados y no se les dio seguimiento, aunque las autoridades federales sí bloquearon toda diligencia oficial relacionada con los solicitantes.
Registros irregulares
El mecanismo seguido en el caso destapado ahora sería distinto y no se limitaría al papel oficial, según se desprende del comunicado del gobierno del Estado.
La autoridad dice lo siguiente:
—En el edificio central del Registro Civil (en la calle 65 entre 64 y 66) se observaron inicios de sesión irregulares en el registro de movimientos “del histórico de inicio de sesión de cuentas del Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID)”.
—Al revisar dicho registro se advirtieron cuentas de usuarios que fueron inhabilitadas o creadas sin consentimiento, detectando una vía común entre el uso de estas cuentas, siendo los dispositivos de cómputo asignados al departamento de Informática del Registro Civil.
—Para evitar que continuara su mal uso, las cuentas fueron nuevamente desactivadas. Sin embargo, se observó un nuevo intento de inicio de sesión con las cuentas anteriormente mencionadas, lo cual fue evitado mediante las medidas que se tomaron.
Indebido uso
—Entre las irregularidades encontradas están el uso indebido de cuentas de usuarios inhabilitados del Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID), actas apócrifas, expedición de actas sin facultades legales, falsificación de documentos oficiales, falta de integración de la documentación requerida y posible daño patrimonial o afectación a terceros.
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